Tanto el Dr. Anthony Fauci, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, y otros altos funcionarios del gobierno de Joe Biden que se resistían en dar a conocer las comunicaciones que entablaron con las grandes empresas de tecnología tendrán que entregar los registros, dictaminó un juez federal el 6 de septiembre.
El juez de distrito estadounidense, Terry Doughty, designado por Trump, ordenó al gobierno que presente los documentos rápidamente después de que los fiscales generales de Luisiana y Missouri les demandaron por una supuesta colusión con las grandes compañías de tecnología como Facebook. La primera parte de los documentos, publicados el 31 de agosto, reveló que más de 50 funcionarios gubernamentales de una docena de agencias estaban involucrados en la presión a las empresas de redes sociales para que censuren a los usuarios.
Pero algunos de los funcionarios se negaron a dar respuestas o contestar todas las preguntas planteadas por los demandantes. Entre ellos Anthony Fauci, quien se desempeña como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y es el principal asesor médico del presidente Joe Biden.
El gobierno alegó que no se debería exigir a Fauci que responda todas las preguntas o proporcione registros en su calidad de director del NIAID o en su calidad de asesor médico principal de Biden. También intentó retener los registros y respuestas de Jean-Pierre.
En el nuevo fallo del martes, que rompió el estancamiento del caso, el juez Doughty dijo que tanto Fauci como Jean-Pierre debían cumplir con los interrogatorios y las solicitudes de registro.
“Primero, la información solicitada obviamente es muy relevante para los reclamos de los Demandantes. Las comunicaciones del Dr. Fauci serían relevantes para las alegaciones de los Demandantes en referencia a la supuesta supresión del discurso relacionado con la teoría de la fuga de laboratorio del origen de COVID-19, y a la supuesta supresión de expresiones sobre la eficiencia de las mascarillas y los cierres de COVID-19. Las comunicaciones de Jean-Pierre como secretaria de prensa de la Casa Blanca podrían ser relevantes para todos los ejemplos de los Demandantes”, dijo Doughty, refiriéndose a ejemplos como la supresión de la historia de la computadora portátil de Hunter Biden antes de las elecciones presidenciales de 2020 y la censura a las afirmaciones de que COVID-19 se originó en un laboratorio chino.
El juez Doughty ordenó a Fauci y Jean-Pierre que cumplieran con la orden en un plazo de 21 días.
Fauci, además, debe proporcionar respuestas completas a las preguntas sobre su papel como director del NIAID.
“Nosotros sabemos por la ronda anterior de evidencias que los esfuerzos para censurar el discurso de quienes no están de acuerdo con el gobierno sobre la política de Covid vinieron desde arriba. Los estadounidenses merecen saber la participación de Anthony Fauci en esta iniciativa, especialmente porque exigió públicamente que individuos específicos, incluidos dos de nuestros clientes, Jay Bhattacharya y Martin Kulldorff sean censurados en las redes sociales”, dijo a través de una declaración Jenin Younes, abogada litigante de New Civil Liberties Alliance y abogada de algunos de los demandantes.
“Es hora de que el Dr. Fauci responda por su flagrante desprecio a los derechos constitucionales y las libertades civiles de los estadounidenses”, agregó Younes.
HHS
En la contienda legal, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la agencia matriz de NIAID, también trató de evitar dar respuestas o proporcionar documentos, a pesar de que lo descubierto con las grandes compañías de tecnología reveló que funcionarios clave del HHS participaron en lo que los demandantes describieron como una “empresa de censura”.
Tanto el HHS como el Departamento de Seguridad Nacional se opusieron a los intentos de que las agencias buscaran ampliamente los registros relevantes, describiendo los intentos como «indebidamente onerosos y desproporcionados para las necesidades del caso». El HHS identificó al NIAID, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Oficina del director general de Salud como tres subagencias que probablemente tendrían los registros solicitados.
Los demandantes dijeron que en realidad el HHS se estaba eximiendo del proceso de los documentos que se deben revelar.
El juez Doughty estuvo de acuerdo con el HHS en que realizar una búsqueda de registros relevantes entre los 80,000 empleados del HHS sería demasiado oneroso, pero dijo que los empleados del HHS identificados en los documentos de Meta, la empresa matriz de Facebook, que se involucraron con la empresa deben responder a las solicitudes de evidencias.
El juez emitió órdenes a los funcionarios del HHS, incluido el subdirector digital del HHS, para que proporcionen las respuestas dentro de 21 días.
Demanda modificada
Los funcionarios del gobierno identificaron a 45 funcionarios de cinco agencias como funcionarios que se comunicaban con las empresas de redes sociales sobre la desinformación y censura. Pero los correos electrónicos y otros documentos proporcionados por Meta, Twitter y Google muestran a otros funcionarios más, incluyendo a otras agencias y a la Casa Blanca, como envueltos en la iniciativa
Además, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, reveló recientemente que el FBI se acercó a ellos acerca de la desinformación antes de las elecciones de 2020. Poco después de eso, Facebook suprimió la circulación de la primera historia de la computadora portátil Hunter Biden.
“Con cada una de estas nuevas revelaciones, los Demandantes se acercaron a los Demandados y les solicitaron que complementen sus respuestas a las evidencias para incluirlas a los comunicaciones de respuesta de los funcionarios federales recientemente revelados. Los demandados se negaron a hacerlo con el argumento de que ninguno de estos funcionarios recién revelados ha sido demandado o notificado por las evidencias hasta el momento y que sería excesivamente oneroso identificar y presentar sus comunicaciones”, dijeron los demandantes en una presentación reciente.
Los demandantes solicitaron presentar una demanda enmendada que nombre a todos los funcionarios identificados como demandados para abordar los los asuntos.
La presentación enmendada permitiría entregar solicitudes de registros e información a cada uno de los funcionarios cuyos nombres inicialmente no fueron revelados por el gobierno.
El juez Doughty dijo que los demandantes podrían presentar una demanda modificada dentro de los 30 días agregando agencias y/o individuos adicionales.
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