El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), dijo el martes que es poco probable que los republicanos apoyen un proyecto de ley independiente que aborde la cuestión de las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos después de entrar como niños, apodados «Dreamers», a menos que la legislación tome un impulso más amplio para resolver la crisis fronteriza.
McConnell hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa del liderazgo republicano del Senado, durante la cual culpó al mensaje del presidente Joe Biden sobre la frontera y la reforma migratoria por el aumento de la inmigración ilegal.
«Bueno, todo lo que puedo decirles es que todo el mundo simpatiza con el tema de DACA», dijo McConnell, refiriéndose al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, un marco de la era de Obama que protege a los Dreamers de la deportación.
«Pero, como una cuestión práctica, dada la crisis en la frontera … no puedo imaginar que tomemos un proyecto de ley relacionado con la inmigración, no importa lo valioso que pueda ser … sin insistir en que abordemos la crisis obvia en la frontera que está directamente relacionada con lo que parecía ser una invitación del nuevo presidente para venir», agregó McConnell.
Los comentarios de McConnell sobre la improbabilidad de que los republicanos respalden una legislación independiente fueron similares a los del senador Lindsey Graham (R-S.C.), quien, junto con el senador Dick Durbin (D-Ill.), presentó en febrero la Proyecto de ley Dreamers 2021, que propone un camino hacia la residencia permanente legal y la ciudadanía estadounidense para las personas sin estatus legal que fueron traídas a Estados Unidos cuando eran niños.
«Durante años, he apoyado una solución para la población del Proyecto de ley Dreamers, que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres cuando eran menores de edad», dijo Graham en un comunicado. «No creo que esta legislación se apruebe y se convierta en ley como una medida aislada. Creo que será un punto de partida para que encontremos avances bipartidistas que proporcionen alivio a los Dreamers y también reparen un sistema de inmigración roto», dijo Graham, añadiendo que espera trabajar con Durbin y otros para «encontrar una forma de avanzar».
Durbin, que lidera las conversaciones bipartidistas sobre el asunto, dijo a los periodistas la semana pasada que creía que cualquier acuerdo sobre la cuestión de DACA necesitaría un componente de seguridad fronteriza para obtener suficiente apoyo del GOP para eliminar el filibusterismo del Senado.
Las declaraciones de McConnell también se producen cuando el Partido Republicano intensifica sus críticas a la administración Biden por su gestión de la oleada fronteriza, que en el mes de marzo hizo que la Patrulla Fronteriza detuviera a 172,000 inmigrantes ilegales, la mayor cantidad en un solo mes en 20 años, según las estadísticas publicadas el 8 de abril por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP).
Una coalición de senadores republicanos que visitó recientemente la frontera sur escribió el lunes una carta al presidente Joe Biden, instándole a tomar medidas rápidas y a revertir sus decisiones políticas que, según ellos, han provocado el aumento de la frontera.
Los legisladores republicanos argumentan desde hace tiempo que la floreciente crisis es el resultado de la medida de Biden de anular varias políticas de inmigración de la era Trump que ayudaron a frenar el flujo de cruces fronterizos ilegales. Esto incluye el Protocolo de Protección de Migrantes, piedra angular de su predecesor, que puso fin efectivamente a la problemática política de «captura y liberación», frenando significativamente la oleada de inmigrantes ilegales que se vio en la frontera sur en 2019.
La administración Biden afirmó en repetidas ocasiones que heredó un sistema de inmigración roto que tardará en arreglarse, al mismo tiempo que atribuyó la oleada fronteriza a factores estacionales y a las terribles condiciones de los países de origen de los inmigrantes. Parte de la estrategia de Biden consiste en abordar las «causas fundamentales» de la migración proporcionando ayuda a Centroamérica.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, reconoció la semana pasada que la administración no había previsto la afluencia de cruces fronterizos ilegales tras sus cambios de política, pero siguió restando importancia a la gravedad de la situación al insistir en que la situación en la frontera no era una «crisis». Sus comentarios se produjeron después de que Biden, al admitirlo raramente, utilizara la palabra «crisis» para referirse a la oleada de menores no acompañados en la frontera.
El programa DACA, por su parte, ha sido durante años un tema polémico. Fue creado por una orden ejecutiva firmada en 2012 por el expresidente Barack Obama, tras el fracaso de las negociaciones de la reforma migratoria en el Capitolio.
Muchos conservadores, incluido el expresidente Donald Trump, argumentan que el DACA es inconstitucional, aunque Trump expresó su simpatía por la situación de los Dreamers y se mostró abierto a una solución negociada y bipartidista.
Trump trató de poner fin al programa DACA en 2017, diciendo en ese momento que su terminación proporcionaría al Congreso una «ventana de oportunidad» para actuar sobre el tema, pero las fuertes divisiones partidistas sobre la inmigración hicieron que eso nunca sucediera.
Los defensores de DACA dicen que no se debe culpar a los beneficiarios por la decisión de sus padres de violar las leyes de inmigración de Estados Unidos para traerlos al país. Argumentan que habría una serie de costos sociales y económicos si el programa terminara. Dicen que muchos de estos beneficiarios han contribuido a la economía de Estados Unidos y que la eliminación del programa amenazaría la futura fuerza de trabajo de la nación e impondría costos masivos a los empleadores que actualmente emplean a estas personas.
Para los opositores al DACA, el caso representa una extralimitación de la autoridad ejecutiva y una usurpación de los poderes legislativos del Congreso. Han argumentado que Obama ejerció una autoridad ejecutiva ilegal para crear el programa y que solo el Congreso puede promulgar una política de este tipo en virtud de su autoridad en materia de inmigración.
Los opositores también discrepan con el hecho de que DACA concede beneficios a estos beneficiarios por delante de otros inmigrantes que se esfuerzan por los canales legales para conseguir la inmigración y la naturalización en Estados Unidos.
Con información de Janita Kan.
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