Un juez federal en Nueva York impidió el miércoles que la administración Trump haga cumplir su regla de inmigración de «carga pública» hasta que termine la emergencia nacional relacionada con la pandemia.
El juez George Daniels, del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, otorgó una orden judicial preliminar que impide que el gobierno federal implemente su norma durante el periodo de la emergencia de salud pública nacional, la cual fue declarada en respuesta a la pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
La regla de carga pública, que se emitió en 2019, proporciona una aclaración sobre los factores que se considerarían al determinar si es probable que alguien en algún momento futuro se convierta en una carga pública. Una carga pública se refiere a una persona que probablemente dependerá principalmente del gobierno para su subsistencia a través de asistencia como cupones de alimentos o Medicaid.
Una persona será considerada como una carga pública si recibe al menos un beneficio gubernamental por más de 12 meses en total en un período de tres años.
La regla fue sometida a una batalla legal de meses que llegó a la Corte Suprema a principios de año. La intervención de la corte superior se produjo luego de que el 2° Circuito se negara a dejar de lado las órdenes judiciales emitidas por un Tribunal de Distrito de Nueva York, lo cual llevó a la administración Trump a presentar una solicitud de emergencia (pdf) en la corte superior en enero para levantar esos bloqueos.
La Corte Suprema resolvió levantar los mandatos, junto con un mandato separado de Illinois, permitiendo que la regla entre en vigencia en febrero.
Luego de un intento fallido de lograr que la Corte Suprema detuviera o modificara temporalmente su orden durante la pandemia, tres estados, Nueva York, Connecticut y Vermont, y la ciudad de Nueva York, así como varios grupos de inmigración continuaron luchando para bloquear la regla en el tribunal de distrito.
Ellos argumentan que fue necesario detener temporalmente la regla durante la pandemia porque afirman que desalienta a los inmigrantes y sus familias a acceder a la atención médica y los beneficios públicos necesarios para prevenir la propagación de COVID-19, la enfermedad causada por el virus, o mitigar los efectos económicos del virus.
«La pandemia ha alterado drásticamente la naturaleza y magnitud de los daños irreparables que enfrentan los Demandantes, sus residentes y la nación debido a la Regla y ha inclinado el equilibrio de las acciones decisivamente a favor de otorgar medidas cautelares mientras continúa la emergencia COVID-19”, argumentaron los estados y grupos en su demanda (pdf).
En su denuncia, los demandantes argumentaron que la pandemia global actual había alterado significativamente la sociedad estadounidense desde dos decisiones de la Corte Suprema. El virus del PCCh había llevado al país a una «crisis sin precedentes» y «había cobrado un precio enorme en la nación», dijeron.
Daniels estuvo de acuerdo con los demandantes diciendo que habían proporcionado «amplia evidencia» de que la regla disuade a los inmigrantes de buscar pruebas y tratamiento para el virus, lo que a su vez dificultaría los esfuerzos para mitigar la propagación del virus.
“Cualquier política que disuade a los residentes de buscar pruebas y tratamiento para COVID-19 aumenta el riesgo de infección para dichos residentes y el público. Sin embargo, la acción adversa del gobierno dirigida hacia los inmigrantes es particularmente peligrosa durante una pandemia”, escribió (pdf).
El juez también dijo que el intento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para abordar los posibles daños de la regla fue «insuficiente».
El DHS publicó una alerta en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS) el 13 de marzo, que indicaba que la agencia no consideraría las pruebas, el tratamiento y la atención preventiva relacionada con COVID-19 al determinar si una persona es una carga pública en para abordar las preocupaciones de que los inmigrantes temen a las consecuencias de la carga pública.
La alerta también indicó que el USCIS necesitaría considerar la recepción de ciertos beneficios públicos en efectivo y no monetarios, incluidos los relacionados con la prueba o el tratamiento de COVID-19 como parte de una determinación de carga pública para inmigrantes y no inmigrantes que buscan una extensión de estadía o cambio de estado
“Cualquier apariencia de un efecto mitigante que tenga la alerta sobre los daños tangibles causados por la aplicación general de la regla puede ser eliminada en cualquier momento. La incertidumbre que rodea el alcance de la excepción del tratamiento de coronavirus de la alerta agrega aún más confusión y caos”, escribió el juez.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, calificó el fallo como «una gran victoria para proteger la salud de nuestras comunidades en Nueva York y en toda la nación», en un comunicado en Twitter el miércoles.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
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