Funcionarios de México dicen que esperan para este año un aumento de la inmigración masiva impulsada por desastres naturales, economías fallidas y el impacto negativo de la pandemia del virus del Partido Comunista Chino (PCCh).
Nashieli Ramírez Hernández, jefe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH), dijo durante una conferencia de prensa de la semana pasada que la institución llegó a esta conclusión después de monitorear de cerca las condiciones de América Central y Sudamérica, informó Breitbart, en un primer reporte sobre el tema.
“Nosotros esperamos un aumento en el flujo migratorio”, dijo Ramírez. “No hace mucho había una caravana que venía de Honduras, que trataba de llegar al país. Aunque fue detenida, hay un tema latente allí y la gente seguirá llegando”.
Según Ramírez, la CNDH espera un aumento en la inmigración en grupos más pequeños en lugar de grandes caravanas, vinculado al impacto económico negativo de la pandemia en curso. Además citó informes de un aumento en las operaciones de tráfico de personas a lo largo de las rutas de tráfico de seres humanos.
Apenas unas semanas antes, el secretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que creía que el país «enfrentaría nuevos desafíos» en los flujos migratorios en los próximos meses, advirtiendo los efectos de la pandemia y los huracanes que azotaron a Nicaragua, El Salvador y Guatemala. .
El gobierno federal de México aún no aborda el rápido desmantelamiento de las medidas de seguridad fronteriza del expresidente Donald Trump, por parte del gobierno de Joe Biden.
El gobierno de Biden, en su primer día en el cargo, firmó órdenes ejecutivas y emitió memorandos para suspender temporalmente las deportaciones de extranjeros ilegales, revertir la prohibición del expresidente Trump para viajar desde países propensos al terrorismo, detener la construcción del muro fronterizo y dejar de agregar personas al programa «Permanecer en México», para preservar y fortalecer el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y lanzar un paquete de inmigración amplio al Congreso que incluye amnistía para millones de solicitantes de asilo e inmigrantes ilegales.
Los fiscales generales de Arizona y Texas demandaron a Biden por el memorando del gobierno que ordena suspender la mayoría de las deportaciones durante 100 días.
El 20 de enero (pdf), el Departamento de Seguridad Nacional publicó el memorando, el cual impone una moratoria en la mayoría de las deportaciones y describe las categorías de delincuentes de inmigración que seguirán sujetos a arresto y eventual expulsión, incluidos aquellos que representan un riesgo para la seguridad nacional. o son sospechosos de terrorismo o espionaje.
El inspector general de Arizona, Mark Brnovich, un republicano, anunció la demanda en Twitter la tarde del 3 de febrero, afirmando que cree que la política «pone en riesgo la seguridad pública de Arizona». La demanda pide al Tribunal de Distrito de EE. UU. en Arizona a que dictamine que la ley de 100 días de suspensión es una política que viola la ley federal.
El subjefe en el condado de Pinal, Arizona —a 90 minutos en auto desde México— dijo a Townhall que la situación en la frontera sur de Estados Unidos está empeorando tras el cambio de gobierno y sus políticas.
Thomas dijo que la crisis en la frontera comenzó a resurgir a finales de 2020 ya que los carteles del tráfico de personas y de drogas esperaban que el presidente Joe Biden tuviera una actitud de «no intervención» respecto a la situación fronteriza.
“Cuando [Trump] asumió el cargo, vimos que esta área de aquí quedó completamente muerta. Nadie se movía, nadie pasaba de contrabando porque [los cárteles] sabían que Trump iba a poner todas las manos en la mesa aquí abajo y que serían interceptados, así que se detuvo en seco”, dijo Thomas.
«Hubo un goteo muy lento para volver a una especie de normalidad, pero nunca volvió a donde estaba», agregó Thomas.
Thomas dijo que dado que Biden ordenó detener la construcción del muro fronterizo sur, esto creó más problemas para el condado de Pinal ya que no tiene barreras físicas, lo que promueve que los delincuentes pasen por el canal, lleguen a la carretera y luego transporten drogas o personas a través del país.
Con información de Samuel Allegri.
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