Este 8 de agosto salieron a la luz detalles de las prácticas de contratación de siete plantas procesadoras de carne en el centro de Mississippi, cuando se revelaron los documentos judiciales.
Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incautaron simultáneamente los registros comerciales durante una redada a siete fábricas, las cuales resultaron en el arresto de 680 trabajadores sospechosos de estar empleados ilegalmente.
Según los documentos judiciales, seis de las siete plantas contrataban «voluntaria e ilegalmente» a personas que no tenían autoridad legal para trabajar en los Estados Unidos.
Casi todo el personal de dos plantas de procesamiento de pollo eran extranjeros ilegales, según un informante confidencial que trabajó con los agentes de ICE de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
Las dos compañías, P H Foods Inc. y A&B Inc., propiedades de un mismo hombre chino, contrataron a unos 300 inmigrantes ilegales de Guatemala y México, dijo el informante a los agentes.
El informante dijo que la mayoría de los extranjeros ilegales usaban sus nombres reales y números inventados del Seguro Social. Otros usaron documentos falsificados o identidades robadas de ciudadanos estadounidenses, según documentos judiciales.
Un ciudadano guatemalteco entrevistado por agentes de la HSI dijo que había trabajado en A&B Inc. durante aproximadamente seis años y que solo se le pidió que diera su nombre cuando consiguió el trabajo. Dijo que le pagaban USD 900 en cheque cada dos semanas.
Algunos trabajadores llevaban brazaletes de monitoreo electrónico por violaciones de inmigración anteriores.
Otro extranjero ilegal, Daniel Morales Cabrera, dijo a los agentes que había trabajado para P H Food Inc. durante unos cinco años bajo el nombre de Samuel Rivera, usando una tarjeta de identificación falsa de California que compró por USD 150.
Según ICE, las investigaciones en el lugar de trabajo a menudo involucran violaciones atroces por parte de empleadores como tráfico de personas, fraude de documentos, el lavado de dinero o la explotación de los trabajadores, como el uso de amenazas o coerción, y salarios o condiciones de trabajo deficientes.
Mike Hurst, fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Mississippi, dijo que aunque no puede divulgar muchos detalles sobre la investigación en curso, está buscando enjuiciar a cualquiera que haya violado la ley penal federal.
“Para aquellos que se aprovechan de extranjeros ilegales, para aquellos que usan extranjeros ilegales para una ventaja competitiva o para ganar dinero rápido, tenemos algo que decirles: ‘Si descubrimos que han violado la ley penal federal, iremos tras de ti’”, dijo Hurst en una conferencia de prensa el 7 de agosto.
«Un gran caso»
El exjefe de ICE, Tom Homan, dijo que la operación de Mississippi es un «gran caso».
«Esta es una continuación del esfuerzo para responsabilizar a los empleadores ante la ley según lo redactado por el Congreso en 1986. Esta ley ha estado vigente por mucho tiempo», dijo Homan a La Gran Época el 8 de agosto. «Se trata de quitar un imán que atrae mucha inmigración ilegal en este país».
Cuando el Congreso promulgó la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986, otorgó la amnistía a 2,7 millones de inmigrantes ilegales con la condición de que los empleadores tengan el mandato de verificar que los nuevos empleados sean elegibles para trabajar en los Estados Unidos.
La mayoría de los inmigrantes ilegales vienen a los Estados Unidos por razones económicas, según el jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector de Yuma, Anthony Porvaznik.
«En la custodia de la Patrulla Fronteriza en Yuma, realmente tenemos un porcentaje muy pequeño de personas que realmente solicitan asilo o temor creíble bajo nuestra custodia, es menos del 10 por ciento», dijo Porvaznik el 17 de abril.
«Más del 90 por ciento están realmente aquí por razones económicas o para unirse con alguien que ya conocen en los Estados Unidos».
Determinar el empleo ilegal es «la mejor manera» para tratar de controlar la inmigración ilegal, dijo Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas del Centro de Estudios de Inmigración.
«Lo que sabemos del pasado es que cuando se han producido estas grandes operaciones de alto perfil, vemos que un número significativo de personas, que viven aquí ilegalmente, deciden irse a casa por su cuenta en lugar de esperar a ser arrestadas», Vaughan dijo. “Entonces esto es importante en muchos niveles. Es el mejor tipo de beneficio que ICE puede aplicar».
