Un análisis ha revelado que más de tres quintas partes de todos los condados de Estados Unidos son los llamados «santuarios de la Segunda Enmienda», después de que varios estados aprobaran este año leyes que los declaran como tales.
La página web, Sanctuary Counties, descubrió el 20 de junio que ahora hay 1930 condados que están «protegidos por la legislación de santuario de la Segunda Enmienda a nivel estatal o de condado», lo que representa el 61 por ciento de todos los condados.
Señaló que varios estados han aprobado leyes de «portación constitucional», mientras que específicamente, aproximadamente 1137 condados «se han encargado de aprobar una legislación de Santuario de la Segunda Enmienda y probablemente cientos de ciudades, municipios, distritos, etc. lo han hecho también a su nivel».
«Hemos visto muchas noticias sobre el porte constitucional, que es otro movimiento que en realidad apoyamos bastante», escribió la página web. «Sin embargo, las noticias convencionales han permanecido relativamente silenciosas en lo que respecta al movimiento masivo del Santuario de la Segunda Enmienda, lo que nos lleva a plantear algunas preguntas».
En un intento de aclarar la diferencia entre ambos, Sanctuary Counties señaló que el «movimiento Santuario de la Segunda Enmienda» es de abajo a arriba y un movimiento de base. The Epoch Times se ha puesto en contacto con Sanctuary Counties para una solicitud de comentarios.
La noticia se produce después de que todos los sheriffs del estado de Utah firmaran a mediados de junio una carta en la que afirmaban que intentarían salvaguardar la Segunda Enmienda.
«Es importante destacar que la Segunda Enmienda de nuestra Constitución, de inspiración divina, establece claramente (…) ‘no se violará el derecho del pueblo de poseer y portar armas'», decía la declaración, que fue firmada por los 29 sheriffs del estado, y que fue publicada a través de la oficina del sheriff del Condado de Cache, Chad Jensen, el 15 de junio. «Por la presente reconocemos un principio importante que subyace a la Segunda Enmienda: el derecho a tener y portar armas es indispensable para la existencia de un pueblo libre».
Mientras tanto, varios legisladores estatales republicanos aprobaron o propusieron una legislación similar. El miércoles, la legislatura del estado de Wisconsin envió un proyecto de ley al gobernador demócrata Tony Evers que impediría que las leyes federales sobre armas se aplicaran en el estado, pero el proyecto seguramente será vetado por el gobernador.
Por otro lado, el gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, firmó en abril una proclamación que designa a su estado como estado santuario de la Segunda Enmienda.
Varios demócratas y organizaciones de control de armas se han opuesto normalmente a este tipo de legislación, alegando que aumentaría el número de tiroteos masivos y que facilitaría el acceso a las armas de fuego a individuos que no deberían poder poseerlas.
Después de que el gobernador de Misuri, Mike Parson, promulgara una ley que anula las leyes federales sobre armas en el estado, la portavoz de Moms Demand Action, Tara Bennett, dijo que la medida «interferirá con la aplicación de las protecciones críticas que ayudan a mantener a los habitantes de Misuri a salvo de la violencia con armas de fuego».
Y en los últimos días, el gobierno federal ha impulsado cada vez más una legislación de control de armas en medio de un repunte de la delincuencia en todo Estados Unidos, que se ha relacionado con el desfinanciamiento de los departamentos de policía durante el último año en todo el país.
El presidente Joe Biden anunció esta semana un plan para perseguir a los traficantes de armas de fuego que se salten la ley, llamándolos «mercaderes de la muerte». En los últimos días, el presidente y el Departamento de Justicia han intentado relacionar el fuerte aumento de los tiroteos y homicidios en las principales áreas metropolitanas de Estados Unidos con la falta de aplicación de las leyes sobre armas.
«Los encontraremos y buscaremos su licencia para vender armas», dijo Biden en el Comedor de Estado de la Casa Blanca el 23 de junio.
El fiscal general Merrick Garland, que habló antes que Biden, dijo que la mayoría de los comerciantes de armas de fuego con licencia venden a personas que han pasado la comprobación de sus antecedentes.
«Pero aquellos distribuidores que violan la ley voluntariamente aumentan el riesgo de que las armas caigan en manos equivocadas», dijo, caracterizando parte del plan de la administración como un «plan concertado para acabar con los traficantes de armas».
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