Una jueza federal declinó el 1 de septiembre pronunciarse de inmediato sobre si conceder la solicitud del expresidente Donald Trump de nombrar un perito especial para revisar los documentos que el FBI incautó en su casa de Florida en agosto.
En una audiencia en West Palm Beach, la jueza de distrito Aileen Cannon, nominada por Trump, dijo que aún no se pronunciaría sobre la solicitud de Trump.
Un perito especial es un tercero independiente que a veces es designado por un tribunal en casos delicados para revisar materiales posiblemente cubiertos por el privilegio abogado-cliente para asegurar que los investigadores no los vean indebidamente.
Cannon también dijo que aplazaría la decisión de revelar un inventario más detallado de los bienes incautados que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ha presentado bajo sello ante el tribunal.
No está claro cuándo emitirá Cannon, ex fiscal federal, su dictamen.
Funcionarios del gobierno han dicho que un equipo de filtrado del DOJ ya procesó los materiales retirados del complejo Mar-a-Lago de Trump el 8 de agosto y separó los que son potencialmente privilegiados.
También afirmaron que Trump no necesitaba un perito especial para proteger sus derechos, y que carece de legitimación.
Los abogados del expresidente no están de acuerdo.
En una presentación la noche del miércoles, la abogada de Trump, Lindsey Halligan, dijo que el gobierno no citó un precedente para afirmar que Trump carecía de legitimación, y que aún así se debería nombrar a un perito especial para asegurarse de que la situación proceda adecuadamente.
«Asegurar el acceso del abogado del demandante a los materiales incautados, compartir un inventario real (detallado), hacer evaluaciones independientes del privilegio abogado-cliente y hacer determinaciones de privilegio ejecutivo son todas las responsabilidades que se cumplen mejor mediante el nombramiento de un perito especial», dijo.
Los agentes ejecutaron una orden firmada por un juez federal en base a que se creía que Trump violó varias leyes, incluida una que prohíbe la destrucción de ciertos registros.
Trump y sus abogados han dicho que estaba cooperando con el gobierno y que la ejecución de una orden era un paso extremo.
Los agentes descubrieron documentos clasificados en el despacho de Trump y en un almacén, a pesar de que un abogado del expresidente dijo en una declaración jurada a principios de este año que se había realizado una «búsqueda diligente» de los registros marcados como clasificados, y que no quedaban más en las instalaciones.
Trump ha dicho que desclasificó los registros, algunos de los cuales estaban marcados como alto secreto, según muestra una fotografía publicada por las autoridades estadounidenses.
Con información de Reuters.
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