Illinois adoptó la orden de vacunación de la administración Biden para empleadores privados, de acuerdo con las nuevas reglas anunciadas el 7 de enero por las autoridades estatales, el mismo día que la Corte Suprema escuchó los argumentos que impugnan el mandato federal.
El Departamento de Trabajo de Illinois (DOL, por sus siglas en inglés) dijo en un anuncio que había presentado reglas que adoptan el Estándar Temporal de Emergencia COVID-19 de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) federal, que impone un requisito de vacunación con una opción de prueba en empresas privadas que emplean 100 o más personas.
COVID-19 es la enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino), también conocido como SARS-CoV-2.
La regla de OSHA se aplica a unos 84 millones de trabajadores de EE.UU. a quienes se les exigiría estar completamente vacunados contra COVID-19 o usar mascarillas y hacerse la prueba para COVID semanalmente.
El Departamento de Trabajo de Illinois dijo que las normas son efectivas de inmediato, pero da a los empleadores en la jurisdicción hasta el 24 de enero para empezar a cumplirlas, con un plazo de aplicación hasta el 24 de febrero para que inicien una política de vacunación o pruebas en el lugar de trabajo.
OSHA anunció anteriormente un período de gracia de seis días más allá de la fecha límite del 4 de enero para cumplir con el mandato a los empleadores privados, y dijo que no emitiría citaciones para dar a los empleadores más tiempo para adaptarse. Ese anuncio se produjo después de que la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Distrito 6 en Cincinnati dictaminara que el mandato a los empleadores privados podía proceder, revirtiendo una decisión judicial anterior que bloqueó la medida ante los desafíos legales de 27 estados liderados por republicanos, grupos conservadores, empresas, asociaciones y algunas empresas individuales.
Mientras tanto, el 7 de enero, la Corte Suprema escuchó argumentos orales relacionados con los desafíos legales a la legalidad de la orden de vacunación a los empleadores privados y a un requisito de vacunación separado para los trabajadores en centros de atención médica financiados con fondos federales.
Con respecto al caso de la regla de OSHA, la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB) contra el Departamento de Trabajo, el abogado de la NFIB, Scott A. Keller, argumentó que el “mandato único que cubre a 84 millones de estadounidenses no es una medida necesaria e indispensable del extraordinario poder de emergencia de la OSHA», y añadió que el requisito llevaría a algunos trabajadores a renunciar, exacerbando la escasez de mano de obra.
Varias compañías han confirmado que miles de estadounidenses renunciaron o fueron despedidos por las órdenes de vacunación. Una encuesta de octubre de Kaiser Family Foundation mostró que el cinco por ciento de los trabajadores no vacunados, o alrededor del 1 por ciento de todos los adultos, han dejado sus trabajos debido a los requisitos de vacunación.
El argumento de que el mandato de OSHA dañaría la economía fue presentado anteriormente por una coalición de casi 100 grupos empresariales, incluidas las partes interesadas clave vinculadas a la cadena de suministro, en una carta abierta a la administración Biden que pedía flexibilidad en la aplicación de la regla.
La coalición, que representa los sectores del servicio de alimentos, el transporte por carretera y el bodegaje, instó a la administración Biden a eximir a los trabajadores esenciales del transporte y a la cadena de suministro del mandato para empleadores privados.
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