Vaughan dijo que la contratación a gran escala de trabajadores ilegales generalmente significa que los empleadores son cómplices.
“Por lo general, significa que este era su modelo de negocio. Que estaban evadiendo deliberadamente a los trabajadores estadounidenses que estaban disponibles para reducir sus costos y aumentar sus ganancias”, dijo.
«Presumiblemente hay bastantes personas en las zonas rurales de Mississippi que calificarían para estos trabajos y que los necesitan para mantener a sus familias».
Un informe del Centro de Estudios de Inmigración del 8 de agosto encontró que Mississippi tiene la tasa de participación laboral más baja de cualquier estado.
Una feria de trabajo realizada para una planta procesadora de Koch Foods en Morton, Mississippi, que perdió a 243 presuntos trabajadores ilegales el 7 de agosto, atrajo a decenas de lugareños.
Eddie Nicholson Jr. de Louisville estaba entre los solicitantes que fueron el 12 de agosto en una oficina estatal de servicios de empleo en Forest, Mississippi. «Contratan a cualquiera», dijo a The Associated Press.
El joven de 25 años ha trabajado en plantas de pollo antes y estaba considerando regresar, pero quería ver si los salarios habían aumentado. Las plantas en los últimos años generalmente han pagado entre USD 11 y USD 12 por hora, según las estadísticas laborales, pero Nicholson dijo que quiere USD 15 por hora.
«Nuestros estudios han demostrado que después de este tipo de operaciones, normalmente los empleadores, si quieren permanecer en el negocio, tendrán que aumentar los salarios y mejorar las condiciones de trabajo y ofrecer estos trabajos a otros trabajadores locales en el área», dijo Vaughan. «Entonces, esto podría ser una ayuda real para la economía en estas áreas».
Una operación masiva de ICE en diciembre de 2006 que incluyó seis plantas procesadoras de carne operadas por Swift & Co. resultó en cerca de 1300 arrestos de trabajadores inmigrantes ilegales. Las plantas, con sede en Iowa, Minnesota, Nebraska, Texas, Colorado y Utah, tardaron cuatro meses en reanudar la producción total, según Jerry Kammer, investigador principal del Centro de Estudios de Inmigración, en un testimonio ante el Congreso el 18 de noviembre de 2009.
“Para reponer sus puestos vacíos, Swift lanzó una campaña para reclutar ciudadanos estadounidenses, personas con green cards y refugiados. Aumentó los salarios, proporcionó bonos a los nuevos trabajadores y pagó los gastos de reubicación”, dijo Kammer.
En ese caso, varios cientos de trabajadores ilegales fueron acusados de robo de identidad contra ciudadanos estadounidenses mediante el uso de números del Seguro Social adquiridos fraudulentamente, junto con cargos de inmigración. No se presentaron cargos contra funcionarios corporativos.
Inmigrantes ilegales trabajando
No existe un número real de cuántos inmigrantes ilegales se encuentran trabajando en los Estados Unidos, pero una estimación del Centro de Investigación Pew sugiere que 8,1 millones estaban trabajando o buscando trabajo en 2012. Eso es 1 de cada 20 trabajadores estadounidenses, según Jeffrey Passel, demógrafo principal para Pew
«Debido a que los inmigrantes no autorizados tienden a tener menos educación que las personas nacidas en los EE.UU. o los inmigrantes legales, tienen más probabilidades de tener trabajos poco calificados y menos probabilidades de ocupar un puesto altamente calificado», dijo Passel en una audiencia en el Senado el 26 de marzo. 2015.
“Son especialmente propensos a ocupar ciertos trabajos poco calificados en las categorías de construcción y servicio. Por ejemplo, los inmigrantes no autorizados son aproximadamente un tercio de los instaladores de paneles de yeso (34 por ciento) y los trabajadores agrícolas (30 por ciento). Representan aproximadamente una cuarta parte de los techadores (27 por ciento), mucamas (25 por ciento), pintores (24 por ciento), albañiles (22 por ciento) e instaladores de alfombras y pisos (22 por ciento) «.
