El intento de asesinato del presidente electo Donald Trump en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, fue posible gracias a «condiciones preexistentes y fallos de liderazgo» en el Servicio Secreto de Estados Unidos, según ha descubierto un grupo de trabajo de la Cámara de Representantes.
El grupo se encargó de investigar el tiroteo del 13 de julio y un segundo intento de asesinato contra Trump que tuvo lugar el 15 de septiembre en su club de golf de West Palm Beach, en Florida.
Aunque el grupo de trabajo dijo que recibió suficiente información para concluir que el primer incidente era «prevenible», los legisladores señalaron en su informe final que varias agencias federales de aplicación de la ley, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto no presentaron los documentos solicitados pertinentes para su investigación.
El Departamento de Justicia, el FBI y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) «proporcionaron una cooperación limitada en ciertas áreas de la investigación del Grupo de Trabajo», señala el informe, que el panel hizo público el 10 de diciembre.
Los legisladores señalaron que el FBI nunca les facilitó un registro exhaustivo de las pruebas ni puso a disposición de los testigos críticos para que prestaran declaración sobre el tiroteo de julio. La oficina también se negó a responder a las repetidas peticiones de análisis digitales de los dispositivos del tirador fallecido.
La ATF, por su parte, no ayudó en la investigación, dijeron los legisladores, aparte de poner a dos empleados citados a declarar en el último minuto.
«La ATF también rechazó repetidas solicitudes de entrega de documentos y solo después de que se emitieron citaciones previamente señaladas, puso a disposición del Grupo de Trabajo un producto de solo 40 páginas», señala el informe. «Esto representaba solo una pequeña fracción de la información buscada por el Grupo de Trabajo».
Otras peticiones pendientes incluyen documentos y comunicaciones relativas a la identificación del tirador por parte del FBI y la limpieza de la escena del crimen, y toda la inteligencia relativa a las amenazas a las que se enfrentaba Trump en torno a las fechas en las que fue atacado, entre otras.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia, que alberga tanto al FBI como a la ATF, para solicitar comentarios.
Vulnerabilidades críticas
En cuanto al incidente del 15 de septiembre, el grupo de expertos concluyó que la seguridad del campo de golf se vio afectada por «vulnerabilidades críticas» que eran conocidas tanto por el Servicio Secreto como por los fotógrafos de los medios de comunicación. Según el informe, el Servicio Secreto había identificado previamente el lugar del perímetro del campo donde supuestamente se situó el sospechoso Ryan Wesley Routh como «una posición favorable para posibles francotiradores».
No obstante, el grupo de trabajo llegó a la conclusión de que los hechos ocurridos ese día demostraban «cómo unas medidas de protección correctamente ejecutadas pueden frustrar un intento de asesinato».
Un agente del Servicio Secreto que barría el campo vio el cañón de un rifle asomando entre el follaje y disparó en esa dirección, haciendo huir al sospechoso.
«La rápida respuesta del agente especial y su decisión de disparar su arma en la dirección de la amenaza impidieron que se produjera una situación potencialmente letal u otra situación de peligro», determinó el grupo de trabajo.
El informe de 180 páginas también incluía conclusiones detalladas en el informe provisional del grupo publicado a finales de octubre, que concluía que el tiroteo del 13 de julio era «evitable». Los legisladores determinaron que el incidente se debió a varios fallos clave del Servicio Secreto, como el hecho de que los agentes no aseguraran el edificio en el que más tarde se situó el tirador.
En su informe final, los legisladores formularon una serie de recomendaciones para evitar que se repitieran tales fallos. Entre esas sugerencias figuraban la implantación de la contravigilancia en todos los eventos al aire libre, el intercambio de información sobre amenazas con las autoridades competentes, la revisión de los protocolos de la agencia para el barrido de campos de golf y la reducción del número de agentes de protección del Servicio Secreto, entre otras.
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