Un juez federal bloqueó la norma de la administración Trump que exige a los solicitantes de asilo que primero busquen protección en los países por los que han pasado de camino a la frontera entre Estados Unidos y México.
La directiva, conocida como «norma de tránsito de terceros países«, tiene como objetivo reducir el número de solicitudes de asilo sin mérito que pusieron una enorme carga en el sistema de inmigración de Estados Unidos. Esta norma funciona bajo la premisa de que los solicitantes de asilo que huyen de sus países de origen por temor a ser perseguidos o torturados por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política deben buscar primero protección en el primer país seguro al que lleguen.
El juez de Distrito de Estados Unidos, Timothy Kelly, dictaminó en Washington en la tarde del martes que la administración Trump no había seguido la ley federal conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) cuando se emitió la norma en julio de 2019. Kelly dijo que la regla fue «ilegalmente promulgada» porque el gobierno federal no cumplió con los procedimientos de comentarios y notificación requeridos por la APA, y no había proporcionado una justificación suficiente para no cumplir con esos procedimientos.
El Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Nacional, quienes publicaron conjuntamente la directiva, argumentaron que el procedimiento de comentarios y notificación habría sido imposible de aplicar y podría hacer que los contrabandistas comunicaran los efectos inminentes de la norma a los posibles solicitantes de asilo, con lo que se crearía el riesgo de una oleada de solicitantes de asilo en la frontera sur. Los departamentos también sostienen que la norma tiene una función de asuntos exteriores y está relacionada con las negociaciones internacionales en curso.
«Los departamentos se basan en un solo artículo de periódico que ni siquiera aborda directamente el juicio predictivo clave en cuestión: la probabilidad de que se produzca una oleada de solicitantes de asilo tan grande y tan rápida que ponga en peligro la vida humana o frustre el propósito de la norma si se siguen los procedimientos de comentarios y notificación», escribió Kelly dirigiéndose al razonamiento de los departamentos de que el procedimiento de comentarios y notificación daría lugar a una oleada de solicitantes de asilo (pdf).
El juez también señaló que no abordó las denuncias relacionadas con la validez de la norma presentadas por los demandantes, varios solicitantes de asilo y organizaciones de servicios para inmigrantes.
El fallo del martes representa un revés para la administración de Trump y el presidente Donald Trump, que ha tomado una línea dura contra la inmigración ilegal en la frontera sur. El fallo también se produce tras una decisión de la Corte Suprema del 18 de junio que tenía como objetivo poner fin a un programa de la era de Obama que proporcionaba protecciones legales y autorizaciones de trabajo a los inmigrantes ilegales que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños, conocido como el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA.
Estados Unidos se ha enfrentado a una afluencia de solicitudes de asilo en los últimos años, a medida que los grupos de tráfico ilegal y los migrantes económicos se han aprovechado de las lagunas legales y de un sistema tenso.
La administración dice que el número de casos remitidos al Departamento de Justicia para su tramitación ante un juez de inmigración se había más que triplicado entre 2013 y 2018, pero solo a una pequeña minoría de estas personas se les concede finalmente el asilo.
El Departamento dijo que la norma de tránsito de terceros países busca frenar la afluencia de solicitantes de asilo mediante «una identificación más eficiente de los extranjeros que están usando indebidamente el sistema de asilo para ingresar y permanecer en Estados Unidos en lugar de buscar legítimamente protección urgente contra la persecución o la tortura». La norma tiene como objetivo disuadir a los extranjeros cuyas reclamaciones carecen de fundamento y permitir a Estados Unidos priorizar las solicitudes de quienes no tienen otras opciones o han experimentado formas extremas de trata de personas. También contiene tres excepciones limitadas, incluyendo a las personas que puedan demostrar que son «víctimas de una forma grave de trata de personas».
Mientras tanto, los expertos dicen que la norma era «largamente esperada» y podría fortalecer el sistema de asilo de Estados Unidos.
«No podemos dejar que las personas que constituyen la mayoría de los solicitantes de asilo, que no están calificados, derriben el sistema e impidan que los solicitantes de asilo verdaderamente calificados accedan a la protección», dijo Jessica Vaughan, directora de estudios políticos del Centro de Estudios de Inmigración, a The Epoch Times el año pasado cuando se promulgó la norma.
La regla había enfrentado una serie de desafíos judiciales poco después de que fue emitida. El año pasado, la Corte Suprema levantó una orden judicial a nivel nacional que bloqueaba la aplicación de la norma de tránsito de terceros países, la cual fue otorgada por un juez de la corte de distrito en un caso separado.
Claudia Cubas, directora de litigios de la Coalición CAIR, uno de los grupos que demandaron a la norma, acogió con satisfacción la decisión.
«Al anular esta regla, el juez Kelly reafirmó dos principios fundamentales. La protección de los solicitantes de asilo que huyen por seguridad está entrelazada con nuestros valores nacionales y que Estados Unidos es un país donde el estado de derecho no puede ser dejado de lado por caprichos políticos. Para muchos de los solicitantes de asilo individuales con los que luchamos, este fallo elimina una barrera injusta para la seguridad», dijo Cubas, en un comunicado.
El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
Charlotte Cuthbertson contribuyó a este informe.
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