Los datos obtenidos por la Administración de Seguro Social revelaron 39 millones de casos en los que los nombres y los números del Seguro Social en los formularios W-2 no coincidían con los registros correspondientes del Seguro Social, según un informe del Instituto de Derecho de Reforma de Inmigración (IRLI) publicado el 11 de septiembre. 2018.
El IRLI señala a los inmigrantes ilegales como los principales culpables.
El IRLI dijo que los casos ocurrieron entre 2012 y 2016, después de que el entonces presidente Barack Obama detuviera la práctica de enviar cartas de «no coincidencia» a los empleadores, en los casos en que el nombre y el número no coincidían en los formularios W-2. Obama detuvo las cartas de no coincidencia ocho días después de implementar la amnistía de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia en 2012.
Control en el lugar de trabajo
En 2017, como jefe de ICE, Homan anunció que la agencia tenía como objetivo cuadruplicar su control en el lugar de trabajo y que los trabajadores ilegales deberían ser arrestados durante las operaciones en los centros laborales.
Los extranjeros ilegales que trabajaban estaban en gran medida fuera de los límites durante la era de Obama, cuando las detenciones se desplomaron de más de 1600 personas en el año fiscal 2009 a 106 en el año fiscal 2016.
«El problema con esto es cuando a los agentes de ICE no se les permite siquiera hablar con los trabajadores, mucho menos arrestarlos, les resulta mucho más difícil desarrollar un caso contra los empleadores, porque son los trabajadores quienes saben lo que estaba pasando», Vaughan dijo.
Hay pocos casos de empleadores que son penalizados por contratar trabajadores no autorizados, ya que es más difícil demostrar que lo hicieron a sabiendas; muchos simplemente pueden culparlo de recibir, sin saberlo, documentación falsa.
Los empleadores deben completar un formulario I-9 dentro de los tres días de una nueva contratación y archivarlo. El I-9 requiere que los empleados presenten pruebas de que pueden trabajar legalmente en los Estados Unidos, como un pasaporte estadounidense o una tarjeta de autorización de trabajo. Si el empleado no tiene ninguna de esas cosas, debe presentar un número de Seguro Social o certificado de nacimiento, así como una licencia de conducir o una tarjeta de registro de votante.
Un caso reciente demuestra que los empleadores terminan en el gancho en algunos casos. En julio, el expropietario de una planta empacadora de carne de Tennessee fue sentenciado a 18 meses de prisión y tres años de libertad supervisada. James Brantley se declaró culpable en abril de evasión de impuestos, fraude electrónico y empleo de inmigrantes ilegales.
Y en septiembre de 2017, una empresa con sede en Pensilvania recibió una multa récord de USD 95 millones por contratar y volver a contratar a empleados que los ejecutivos de la compañía sabían que no eran elegibles para trabajar en los Estados Unidos.
La empresa, Asplundh Tree Expert Co., una empresa de poda de árboles y limpieza de matorrales para líneas de electricidad y gas, también es una de las compañías privadas más grandes del país, según ICE.
Los supervisores de la compañía aceptaron a sabiendas documentos ilegítimos, como green cards, tarjetas de Seguro Social y licencias de conducir, como evidencia de status autorizado o empleo en los Estados Unidos, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de Distrito para el Distrito Este de Pennsylvania.
ICE realiza auditorías del formulario I-9 en empresas para ayudar a erradicar la contratación ilegal. Desde el año fiscal 2017 hasta el año fiscal 2018, la agencia aumentó sus auditorías I-9 en un 340 por ciento, según Greg Nevano, director asistente de programas de investigación de la HSI.
Dijo que ICE también aumentó sus arrestos criminales en el lugar de trabajo en un 460 por ciento desde el año fiscal 2017 hasta el año fiscal 2018, mientras que los arrestos administrativos aumentaron en un 757 por ciento.
Un «patrón o práctica» de contratar intencionalmente a extranjeros no autorizados es una violación del Código de los EE.UU. del Título 8, Sección 1324a, y las sanciones máximas incluyen multas de hasta USD 3000 por cada extranjero no autorizado y hasta seis meses de prisión.
