Una ley de Texas que prohibiría aproximadamente nueve de cada diez abortos entrará en vigor esta semana después de que un tribunal rechazara los intentos de bloquear la medida y cancelara una audiencia.
La audiencia que iba a tener lugar el lunes y en la que los jueces iban a considerar si se concedía una orden judicial preliminar contra la ley, el proyecto de ley 8 del Senado, fue cancelada el viernes por un tribunal federal.
Unos 22 proveedores de servicios de aborto tenían previsto intentar convencer al tribunal de que bloqueara la entrada en vigor de la ley. En su lugar, entrará en vigor el 1 de septiembre, aunque continúen las impugnaciones legales contra ella.
El Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE. UU. también denegó las mociones de emergencia presentadas por los proveedores de servicios de aborto que pedían una acción que pudiera conducir a bloquear la ley.
«En este momento, no hay otros vehículos legales para impedir que la Ley de latidos del corazón entre en vigor el miércoles», dijo John Seago, director legislativo de Texas Right to Life, a The Epoch Times.
La ley en cuestión, promulgada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en mayo, prohíbe a los médicos realizar abortos tras la detección de un latido fetal. Estos latidos pueden detectarse a partir de las seis semanas de la concepción.
Las medidas atípicas dejan la aplicación de la ley en manos de los ciudadanos particulares, que pueden presentar demandas contra los médicos, las clínicas y cualquier persona implicada en un aborto que viole la ley. Los funcionarios estatales, por su parte, no pueden hacer cumplir las disposiciones.
La ley atrajo los elogios de los defensores de la vida, pero la oposición de los proveedores de servicios de aborto, 20 de los cuales demandaron el mes pasado para detener su entrada en vigor.
Los grupos, entre los que se encuentra Planned Parenthood, dijeron que la ley podría llevar a los proveedores de abortos, al personal de las clínicas y a otros a «cargar con interminables demandas que consumen su tiempo y recursos y les impiden prestar servicios de atención médica, obligándoles en última instancia a cerrar».
«Si se permite que entre en vigor, la S.B. 8 creará un caos absoluto en Texas y perjudicará irremediablemente a los texanos que necesitan servicios de aborto», afirmaba la demanda, alegando que Texas no puede promulgar una ley que vaya en contra de la Constitución de Estados Unidos, pareciendo referirse a la decisión de la Corte Suprema en el caso Roe contra Wade.
Los demandados respondieron que el tribunal carecía de jurisdicción.
Las reclamaciones de los demandantes no solo carecen de legitimación, dijeron los demandados en una presentación, sino que están prohibidas por la inmunidad soberana, ya que la ley prohíbe expresamente a los funcionarios estatales aplicar sus disposiciones.
Los demandados pidieron al tribunal que desestimara la demanda, pero el juez de distrito Robert Pitman, nominado por Obama, rechazó esas peticiones.
Esto provocó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU. y la presentación de documentos a Pitman solicitando la cancelación de la audiencia del lunes.
Pitman dijo en una orden del 27 de agosto que había accedido en gran medida a las últimas peticiones de los acusados, y luego canceló la audiencia tras la decisión del tribunal de apelaciones.
También indicó que estaba de acuerdo con al menos parte de la posición de los demandados.
«Obligar a los demandantes a esperar hasta que se inicie una acción de aplicación estatal contra ellos para plantear sus preocupaciones constitucionales dejaría a los demandantes sin la capacidad de reivindicar sus derechos constitucionales en el tribunal federal antes de que se produzca cualquier violación constitucional», escribió en una orden separada la semana pasada.
Un portavoz del juez dijo a The Epoch Times por correo electrónico que no podía hacer comentarios más allá de las presentaciones del caso. El tribunal de apelación no incluyó ninguna justificación para su decisión.
Julie Murray, abogada principal de Planned Parenthood Federation of America, dijo al Texas Tribune que «sin que los tribunales intervengan, el miércoles se negará a los texanos su derecho constitucional al aborto, violando cincuenta años de precedentes».
Seago, de Texas Right to Life, dijo a The Epoch Times que las luchas legales continuarán.
«Esto va a ser una batalla legal continua. Se trata de una ley inusual y las batallas legales son inusuales, no son las típicas peleas que tenemos sobre la política del aborto, pero parece que esta semana son buenas noticias para el movimiento provida», dijo.
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