Casi 70 legisladores de las naciones del Grupo de los Siete (G7) firmaron una carta conjunta en la que piden a sus líderes que se unan y adopten una postura dura frente a China en la próxima cumbre de junio.
«Las amenazas que plantea el Partido Comunista Chino representan los mayores retos de política exterior de nuestros tiempos. Estas amenazas no solo afectan a nuestra nación, sino también a nuestros aliados democráticos más confiables en todo el mundo», declaró el representante estadounidense Anthony Gonzalez (R-Ohio), a través de una publicación de su oficina, el 25 de enero.
La carta estaba dirigida a los actuales líderes de las naciones del G7 —Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos y Reino Unido, quienes celebrarán una cumbre del 11 al 13 de junio en Carbis Bay, un complejo turístico y pueblo costero situado en el suroeste de Inglaterra.
«Es esencial que todas las democracias del G7 trabajen juntas para que el Partido Comunista Chino rinda cuentas de las libertades que China acordó internacionalmente y que lideran el mundo desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial», añadió Gonzalez.
Together with almost 70 legislators from all #G7 countries, @RepAGonzalez and I have drafted a letter to our leaders, calling them to unite around a plan of action that addresses Chinas internal & external behaviour which we consider contradictory to international standards. pic.twitter.com/DG9QywN6G1
— Norbert Röttgen (@n_roettgen) January 25, 2021
La iniciativa de la carta fue liderada por Gonzalez y Norbert Röttgen, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag, el parlamento alemán. Otros 17 legisladores estadounidenses, actuales y anteriores, se encuentran entre los patrocinadores, tales como Jim McGovern (D-Mass.), Scott Peters (D-Calif.), Mike Gallagher (R-Wis.) y Andy Barr (R-Ky.).
«El enfoque selectivo de China respecto al derecho internacional y su agresiva política exterior en el Indo-Pacífico, así como cada vez más a escala mundial, son los principales retos para el orden internacional», dijo Röttgen, según la declaración.
«Para lograr una estrategia conjunta del Mundo Libre sobre China, todos tenemos que comprometernos, sabiendo que la protección de las libertades que el sistema internacional tiene en su base vale la pena».
En la carta, los legisladores pidieron a los líderes del G7 que «se unan en torno a un plan de acción que aborde el comportamiento interno y externo de la RPC [República Popular China] el cual nosotros consideramos contradictorio con las normas internacionales».
En la carta se identifican varios temas en los que las naciones del G7 deberían mantenerse unidas contra la China comunista, entre ellos las normas tecnológicas, derechos humanos, tensiones en la región Indo-Pacífica y la pandemia del COVID-19.
«La República Popular China ha debilitado la gobernanza internacional», decía la carta, señalando cómo China «socavó» la Organización Mundial de la Salud (OMS) y «retuvo información importante en las fases iniciales de la pandemia».
COVID-19 es una enfermedad causada por el virus del PCC (Partido Comunista Chino), comúnmente conocido como nuevo coronavirus. Las pruebas apuntan a que el virus se originó en la ciudad china de Wuhan antes de extenderse a países y regiones de todo el mundo.
El encubrimiento inicial del brote del virus por parte de China está bien documentado. El PCCh silenció a ocho médicos, entre ellos el oftalmólogo Li Wenliang, después que intentaron advertir al público de la nueva forma mortal de neumonía que se estaba propagando en Wuhan.
En el inicio la OMS hizo suya la afirmación de Beijing de que el virus no era contagioso, desestimando una advertencia por correo electrónico de Taiwán.
«Para preparar y prevenir futuros brotes, creemos que es necesaria una investigación independiente sobre los orígenes y la propagación del virus», afirma la carta.
Los legisladores también señalaron la opresión de China contra los uigures y otros grupos minoritarios en la región de Xinjiang, en el extremo occidental del país, donde se calcula que hay un millón de uigures detenidos en campos de concentración.
El 19 de enero, el exsecretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, declaró que la persecución de Beijing contra los uigures y otras minorías constituía un genocidio y «crímenes contra la humanidad».
«Las atroces violaciones de los derechos humanos por parte de la RPC exigen una respuesta colectiva por parte de los países del G7 para que la RPC rinda cuentas por su trato a las minorías étnicas y religiosas», añadía la carta.
También destaca que los países democráticos no deben depender de China para las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y las comunicaciones inalámbricas 5G, de próxima generación.
«Una asociación coordinada entre nuestros países para liderar el desarrollo de estas tecnologías y establecer normas y estándares globales para su uso es, por tanto, esencial para aprovechar al máximo su potencial sin comprometer nuestra seguridad e intereses», decía la carta.
Beijing puso en marcha planes industriales, como «Made in China 2025» y «China Standards 2035«, en un esfuerzo por buscar el dominio de la tecnología.
En noviembre del año pasado, los senadores estadounidenses Rob Portman (R-Ohio) y Catherine Cortez Masto (D-Nev.) presentaron un proyecto de ley (S.4901) para examinar la influencia de China en el establecimiento de normas tecnológicas mundiales.
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