Además, los empleadores pueden ser acusados de un delito grave por hacer declaraciones falsas intencionalmente en un formulario I-9. La evasión fiscal y varios otros delitos relacionados con la explotación de los trabajadores también son posibles cargos.
Verificación electrónica, E-Verify
Las prioridades de inmigración del presidente Donald Trump establecidas el 8 de octubre de 2017 respaldaron el uso obligatorio de E-verify, que es un sistema gratuito para que las empresas verifiquen si los empleados potenciales tienen permiso legal para trabajar en los Estados Unidos. Proporciona un enlace automatizado a la base de datos de la Administración de Seguro Social y los registros de inmigración de Seguridad Nacional.
Actualmente el programa es voluntario, pero algunos estados, incluido Mississippi, lo han hecho obligatorio.
Una búsqueda rápida en el sitio web de E-verify muestra que P H Foods Inc. y A&B Inc. no están registrados; sin embargo, las otras tres compañías incluidas en la reciente operación de ICE están suscritas: Koch Foods, Pearl River Foods y Peco Foods.
La Casa Blanca expresó que contratar trabajadores legales es una prioridad para la administración en su orden ejecutiva de abril de 2017 «Buy American and Hire American». («Compra Estadounidense y Contrata Estadounidense»)
«Para crear salarios más altos y tasas de empleo para los trabajadores en los Estados Unidos, y para proteger sus intereses económicos, será la política del poder ejecutivo hacer cumplir y administrar rigurosamente las leyes que rigen la entrada a los Estados Unidos de los trabajadores desde el extranjero», Dice la orden ejecutiva.
El propio Trump ha sido acusado de tener trabajadores ilegales en sus propiedades, incluidas amas de casa, trabajadores de mantenimiento y paisajistas.
Un artículo del New York Times en diciembre de 2018 presentó a la ama de llaves inmigrante ilegal, Victorina Morales, quien dijo que cruzó la frontera en 1999 y usó tarjetas falsas del Seguro Social y de residencia permanente para obtener trabajo.
Trabajadores ilegales en Mississippi
El director interino de ICE, Matthew Albence, dijo que cada uno de los 680 casos de personas en Mississippi se manejarán individualmente, según sus circunstancias.
«Algunas de esas personas, estamos buscando procesarlos penalmente. Algunas de estas personas están aquí ilegalmente, ya han pasado por el proceso del tribunal de inmigración, un juez de inmigración les ordenó que las deporten y no cumplieron con esa orden de expulsión. A esos individuos, buscaremos deportarlos rápidamente», dijo Albence en una conferencia de prensa el 7 de agosto.
«Sobre los otros individuos, que aún no han pasado por el proceso de inmigración… los procesaremos, los colocaremos frente a un juez de inmigración, donde harán su caso sobre si tienen o no el derecho legal de permanecer en el país. El juez finalmente tomará la decisión de si estas personas pueden o no quedarse».
Homan criticó la retórica de los medios y los políticos tras los arrestos de los trabajadores ilegales, especialmente en relación con los videos de niños llorando, cuyos padres habían sido arrestados.
«Todo el mundo quiere ver este tema sobre política y sobre raza, y es simplemente ridículo. Estas leyes han estado en los libros durante años”, dijo Homan.
“La aplicación de la ley de inmigración siempre ha sido controvertida. Siempre ha sido emocional. Porque estás hablando de arrestar a personas que vienen al país por una vida mejor. Lo entiendo. Sin embargo, tenemos que hacer cumplir la ley».
Homan dijo que los políticos que se quejaron pueden cambiar la ley si no están de acuerdo con ella.
«Tú eres el legislador. ICE es el poder ejecutivo, solo está cumpliendo las leyes promulgadas por el Congreso», dijo.
“Si el mensaje que queremos enviar al resto del mundo es: ‘Puedes venir aquí y violar nuestras leyes, hacer lo que quieras, porque si tienes un hijo, nunca te vamos a arrestar porque no queremos una escena triste’. Si ese es el mensaje que vamos a enviar al resto del mundo, nunca resolverás tu crisis fronteriza; nunca vas a resolver la inmigración ilegal».
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