Juez suspende orden que anula la política fronteriza del Título 42

Por Zachary Stieber
16 de noviembre de 2022 3:37 PM Actualizado: 16 de noviembre de 2022 3:37 PM

El 16 de noviembre, un juez estadounidense suspendió su orden de anulación del Título 42, una política de salud pública que permite a los agentes estadounidenses expulsar rápidamente a algunos inmigrantes ilegales en medio de la pandemia de COVID-19.

El juez de distrito Emmet Sullivan, nominado por Clinton, dictaminó el martes que la política violaba la ley federal porque la agencia que la promulgó «no consideró adecuadamente las alternativas».

Horas más tarde, el gobierno de Biden pidió una suspensión de la orden durante cinco semanas para poder pasar a una nueva realidad en la que ya no puede utilizar el Título 42 para expulsar a extranjeros ilegales.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. «requiere un breve período de tiempo para preparar la transición del procesamiento del Título 42 al Título 8, dada la necesidad de resolver cuestiones de recursos y logística que no podía abordar de antemano sin saber con precisión cuándo terminaría la orden del Título 42 de agosto de 2021 actualmente operativa», dijeron los abogados del gobierno en una moción.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos impusieron el Título 42 durante la Administración Trump debido al riesgo de que los inmigrantes ilegales introdujeran el COVID-19 en el país. El gobierno de Biden redujo la orden, eximiendo a los menores no acompañados, y luego intentó ponerle fin por completo, pero un juez diferente bloqueó ese esfuerzo.

El Título 8 es una ley federal que permite las expulsiones si los inmigrantes ilegales no reúnen los requisitos para el asilo.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos expulsó a alrededor de un millón de extranjeros ilegales bajo el Título 42 en el año fiscal 2022, frente a 1.1 millones bajo el Título 8.

Retrasar la implementación de la nueva orden, dijo el gobierno, permitiría a los funcionarios «mover recursos adicionales a la frontera» y coordinar con las partes interesadas para ayudar a preparar su final.

«Este período de transición es fundamental para garantizar que el DHS pueda seguir llevando a cabo su misión de asegurar las fronteras de la nación y realizar sus operaciones fronterizas de manera ordenada», dijeron los funcionarios del gobierno.

Los inmigrantes ilegales que presentaron el caso no se opusieron a la moción.

Sullivan dijo que pondría en pausa su orden.

«De conformidad con las Reglas Federales de Procedimiento Civil 59 y 60, la autoridad inherente del Tribunal, y en vista de la falta de oposición de los demandantes, la representación del gobierno de que la solicitud de una suspensión temporal no es para la pendencia de la apelación, sino para permitir que el gobierno haga los preparativos para implementar la Orden del Tribunal, el Tribunal, CON GRAN RENUENCIA, concede la solicitud», dijo el juez.

La sentencia cambia el final del Título 42 del 15 de noviembre al 20 de diciembre.

El gobierno no ha dado ninguna indicación de que vaya a apelar la orden de Sullivan que anula el Título 42, ya que está a favor de terminar con el Título 42.

Los funcionarios han dicho que la política de salud pública se está utilizando erróneamente como política de inmigración.

El Instituto Vera, que trata de reducir el número de inmigrantes detenidos, fue uno de los que celebró la anulación de la política.

«El Título 42 nunca debería haberse utilizado para infligir sufrimiento a los solicitantes de asilo que entran en Estados Unidos. Necesitamos un sistema de inmigración basado en el respeto y la dignidad, no en el castigo y la deshumanización», dijo el grupo en un comunicado.

Sin embargo, las organizaciones que abogan por una aplicación más estricta de las leyes fronterizas dijeron que el fallo era erróneo.

«Esta decisión (…) derriba una de las últimas barreras que quedan para la completa anarquía en la frontera», dijo Dan Stein, presidente de la Federación para la Reforma de la Inmigración Americana, en un comunicado. «Si el gobierno de Biden no apela, será una de las más atroces negligencias en materia de seguridad fronteriza, demostrando una vez más que la crisis es deliberada y algo que nunca pretenden arreglar».


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