El 9 de febrero, la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Aileen Cannon, suspendió una orden que podría llevar a revelar las identidades de 2 docenas de testigos potenciales en el caso de documentos clasificados del expresidente Donald Trump, en respuesta a una solicitud de los fiscales hecha el 8 de febrero.
Los abogados defensores del presidente Trump buscaban presentar un expediente judicial público el 9 de febrero para revelar las identidades de los testigos. La juez le pidió a la defensa que le informara al tribunal, antes de las 3 p.m., cómo la pausa solicitada por la fiscalía los afectaría.
A la defensa también se le ha dado un plazo hasta el 23 de febrero para presentar una respuesta a la petición del fiscal de que la juez reconsidere su orden, un día después de la fecha límite para presentar mociones previas al juicio. La defensa ha dicho que planea presentar múltiples mociones para desestimar el caso antes de la fecha límite.
Reconsideración
El abogado especial Jack Smith está procesando el caso contra el presidente Trump, acusado de 40 cargos relacionados con el presunto manejo indebido de documentos clasificados. Smith también está procesando un segundo caso contra el presidente Trump en Washington, D.C., acusándolo de obstrucción y conspiración por sus acciones del 6 de enero.
Los fiscales dicen que su principal preocupación es que las personas relacionadas con los procesos contra el presidente Trump reciban acoso y amenazas, señalando varios otros casos en curso. Por ello, han pedido que se suspenda la orden de desclasificación y que se reconsidere mientras tanto.
La orden del juez habría permitido la divulgación de algunos nombres y habría ocultado información personal como direcciones particulares, pero los fiscales argumentan que los nombres tampoco deberían revelarse.
«Ese material de descubrimiento, si se publica en forma no tachada como lo ordenó la corte, revelaría las identidades de numerosos testigos potenciales, junto con la esencia de las declaraciones que hicieron al FBI o al gran jurado», dice la moción de reconsideración. “exponiéndolos a riesgos significativos e inmediatos de amenazas, intimidación y acoso, como ya les ha sucedido a testigos, agentes del orden, funcionarios judiciales y empleados del Departamento de Justicia cuyas identidades han sido reveladas en casos en los que el acusado Trump está involucrado”.
“Las Órdenes del Tribunal exigen la identificación pública de más de dos docenas de personas que participaron en la investigación. Es posible que algunos nunca testifiquen en el juicio y, por lo tanto, podrían conservar su anonimato y privacidad sin las órdenes de la corte”, se lee en la moción.
La juez había determinado previamente que el abogado especial no cumplía con la carga de explicar por qué era necesario mantener esta información sellada, recordando a las partes que el público y la prensa tienen un fuerte interés de la Primera Enmienda en los procesos penales por parte del gobierno.
«Esta conclusión fue errónea en dos aspectos y debería reconsiderarse», se lee en la moción.
En junio pasado, la juez había dictado una orden de protección sobre información no clasificada porque contenía información de identificación personal y estaba relacionada con otras investigaciones en curso.
Los fiscales argumentan que la identidad de los testigos, las peticiones de presentación de pruebas y la propia presentación de pruebas no son documentos públicos. Además, los acusados no tienen derecho a la lista de testigos del gobierno antes del juicio, argumentaron, y fue solo la orden de protección lo que les permitió a los fiscales tachar los documentos que se presentaron en el descubrimiento.
«La Primera Enmienda no exige la divulgación de las identidades de estos testigos, particularmente cuando, como aquí, sus identidades no tienen relación con la resolución de la moción de requerimiento», argumentaron.
Señalan que la propia jueza Cannon había amonestado previamente a las partes y les había recordado que mantuvieran en el anonimato las identidades de los testigos. El recordatorio se dio en una audiencia anterior.
«Desde ese momento hasta ahora, no se han mencionado nombres de testigos en el expediente público», se lee en la moción.
Los fiscales argumentan que exigirles que dejen las identidades sin editar les impediría compartir esos materiales a través del descubrimiento.
Acoso
Los fiscales dicen que el riesgo de acoso está “lejos de ser especulativo”, citando algunos ejemplos.
El juez Bruce Reinhart, que aprobó la orden de registro a Mar-a-Lago, ha “estado sujeto a numerosas amenazas como resultado directo de su participación en este caso” y ha señalado que los agentes del FBI en la investigación fueron acosados después de que se desvelara una copia no tachada de la orden de registro.
La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Tanya Chutkan, que supervisa otro caso penal federal contra el presidente Trump, recibió una “amenaza de muerte racista”, agregaron los fiscales, y el Sr. Smith también recibió amenazas y acoso.
Los fiscales no entran en detalles sobre el acoso a la jueza, solo citan una declaración jurada presentada en un juicio por fraude civil en Nueva York contra el presidente Trump, donde un funcionario de riesgos judiciales dijo que había cientos de llamadas telefónicas y mensajes amenazantes dirigidos a la juez que presidía y a su asistente legal principal.
La declaración jurada se consideró para confirmar una orden de silencio impuesta al presidente Trump, y se utilizaron argumentos de acoso similares para presentar una orden de silencio separada contra el presidente Trump en el caso de las elecciones federales.
«La conclusión de la corte que dice que las preocupaciones del Gobierno sobre la seguridad de los testigos son demasiado especulativas o generalizadas está fuera de lugar», argumentaron los fiscales.
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