La jueza estadounidense a cargo de las disputas sobre los documentos incautados en la casa del expresidente Donald Trump bloqueó el 22 de septiembre el acceso del perito especial a los documentos marcados como clasificados tomados de Mar-a-Lago.
La jueza de distrito de Estados Unidos Aileen Cannon, designada por Trump, eliminó los aproximadamente 100 documentos marcados como clasificados de la definición de «material incautado» de su orden anterior.
Cannon también eliminó dos párrafos de la orden anterior:
-Uno que establecía que el gobierno tendría que «Poner a disposición del abogado del demandante para su inspección, con condiciones de acceso controladas (incluyendo los requisitos de autorización necesarios) y bajo la supervisión del perito especial, los documentos marcados como clasificados y los papeles adjuntos a dicho documento».
-Otro que establecía «El perito especial y las partes priorizarán, por cuestión de tiempo, los documentos marcados como clasificados, y el perito especial presentará informes y recomendaciones provisionales según corresponda. Una vez recibidos y resueltos los informes y recomendaciones provisionales, el tribunal considerará la posibilidad de realizar rápidamente los ajustes necesarios en las órdenes del tribunal».
Cannon es jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
Los cambios se esbozaron en una orden emitida la mañana después de que un panel de jueces del tribunal de apelaciones que supervisa ese tribunal dijera que Cannon «probablemente se equivocó» en su orden cuando bloqueó al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que usara los registros con marcas de clasificación para su investigación sobre Trump, y cuando ordenó al gobierno que permitiera al juez de distrito de Estados Unidos Raymond Dearie, el perito especial, y a los abogados de Trump acceder a los materiales, que Trump ha dicho que desclasificó pero el gobierno dice que todavía están clasificados.
Cannon se puso del lado de Trump el 15 de septiembre e introdujo a Dearie en el proceso, considerando que era importante no «aceptar las conclusiones del gobierno» sobre los registros en cuestión.
También dijo que no era apropiado aceptar en este momento la afirmación del gobierno de que Trump no tiene una reclamación plausible de privilegio sobre ninguno de los documentos.
Sin embargo, el panel del tribunal de apelaciones, respondiendo a una moción de suspensión parcial del gobierno, dijo que «no podemos discernir por qué el demandante tendría un interés individual o necesidad de cualquiera de los cien documentos con marca de clasificación».
«El demandante ni siquiera ha intentado demostrar que tiene necesidad de conocer la información contenida en los documentos clasificados. Tampoco ha demostrado que la actual administración haya renunciado a ese requisito para estos documentos. E incluso si lo hubiera hecho, eso, en sí mismo, no explicaría por qué el demandante tiene un interés individual en los documentos clasificados», añadieron. «El demandante sugiere que podría haber desclasificado estos documentos cuando era presidente. Pero el expediente no contiene ninguna prueba de que ninguno de estos documentos fuera desclasificado. Y ante el perito especial, el demandante se resistió a proporcionar cualquier prueba de que había desclasificado cualquiera de estos documentos».
Incluso si Trump hubiera desclasificado los materiales, eso no explicaría un interés personal en ellos, dijo también el panel.
Ordenaron detener la orden de Cannon con respecto a los materiales marcados como clasificados.
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