BRACKETTVILLE, Texas–En respuesta a una gran cantidad de casos de COVID-19 entre inmigrantes ilegales y los escasos recursos médicos, el liderazgo del condado de Kinney declaró un estado local de desastre el 13 de septiembre.
La declaración prohíbe a los “extranjeros que no están legalmente presentes en los Estados Unidos” viajar a través del condado de Kinney a menos que presenten una prueba negativa de COVID-19 realizadas dentro de las 72 horas anteriores.
La declaración ordena a todos los agentes del orden público del condado–bajo una causa probable–que detengan e inspeccionen cualquier «vehículo, autobús o camioneta» que se cree que transporta a extranjeros ilegales. La norma exime a los vehículos policiales locales, estatales y federales que transportan detenidos extranjeros ilegales.
Si un presunto pasajero extranjero ilegal no puede presentar una evidencia de una prueba negativa, se le indicará al conductor que “regrese inmediatamente a su punto de origen fuera del condado de Kinney”, dice la declaración. Y las autoridades federales de inmigración serán contactadas para determinar el estado migratorio.
Se espera que el requisito afecte principalmente el transporte de inmigrantes ilegales en los servicios de autobuses públicos, como Greyhound, y las camionetas de transporte de organizaciones no gubernamentales que se dirigen desde la ciudad fronteriza de Del Río a San Antonio.
El condado de Kinney se utiliza como la vía principal fuera de Del Rio, que se ha convertido en el segundo punto de acceso más transitado del país para los cruces fronterizos ilegales.
La Patrulla Fronteriza en el sector de Del Rio actualmente detiene a más de 1000 extranjeros ilegales por día en promedio, según estadísticas recientes. La mayoría de los inmigrantes ilegales cruzan el río arriba del Río Grande desde el puerto de entrada de Del Rio, y la Patrulla Fronteriza los guía bajo el puente internacional, que ahora sirve como área de espera temporal.
Desde enero, la Patrulla Fronteriza ha detenido a más de 1.2 millones de inmigrantes ilegales a lo largo de la frontera sur.
En diciembre de 2020, cuando el programa Permanecer en México todavía estaba en vigor (colocar a los solicitantes de asilo en México hasta que se resolviera su caso), solo 17 inmigrantes ilegales fueron liberados dentro de los Estados Unidos por motivos humanitarios tras cruzar la frontera. Para el mes de julio, ese número se situó en 58,976, según las estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza.
Los condados a lo largo de la frontera han descubierto tasas de positividad de COVID-19 de hasta el 40 por ciento en inmigrantes ilegales, generando preocupaciones sobre sus viajes por todo Estados Unidos sin hacer cuarentena.
La ciudad de Laredo, Texas, demandó al gobierno federal recientemente para bloquear el transporte y la liberación de inmigrantes ilegales a la ciudad luego de que las ONG locales se vieron abrumadas por el volumen de inmigrantes ilegales sin haberse realizado pruebas. Posteriormente, la ciudad retiró la demanda luego de llegar a un acuerdo con las autoridades federales.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, tuvo un intercambio de opiniones con el fiscal general Merrick Garland luego de emitir una orden ejecutiva que restringía el transporte de extranjeros ilegales en Texas debido a la COVID-19. La orden de Abbott fue bloqueada por un juez federal.
Kris Kobach, consejero general de Alliance for Free Citizens, dijo que la declaración del condado de Kinney es más limitada que la de Abbott y es poco probable que se confirme una impugnación legal.
El condado está «sobre bases legales sólidas» y tiene la autoridad para «proteger la salud de sus residentes», dijo Kobach a The Epoch Times.
«Creo que sería difícil ganar una demanda contra la declaración del condado de Kinney», dijo.
Kobach, quien representa a varios condados de Texas que demandan a la administración Biden por las políticas de deportación, dijo que incluso si la Patrulla Fronteriza libera a un extranjero con un aviso para comparecer o un aviso para informar, eso no hace que el extranjero esté legalmente presente en los Estados Unidos si cruzaron la frontera ilegalmente.
La declaración del condado de Kinney entra en vigencia de inmediato y vencerá el 7 de noviembre. El anuncio fue firmado por el juez del condado y los cuatro comisionados del condado.
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