Drones, torres, lectores de matrículas y otras herramientas de vigilancia conforman un «muro fronterizo digital» que amenaza la privacidad y las libertades civiles, según un nuevo informe de tres grupos de defensa de la inmigración.
El informe Deadly Digital Border Wall critica la vigilancia de las fuerzas policiales en la frontera entre Estados Unidos y México, pero las herramientas descritas en el informe podrían ser —y han sido— utilizadas contra todos los residentes estadounidenses a medida que el gobierno aumenta los programas para contrarrestar el extremismo dentro del país.
El informe —publicado por Mijente, Just Futures Law y Rio Grande Valley No Border Wall Coalition— detalla dos herramientas principales que las fuerzas policiales utilizan para rastrear las migraciones: los drones y las torres. Además, el gobierno utiliza una amplia gama de sistemas de vigilancia y bases de datos para rastrear a todas las personas que cruzan las fronteras de Estados Unidos, ya sea de forma ilegal o no.
Según el informe, hay al menos 55 torres de vigilancia a lo largo de la frontera suroeste. Estas estructuras tienen entre 80 y 140 pies de altura y están equipadas con cámaras diurnas y nocturnas y un radar que puede identificar a personas a seis millas de distancia, según el informe.
También hay más de 360 sistemas de videovigilancia a distancia —torres de vigilancia más pequeñas y reubicables— y docenas de sistemas de vigilancia móviles. Cada sistema móvil consiste en un camión con postes telescópicos en la plataforma que se extienden hasta 35 pies de altura, equipados con cámaras térmicas y de video y un iluminador láser, explica el informe.
Mientras tanto, el gobierno está desplegando su más reciente herramienta de vigilancia: una torre autónoma impulsada por inteligencia artificial, que puede ser utilizada sin el control directo de un operador humano, según el informe.
«Las torres reubicables tienen 33 pies de altura y son adecuadas para trabajar en entornos remotos con poco mantenimiento, ya que operan fuera de la red y las 24 horas del día, utilizando paneles solares para la energía», dijo el informe, y agregó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) planea instalar 200 de ellas para el año fiscal 2022.
El creciente número de torres se complementa con una flota de drones a lo largo de la frontera en el suroeste. El informe dice que la CBP tiene más de 135 drones, con planes para adquirir otros 460.
«Casi 600 operadores fueron entrenados para volarlos, y la agencia se propuso duplicar ese número en 2021 con un programa de capacitación en Virginia Occidental», dijo el informe, y agregó: «Desde 2016, la CBP ha expresado su interés en desarrollar drones con capacidades de reconocimiento facial».
Aunque las herramientas mencionadas están aparentemente diseñadas para rastrear los cruces fronterizos ilegales, el informe también detalla numerosas herramientas de vigilancia utilizadas para rastrear a todos los viajeros que cruzan las fronteras de Estados Unidos.
Por ejemplo, el informe plantea la preocupación por el próximo Sistema de Tecnología de Reconocimiento Avanzado de la Nación (HART, por sus siglas en inglés), que el Departamento de Seguridad Nacional está implementando para reemplazar un sistema heredado.
«Alojado en Amazon Web Services, el nuevo sistema agregará, vinculará y comparará imágenes de reconocimiento facial, perfiles de ADN, escaneos de iris, huellas digitales y huellas de voz en perfiles únicos de cientos de millones de personas», decía el informe.
«La base de datos prevista recopilará estos datos personales invasivos de diversas agencias federales como el ICE, la CBP, el FBI y el Departamento de Defensa, así como de las fuerzas de seguridad locales y estatales, y de gobiernos extranjeros como México, los países del Triángulo Norte de América Central y la alianza de los Cinco Ojos».
Otra herramienta de vigilancia que ha sido objeto de escrutinio es el lector automático de matrículas, que rastrea números de matrícula, fechas y horas precisas, imágenes, información de geolocalización y otros datos.
«Estos datos pueden utilizarse para determinar las pautas de viaje de los conductores individuales», dice el informe. «Y lo que es más importante, los datos de las matrículas pueden cotejarse con los del propietario de un coche para seguir sus movimientos, y almacenarse y compartirse entre diferentes organismos policiales».
Además de documentar los métodos y las herramientas que utiliza el gobierno, el informe también hace un seguimiento de los contratistas privados que se han beneficiado del creciente estado de vigilancia.
Según el informe, Motorola Solutions tiene un contrato de 54.6 millones de dólares con la CBP para la tecnología de lectura de matrículas, mientras que el ICE está pagando a Thomson Reuters 22.8 millones de dólares por servicios similares hasta 2026. El contratista militar israelí Elbit Systems, por su parte, tiene un contrato de 239 millones de dólares con la CBP para el desarrollo y mantenimiento de torres de vigilancia, y General Dynamics ha recibido 153 millones de dólares hasta 2023 para ampliar el sistema, según el informe.
El sistema más caro del informe es el sistema de base de datos biométricos HART, con un coste estimado de 4300 millones de dólares. El contratista militar Northrop Grumman ha recibido un contrato de 143 millones de dólares para desarrollar el primer segmento de este sistema, según el informe.
Según el informe, el gobierno y los gigantes de la tecnología están cada vez más entrelazados en lo que respecta a la vigilancia de las fronteras.
«El muro digital se basa en tecnologías de vigilancia de vanguardia y con fines de lucro desarrolladas por contratistas militares, grandes empresas tecnológicas y empresas emergentes de Silicon Valley», señala el informe.
«A medida que las agencias de control fronterizo dependen cada vez más de la tecnología para vigilar, detener y deportar a los inmigrantes, se están firmando contratos multimillonarios para desarrollar herramientas para la región».
Para que la gente no piense que estas herramientas se utilizan únicamente para frenar la inmigración ilegal, el informe explica que poblaciones enteras están siendo arrastradas por la red de vigilancia.
En 2017, por ejemplo, la CBP estacionó una torre en San Diego para vigilar una protesta, según el informe. El año pasado, los drones de la CBP se desplegaron sobre manifestantes de Black Lives Matter en al menos 12 ciudades, agregó el informe.
«Las comunidades fronterizas sienten el impacto de esta vigilancia de forma aguda. Las torres de vigilancia que sobrevuelan sus ciudades no solo vigilan la frontera, sino también sus patios traseros. Los drones que sobrevuelan la zona son un ojo siempre presente en el cielo, que vigila a la gente cuando camina, va en bicicleta o conduce por sus barrios», señala el informe.
Una reciente demanda de la ACLU y Electronic Frontier Foundation respalda las afirmaciones del informe, al menos en lo que respecta a los lectores de matrículas. La demanda revela que un departamento de policía compartió esa información con más de 600 agencias.
«En concreto, la oficina del sheriff comparte y transfiere información del ALPR con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), otras 18 agencias federales y 424 agencias policiales de otros estados», dice la demanda. «Esto incluye agencias de aplicación de la ley situadas en lugares tan lejanos como Enfield, Connecticut; St. Louis, Misuri; Lafayette, Luisiana; y el condado de Newton, Georgia».
El informe advierte que la vigilancia en la frontera es solo una muestra de lo que puede venir para el resto del país.
«La proliferación de puestos de control es un recordatorio constante de que toda la región fronteriza es, a los ojos del DHS, una zona de guerra. Las comunidades fronterizas se han convertido en un objetivo legítimo para la vigilancia y la aplicación de la ley, una muestra de lo que puede esperar al resto del país a medida que estas tecnologías se extiendan por todo el país».
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