Mientras su juicio por cargos de desacato al Congreso estaba en marcha el 5 de septiembre en Washington, el exasistente de Trump, Peter Navarro, dijo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) no quiere ofrecerle un acuerdo de culpabilidad.
“Dejemos que el proceso se desarrolle aquí”, le dijo Navarro a The Epoch Times en una breve y exclusiva entrevista fuera de la sala del tribunal.
Añadió que el Departamento de Justicia no está interesado en ofrecerle un acuerdo de culpabilidad.
Sus comentarios se produjeron cuando el proceso de selección del jurado comenzó a desarrollarse en el primer día del juicio al exasesor comercial de la Casa Blanca en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Ha sido acusado de dos delitos menores de desacato al Congreso.
Al final del día hábil, se habían seleccionado 14 jurados para el juicio. Presumiblemente, 12 de los jurados conocerán el caso y los dos restantes serán suplentes.
Navarro fue acusado de desacato al Congreso en junio de 2022 por no cumplir con una citación del Comité del 6 de enero que existió durante la anterior Cámara controlada por los demócratas. Se declaró inocente de los cargos.
El comité estaba investigando la violación de seguridad al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, que retrasó unas horas la certificación del Congreso a las elecciones presidenciales de 2020. Según se informa, el panel quería preguntarle a Navarro sobre un plan “Green Bay Swamp” que detalló en un libro después de dejar la administración Trump. El plan pedía retrasar que el Congreso certificara al demócrata Joe Biden como ganador de las elecciones.
Los cargos fueron remitidos al Departamento de Justicia de Estados Unidos luego de una serie de votaciones partidistas en la Cámara, entonces dirigida por los demócratas. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, decidió presentar formalmente los cargos que ahora se están abriendo paso en el sistema judicial federal.
Los críticos han denunciado que el comité del Congreso es unilateral y tiene motivaciones políticas. El comité citó a varios exasistentes de la Casa Blanca durante el mandato del expresidente Donald Trump, incluidos Navarro y el antiguo estratega Steve Bannon.
Un jurado federal declaró culpable al Sr. Bannon en julio de 2022 de un cargo de desacato basado en su negativa a comparecer para una declaración y otro cargo relacionado con su negativa a presentar documentos citados por el comité. Fue sentenciado a cuatro meses de prisión y se le ordenó pagar una multa de USD 6500.
Al igual que otros en la órbita del expresidente, Navarro no cumplió con la citación, argumentando que sus comunicaciones con el expresidente y su personal estaban cubiertas por el privilegio ejecutivo, un privilegio que un presidente puede invocar para proteger documentos oficiales.
En una audiencia del 28 de agosto, Navarro le dijo al juez federal Amit Mehta que el presidente Trump había dejado “muy claro” en una llamada telefónica de tres minutos, después de que se emitió la citación, que Navarro no debía testificar ante el comité. Navarro también dijo que le proporcionó este mensaje al comité.
Navarro dijo que el presidente Trump repitió su solicitud en una reunión que tuvo lugar en abril de 2022. “No había duda de que se había invocado el privilegio desde el principio”, dijo.
Navarro presentó una carta escrita por un abogado de Trump después de la acusación que afirmaba que el exasistente estaba obligado a hacer valer el privilegio ejecutivo, pero el propio expresidente no ha presentado pruebas de la afirmación del privilegio en el procedimiento de Navarro.
El juez Mehta, nombrado por el presidente Barack Obama en 2014, habría dicho que se aplica una prueba triple a las reclamaciones de privilegio ejecutivo.
En primer lugar, debe ser invocado por el presidente o alguien autorizado por él. En segundo lugar, debe realizarse después de que el presidente o su representante haya considerado personalmente el asunto. En tercer lugar, no puede afirmarse mediante lo que el juez llamó “mera aquiescencia” o una “afirmación general de privilegio”.
El juez dictaminó que el Sr. Navarro no podría decirle al jurado que el reclamo de privilegio ejecutivo estaba detrás de su decisión de no cumplir con la citación.
El juez Mehta cuestionó por qué Navarro no pudo explicar con precisión lo que dijo el expresidente durante la llamada.
«Todavía no sé qué dijo el presidente», dijo el juez. Añadió que la evidencia que respaldaba las afirmaciones era “una salsa bastante débil”.
Los fiscales dijeron en la audiencia del 5 de septiembre que tenían la intención de llamar a varios testigos.
Uno de ellos fue David Buckley. Una persona con ese nombre era director de personal del comité del 6 de enero y exinspector general de la Agencia Central de Inteligencia, según Ballotpedia.
La defensa dijo que llamaría a varios testigos, incluido el agente especial del FBI Walter Giardina, quien arrestó a Navarro.
Al principio del procedimiento, el Sr. Navarro se representaba a sí mismo. Ahora está representado por el abogado Stanley Woodward, de Brand Woodward Law, en Washington.
A los posibles miembros del jurado se le hizo una serie de preguntas en el tribunal.
Se les preguntó qué habían oído sobre el caso y si habían dicho algo al respecto en las redes sociales. Se les preguntó si tenían reservas o inquietudes acerca de evitar los medios durante el juicio, especialmente el contenido en Internet sobre el caso.
Se les preguntó si tenían familiares o alguien cercano a ellos citados por el Congreso y si sus familiares o amigos cercanos trabajan o han hecho negocios ante el Congreso. Se les preguntó si tenían opiniones sobre el señor Navarro o el presidente Trump. Se les preguntó si acusarían al Sr. Navarro si decidiera no testificar en su juicio.
También se les preguntó si habían leído algo sobre el comité del 6 de enero y si alguien cercano a ellos había trabajado en la profesión jurídica.
Se espera que el juicio, que según el juez Mehta duraría hasta este viernes 8 de septiembre, se reanude el miércoles.
Joseph Lord contribuyó a este artículo.
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