La jueza Aileen Cannon, que preside el caso contra el expresidente Donald Trump por supuestamente mal manejo de documentos clasificados, aceptó las mociones del fiscal especial Jack Smith para celebrar audiencias García para dos de los coacusados del expresidente.
El administrador de la propiedad de Mar-a-Lago, Carlos De Oliveira, y el mayordomo, Waltine Nauta, fueron acusados junto con el presidente Trump. Su representación legal es el tema de las nuevas audiencias.
Una audiencia García, que lleva el nombre de un caso de 1975, es un procedimiento para garantizar que un acusado comprenda el conflicto de intereses en juego cuando está representado por un abogado que también representa a otro acusado o testigos en el caso.
Se llevarán a cabo dos audiencias separadas para el Sr. De Oliveira y el Sr. Nauta el 12 de octubre.
«La Oficina del Asesor Especial deberá estar preparada para articular la naturaleza y el alcance de los posibles conflictos identificados en sus 97,123 mociones, junto con cualquier evidencia que los respalde. Los acusados deberán estar preparados para responder», escribió la juez Cannon.
La audiencia puede ser sellada en parte, añadió la juez, denegando una solicitud de la oficina del fiscal especial.
Conflictos de interés
Los fiscales presentaron una moción el 2 de agosto para celebrar una audiencia de conflicto de intereses, argumentando que Stanley Woodward, el abogado de Nauta, representaba a tres personas que podrían ser llamadas como testigos a declarar contra Nauta. La presentación también señala que Woodward ha representado a siete personas que fueron interrogadas como parte de la investigación del gobierno sobre el presunto mal manejo de documentos clasificados por parte del presidente Trump.
Es de destacar el «Empleado 4 de Trump», director de tecnología de la información en Mar-a-Lago. Los fiscales afirmaron que alertaron al Sr. Woodward de un posible conflicto de intereses porque el testimonio del Empleado 4 podría incriminar al Sr. Nauta. El Sr. Woodward respondió que no tenía conocimiento de tal testimonio y que no creía que hubiera un conflicto de intereses al representar al empleado y al Sr. Nauta. La presentación también marcó al «Testigo 1», que trabajó en la Casa Blanca de la administración Trump, así como en la oficina pospresidencial, y al «Testigo 2», que trabajó en la campaña de reelección del presidente Trump y en el PAC, ambos representados por el Sr. Woodward.
En una presentación posterior, los fiscales afirmaron que el Empleado 4 cambió su testimonio después de cambiar de abogado del Sr. Woodward a un abogado defensor designado por el estado.
«La carta dirigida al Empleado 4 de Trump cristalizó un conflicto de intereses que surgió de la representación simultánea al Empleado 4 de Trump y a Nauta por parte del Sr. Woodward», se lee en la respuesta. «Aconsejar al Empleado 4 de Trump que corrija su testimonio jurado resultaría en un testimonio que incriminaría al otro cliente del Sr. Woodward, Nauta; pero permitir que el testimonio falso del Empleado 4 de Trump permanezca sin corregir dejaría al Empleado 4 de Trump expuesto a cargos criminales por perjurio».
Más tarde, el Sr. Woodward presentó una respuesta afirmando que su excliente cambió su testimonio debido a un trato que le ofreció la oficina del fiscal especial, y que la amenaza de procesamiento fue inmediatamente rescindida después de su cambio de testimonio. Woodward también afirmó que la oficina del fiscal especial intentó sobornarlo, mencionando su solicitud para un puesto de juez y sus opiniones sobre el expresidente Trump.
Dos semanas después de la presentación sobre el Sr. Woodward, los fiscales señalaron un posible conflicto de intereses en relación con John Irving, el abogado que representa al Sr. De Oliveira.
Señalaron que el Sr. Irving también representa a tres personas que el gobierno puede llamar como testigos: Un asistente personal del presidente Trump que trabajó con el Sr. Nauta, un trabajador de mantenimiento en Mar-a-Lago y una recepcionista y asistente del presidente Trump durante y después de su presidencia. La oficina del fiscal especial afirma que los tres posibles testigos tienen información incriminatoria, incluida información que demuestra que De Oliveira hizo declaraciones falsas al FBI.
El Sr. Irving presentó una respuesta diciendo que no tenía conocimiento de ninguna información incriminatoria de ese tipo, y describió la solicitud del gobierno de una audiencia como un interrogatorio prematuro celebrado antes de un juicio.
Ambos abogados solicitaron que las audiencias fueran selladas.
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