Los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos han reanudado la evaluación del riesgo para la seguridad nacional de la posible divulgación de los documentos que el expresidente Donald Trump guardaba en su casa de Florida, según ha confirmado un portavoz de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés) a The Epoch Times.
«En consulta con el Departamento de Justicia, la ODNI está reanudando la revisión de la clasificación de los materiales pertinentes y la evaluación del riesgo potencial para la seguridad nacional que resultaría de la divulgación de los documentos pertinentes», dijo el portavoz por correo electrónico.
La ODNI declinó decir por qué la evaluación del riesgo se había pausado.
Las autoridades estadounidenses se han enfrentado a Trump en los tribunales después de que los agentes del FBI hicieran una redada en su finca de Mar-a-Lago, en Florida, en agosto, e incautaran de más de 12,000 registros, entre ellos unos 100 marcados como clasificados.
Trump pidió que se insertara un perito especial en el caso y una orden que detuviera la capacidad de los funcionarios estadounidenses para analizar los registros; la jueza de distrito de Estados Unidos Aileen Cannon, nominada por Trump, concedió ambas solicitudes
«El tribunal autoriza el nombramiento de un perito especial para revisar los bienes incautados en busca de artículos y documentos personales y material potencialmente privilegiado sujeto a reclamaciones de privilegio abogado-cliente y/o ejecutivo. Además, en conjunción natural con ese nombramiento, y en consonancia con el valor y la secuencia de los procedimientos de los peritos especiales, el tribunal también prohíbe temporalmente al gobierno la revisión y el uso de los materiales incautados con fines de investigación hasta la finalización de la revisión del perito especial o una nueva orden del tribunal», escribió en una orden el 5 de septiembre.
Pero también dejó claro que su orden no se aplicaba a la evaluación de riesgos, que la ODNI anunció en agosto.
«Esta orden no impedirá la revisión de la clasificación y/o la evaluación de inteligencia por parte de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional», dijo Cannon.
Los abogados del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) argumentaron tras el fallo que la orden, tal y como estaba estructurada, sí afectaba a la evaluación de riesgos, alegando que el proceso «no puede separarse fácilmente» de las actividades del DOJ y el FBI en relación con su investigación criminal en curso sobre Trump.
Los abogados agregaron que «la incertidumbre respecto a los límites de la orden de la Corte y sus implicaciones para las actividades del FBI ha hecho que la Comunidad de Inteligencia, en consulta con el DOJ, haga una pausa temporal en este trabajo críticamente importante».
El DOJ ganó una suspensión parcial de la orden de Cannon el 21 de septiembre del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el 11º Circuito, que encontró que Cannon «probablemente se equivocó» tanto al bloquear el acceso de los funcionarios estadounidenses a los registros marcados como clasificados para los fines de la investigación de Trump como al permitir que el perito especial, el juez de distrito de Estados Unidos Raymond Dearie, nominado por Reagan, revisara los mismos registros.
Ese fallo permitió al gobierno reanudar el uso de los registros para la investigación y dio lugar a una nueva orden de Cannon, que dijo que Dearie no puede revisar los registros en cuestión.
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