Documentos recientemente publicados revelan más detalles sobre cómo la Asociación Nacional de Consejos Escolares (NSBA) se comunicó con la Casa Blanca antes de enviar una carta en la que se comparaba a los padres preocupados con terroristas domésticos.
En la carta del 29 de septiembre, ampliamente criticada, dirigida al presidente Joe Biden, la NSBA calificaba las interrupciones en las reuniones de los consejos escolares de todo el país como «una forma de terrorismo doméstico y de crimen de odio». También instaba al gobierno federal a invocar las leyes antiterroristas para hacer frente a las «turbas enfurecidas» de padres que pretendían responsabilizar a las autoridades escolares de la enseñanza de la teoría crítica de la raza, de inspiración marxista, y de la imposición de las restricciones relacionadas con el COVID-19 a sus hijos, como la obligación de usar mascarilla.
Apenas cinco días después, el fiscal general Merrick Garland emitió un memorando en el que ordenaba a las fuerzas federales de la ley que ayudaran a hacer frente al presunto «preocupante aumento del acoso, la intimidación y las amenazas de violencia» contra los profesores y los dirigentes escolares. La rápida respuesta de Garland ha levantado sospechas entre algunos miembros republicanos del Congreso, que están investigando el papel que desempeñó el gobierno de Biden en la elaboración y publicación de la carta de la NSBA.
Según un calendario proporcionado en un memorando del 12 de octubre (pdf) enviado por la presidenta de la NSBA, Viola Garcia, a los funcionarios y directores ejecutivos de las asociaciones estatales, la organización ha estado interactuando con el personal de la Casa Blanca en relación con las presuntas amenazas de violencia desde mediados de septiembre.
«En la reunión del 14 de septiembre de 2021 del grupo de enlace [de la Organización de Directores Ejecutivos de Asociaciones Estatales de la NSBA], se les informó que se había celebrado una reunión con el personal de la Casa Blanca esa mañana y que la NSBA se estaba preparando para enviar una carta al presidente [de EE. UU.]», dice el memorando obtenido por el grupo de defensa Parents Defending Education a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información.
El memorando incluye fragmentos de un aviso por correo electrónico del 17 de septiembre del director ejecutivo interino y CEO de la NSBA, Chip Slaven, en el que se afirmaba que «la NSBA está tomando una serie de medidas en relación con la petición de protección y recursos para ayudar a los miembros de los consejos escolares con estas amenazas, incluyendo una solicitud al presidente y al gobierno federal para obtener más ayuda».
Garcia, que recientemente fue premiada por la Administración de Biden con un puesto en una junta federal que supervisa las pruebas estandarizadas, también pareció atribuirse el mérito del memorando del 4 de octubre, describiéndolo como la respuesta del Departamento de Justicia de EE. UU. a la carta de la NSBA.
Cuando el congresista Jim Jordan (R-Ohio) preguntó a Garland durante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes el 21 de octubre si era una mera coincidencia que la carta de la NSBA y el memorándum del Departamento de Justicia se publicaran con solo cinco días de diferencia, admitió que la carta «nos llamó la atención» y fue un «factor relevante» en su memorándum.
«Nadie en la Casa Blanca me habló en absoluto del memorándum», dijo Garland a Jordan, quien cuestionó si alguien en la Casa Blanca le pidió al fiscal general que escribiera el memorándum. «Estoy seguro, al menos así lo creo, de que la Casa Blanca comunicó al Departamento de Justicia sus preocupaciones sobre la carta, y eso es perfectamente apropiado».
Garland declaró además que no sabía si alguien de su departamento había hablado con la Casa Blanca antes de la publicación del memorándum, pero estaba seguro de que «el comunicado de la [NSBA] fue discutido entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, y eso es perfectamente apropiado».
El Departamento de Justicia y la Casa Blanca no respondieron a una solicitud de comentarios.
Incluso después de que la NSBA se disculpase por las palabras utilizadas en la carta, muchos consejos escolares estatales optaron por distanciarse de la federación nacional, alegando su desacuerdo con la carta sobre «terrorismo doméstico» o con el memorándum del DOJ, o con ambos. Hasta el 12 de noviembre, doce secciones estatales —Alabama, Florida, Kentucky, Luisiana, Misuri, Montana, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur y Wisconsin— han anunciado que han abandonado o van a abandonar la NSBA.
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