La juez federal que supervisa una de las causas penales contra el expresidente Donald Trump anunció el 7 de marzo una próxima audiencia.
La audiencia sobre las peticiones del presidente Trump para que se desestime la causa contra él se celebrará el 14 de marzo a las 10.00 horas en Fort Pierce (Florida), según declaró la juez federal de distrito Aileen Cannon.
Los abogados del gobierno y de los acusados, el presidente Trump y la exasesora Waltine Nauta, «deben reservarse [un] día entero para argumentar», añadió la juez.
La jueza Cannon, nombrada por el presidente Trump, ya celebró una audiencia el 1 de marzo para estudiar la petición del expresidente de aplazar el juicio del caso, que implica acusaciones sobre su retención de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca. Aún no ha dicho si se pondrá del lado del presidente Trump y retrasará el juicio hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre.
Si la juez falla a favor de las peticiones de desestimación del presidente Trump, no se celebraría el juicio.
Los abogados del presidente Trump afirmaron en sus escritos que el caso debería desestimarse porque él goza de inmunidad presidencial y porque, en virtud de la ley federal, podía designar cualquier documento gubernamental como registro personal.
«La inmunidad presidencial frente al procesamiento penal por actos oficiales se apoya directamente en el texto de la Constitución, ya que la Cláusula de Impeachment establece que un presidente no puede ser procesado penalmente a menos que primero sea sometido a impeachment y condenado por el Senado de EE. UU.», afirmaron en una de las peticiones.
El Sr. Nauta, uno de los dos codemandados en el caso, se unió a una de las peticiones.
Los fiscales han ofrecido argumentos opuestos, intentando convencer a la jueza Cannon que no desestime el caso.
En uno de ellos, el equipo del abogado especial Jack Smith dijo que la Ley de Archivos Presidenciales no autoriza la posesión de información clasificada por parte de expresidentes.
«Sea cual sea la autorización que pueda tener un expresidente para poseer sus archivos personales, esa autoridad no invalida los requisitos legales que se aplican a la información clasificada», afirmaron.
En una segunda presentación, los fiscales afirmaron que la forma en que el presidente Trump conservaba los documentos clasificados difería de la forma en que lo hacía el presidente Joe Biden.
Recientemente, el abogado especial Robert Hur halló indicios de que este último guardó voluntariamente documentos clasificados sobre Afganistán, pero determinó que las pruebas no alcanzaban para concluir la culpabilidad de retención intencionada más allá de toda duda razonable. El Sr. Hur fue nombrado por el fiscal general Merrick Garland, que a su vez fue nombrado por el presidente Biden.
La «solidez de las pruebas» significa que los casos no están «en situación similar», dijeron los fiscales.
Dijeron que la falta de cargos contra otros ocho casos de exfuncionarios que retuvieron registros, incluido el expresidente Bill Clinton, no alcanzaba el nivel de las acciones del presidente Trump, en parte porque presuntamente obstruyó a las autoridades que intentaron recuperar los registros.
Los fiscales también dijeron a la jueza Cannon que aceptar los argumentos del presidente Trump sobre la inmunidad presidencial podría tener consecuencias «aleccionadoras».
«Según su punto de vista, un presidente podría ordenar a las Fuerzas Especiales que asesinaran a su principal oponente político. Podría aceptar un soborno a cambio de dirigir un lucrativo contrato gubernamental al sobornador, y podría vender información clasificada a un adversario, y mientras no fuera impugnado por la Cámara y condenado por el Senado, podría actuar con impunidad», dijeron. «Y la ampliación de la inmunidad que ofrece en este caso —protegiendo no sólo los actos durante la presidencia, sino extendiéndose para proteger la conducta posterior a la presidencia— sería especialmente peligrosa, ya que sentaría las bases para todo tipo de actos delictivos imprudentes y premeditados durante los últimos días del mandato de un presidente».
El Sr. Smith también fue nombrado por el Sr. Garland.
Las idas y venidas sobre las peticiones de desestimación se produjeron después de que la jueza Cannon permitiera a varios grupos de terceros presentar escritos en el caso que apoyan los argumentos del presidente Trump. Entre estos grupos se encuentra la America First Legal Foundation, dirigida por Stephen Miller, exfuncionario de la Administración Trump.
«La corte ha revisado las peticiones y considera que los amicus propuestos llaman la atención del tribunal sobre [un] asunto relevante que puede ser de considerable ayuda para la corte a la hora de resolver las citadas peticiones previas al juicio», escribió la jueza Cannon en una orden. «Se aceptan los escritos de los amicus para su consideración por la corte».
El escrito de la fundación afirmaba que la remisión de la Administración Nacional de Archivos y Registros al Departamento de Justicia, que dio lugar a la imputación, violaba la ley federal. Si no se anula, la medida «ampliaría peligrosamente la capacidad de un presidente en funciones para acosar a un ex presidente incautándose de documentos a petición de cualquier organismo y por casi cualquier motivo», afirmaba el escrito.
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