La jueza estadounidense de distrito Aileen Cannon programó una audiencia para el 24 de junio sobre la solicitud de los fiscales de modificar las condiciones de libertad del expresidente Donald Trump en el Distrito Sur de Florida, donde fue acusado de 40 cargos relacionados con el presunto manejo indebido de documentos clasificados.
La fiscalía solicita que la juez aclare que el expresidente “no puede hacer declaraciones que representen un peligro significativo, inminente y previsible para los agentes del orden que participan en la investigación y el procesamiento de este caso”.
El expresidente Trump se declaró inocente durante su lectura de cargos el año pasado, y un juez diferente estableció condiciones estándar de liberación que requerían varias comparecencias ante el tribunal y que no violara ninguna ley federal, estatal o local, así como una condición adicional de que No puede contactar a testigos de hechos revelados por el gobierno.
Si se determina que el expresidente Trump violó sus condiciones de liberación, podría estar sujeto a arresto, detención, pérdida de la fianza pagada y una sanción por desacato que resulte en prisión o una multa.
Cumplimiento de la ley
Una parte importante del litigio en el caso de documentos clasificados fue sellada o no está disponible para el público, ya que el caso trata sobre información clasificada. En las últimas semanas, la juez Cannon ordenó abrir el sello de documentos que no contenían información confidencial o su divulgación después de la realización de tachaduras específicas.
Uno de esos documentos era un plan policial tachado antes de la redada del FBI en Mar-a-Lago. Los usuarios de los medios de comunicación y las redes sociales notaron una línea que autorizaba el “uso de fuerza letal solo cuando fuera necesario”, y ese extracto ganó circulación. El expresidente Trump, después de un día en el tribunal de Manhattan para un juicio penal separado, escribió en su propio Truth Social el 21 de mayo que después de salir de la sala del tribunal le mostraron la noticia de que el Departamento de Justicia “AUTORIZÓ AL FBI A USAR FUERZA MORTAL (LETAL)”.
Más tarde repitió este mensaje con un lenguaje más fuerte en un correo electrónico masivo : “¡Estaban autorizados a dispararme!”.
En algunas de estas publicaciones e historias estuvo ausente el contexto de que el lenguaje utilizado en el plan de incursión de Mar-a-Lago era estándar.
“El FBI siguió el protocolo estándar en esta búsqueda como lo hacemos para todas las órdenes de registro, que incluyen una declaración de política estándar que limita el uso de fuerza letal”, dijo un portavoz del FBI en una declaración a The Epoch Times el 22 de mayo. “Nadie ordenó que se tomaran medidas adicionales y no hubo ninguna desviación de la norma en este asunto”.
Después de que el expresidente Trump hiciera su publicación en Truth Social, los fiscales presentaron su solicitud de modificación de las condiciones de liberación, solicitando efectivamente una orden de silencio.
Argumentaron que el discurso del expresidente Trump expone a los agentes “al riesgo de amenazas, violencia y acoso”. Los fiscales argumentaron que el expresidente Trump ha sido intencionalmente engañoso en sus mensajes sobre los agentes que participaron en la redada, ya que continuaron incluso después de que el FBI publicara su comunicado aclaratoria.
Los fiscales planean llamar a algunos de esos agentes del FBI como testigos en el juicio y argumentan que el presidente Trump “irresponsablemente puso un objetivo en las espaldas de los agentes del FBI involucrados en este caso”. Usaron como ejemplo un ataque planeado para 2022 contra una oficina del FBI en Ohio por parte de un partidario de Trump.
“[El tribunal] debería tomar medidas inmediatamente para detener esta peligrosa campaña para difamar a las autoridades”, argumentaron los fiscales.
Esta es la cuarta solicitud de orden de silencio contra el expresidente Trump.
Todos se han basado en parte en la premisa de que el presunto candidato republicano es muy influyente y que una parte de sus partidarios son propensos a acosar a cualquier persona que él nombra bajo una luz desfavorable.
Si bien las decisiones de la Corte Suprema sobre cuestiones de la Primera Enmienda históricamente han determinado que uno no puede ser considerado responsable de las acciones de terceros que respondan a su discurso a menos que el discurso exija una acción inminente e ilegal, los jueces de múltiples jurisdicciones confirmaron las órdenes de mordaza al expresidente Trump sobre la base de que era necesario para un proceso judicial justo.
Los abogados del expresidente argumentan que los fiscales no lograron demostrar cómo su discurso perjudica un proceso justo; los jueces no estuvieron de acuerdo.
Alto nivel legal
Las órdenes para prohibir preventivamente la expresión están sujetas a la discreción de un juez, pero normalmente tienen un listón de aprobación muy alto.
La defensa argumentó que la fiscalía no ha cumplido con ese requisito y que una orden de silencio sobre esa base sería extralimitada, demasiado amplia e inconstitucional.
“Casi tres semanas después de la publicación más reciente de Truth Social citada por la Oficina, no han presentado a la corte ninguna prueba de amenazas o acoso resultantes del discurso protegido del presidente Trump”, se lee en un escrito de respuesta de la defensa del 14 de junio . “Ni un solo agente del FBI que participó en la redada presentó una declaración jurada, ni siquiera un argumento, afirmando que los comentarios del presidente Trump los pusieron en riesgo”.
Sin ninguna evidencia de que las recientes declaraciones del expresidente Trump mencionando la aplicación de la ley hayan causado acoso, amenazas o intimidación, el abogado defensor argumentó que el riesgo que citan los fiscales sigue siendo hipotético y no puede respaldar una orden de silencio.
Argumentaron que el expresidente Trump tiene derecho a criticar al gobierno y los métodos utilizados por sus agencias y que la respuesta de la fiscalía a ese discurso ha sido desproporcionada.
La orden de silencio propuesta es lo suficientemente amplia como para permitir a los fiscales “pedir el arresto y la detención temporal del presidente Trump cada vez que diga algo con lo que no estén de acuerdo, incluidas, entre otras, declaraciones en el escenario del debate, la campaña electoral, en las redes sociales y, potencialmente, comunicaciones del personal de campaña del presidente Trump”, según la defensa.
La juez escuchará estos argumentos en una sesión por la tarde el 24 de junio. La mañana estará dedicada a los argumentos sobre si el nombramiento del fiscal especial viola la cláusula de apropiación, una continuación de la audiencia de la semana pasada sobre la moción de la defensa para desestimar la acusación sobre la base de que el fiscal especial fue designado ilegalmente.
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