El abogado defensor de un miembro de los Oath Keepers acusado de conspiración sediciosa derivada de los disturbios en el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021, ha presentado una moción para intervenir en una demanda que pretende obligar a la Policía del Capitolio de EE. UU. a publicar más de 14,000 horas de video de las cámaras de vigilancia, teléfonos inteligentes y cámaras corporales de la policía.
Jonathon Moseley, que representa a Kelly Meggs, de Dunnellon (Florida), pretende intervenir en el caso Judicial Watch Inc. contra la Policía del Capitolio de EE. UU., una demanda de 2021 que pretende revelar la mayor parte de las grabaciones de video del 6 de enero, ahora ocultas al público por el sello judicial.
«Habiendo visto los documentos y registros bajo la orden de protección del tribunal, Jonathon Moseley puede testificar y afirmar, y así lo hace, que no hay ninguna razón válida para que los documentos y registros sean retenidos al público», escribió Moseley en una moción del 11 de febrero en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
La jueza de distrito Florence Y. Pan denegó la moción de Moseley para intervenir, dictaminando que no se esforzó lo suficiente para determinar cómo veían su moción Judicial Watch y la Policía del Capitolio de Estados Unidos.
«Los peticionarios no tienen un derecho condicional a intervenir en virtud de un estatuto federal, ni exponen una reclamación o defensa que comparta una cuestión común de derecho o de hecho con la acción principal», escribió Pan.
El Congreso de Estados Unidos está exento de la Ley de Libertad de Información. La Policía del Capitolio de EE.UU., como subsidiaria del Congreso, no está obligada a cumplir la ley de 1966 que, en general, obliga al gobierno federal a revelar los registros y otra información al público que lo solicite.
Judicial Watch demandó a la Policía del Capitolio en enero de 2021 en virtud del derecho de acceso, un principio jurídico según el cual el público tiene derecho a acceder a los registros y documentos públicos.
Judicial Watch demandó la publicación de todos los videos grabados entre el mediodía y las 21 horas del 6 de enero de 2021, y los correos electrónicos entre el equipo ejecutivo de la Policía del Capitolio de EE. UU. y la junta directiva de la policía, así como los correos electrónicos entre la policía y el FBI, el Departamento de Justicia de EE. UU. y el Departamento de Seguridad Nacional.
La Policía del Capitolio presentó una moción alegando que no está obligada a divulgar los registros debido a la inmunidad soberana, una doctrina legal que protege a los gobiernos de ser demandados por daños civiles.
A pesar de la preocupación de la Policía del Capitolio de que la divulgación de los videos revele los medios y métodos de seguridad, Moseley dijo que ve una razón diferente para el secreto.
«No quieren que el público vea que la gran mayoría de lo ocurrido fue muy pacífico», dijo Moseley a The Epoch Times. «Los videos violentos que han mostrado son todos en un solo lugar, o en un patio. Ya sabes, siguen mostrando una y otra vez esta batalla en el arco, que es solo una entrada de un edificio de 700 pies de largo. Así que creo que diluiría su discurso mostrar todo».
Moseley dijo que en una reciente visita al Capitolio organizada por la Fiscalía del Distrito de Columbia, la Policía del Capitolio prohibió a los abogados defensores y a los investigadores fotografiar determinadas zonas, incluidas las cosas visibles desde la calle. También prohibieron fotografiar las galerías de la Cámara de Representantes.
«Lo designaron como no público: no podíamos tomar fotografías de las galerías», dijo Moseley. «Me dije: ‘¿Qué demonios? Estas serán visibles durante el Estado de la Unión para cualquier persona de todo el mundo».
«Así que esa es una de las grandes cosas, su afirmación de que esto comprometería la seguridad del Capitolio, mostrar estas cosas». dijo Moseley. «Es una de las cosas que quería derribar y decir: ‘No pueden esconderse detrás de eso como excusa'».
Moseley expresó su frustración por el hecho de que la divulgación selectiva de videos por parte del gobierno y las condenas casi constantes a los acusados del 6 de enero por parte de algunos juristas y miembros del Congreso hayan afectado al grupo de jurados para los juicios que están programados para comenzar en las próximas semanas y meses. Dijo que solicitará un cambio de sede para el caso Meggs.
«El fiscal general y otros jueces han condenado sin cesar a estos acusados mientras dictaban sentencia», dijo Moseley. «Han hecho comentarios que van más allá del individuo del que hablan, han hecho condenas generalizadas de todos los acusados, la mayoría de los cuales aún no han ido a juicio».
«También existe la preocupación de que la capacidad de elegir lo que se hace público impida un control y un equilibrio en el gobierno y el Congreso», dijo Moseley. «Si supieran que todo es público, podrían ser un poco más cuidadosos con lo que dicen».
El grupo de jurados del Distrito de Columbia ha sido «incurablemente influenciado», escribió Moseley en su moción para intervenir en el caso de Judicial Watch.
«Kelly Meggs, como acusada de un delito, está siendo perjudicada personalmente por el tsunami unilateral de información falsa pero perjudicial», escribió Moseley, «mientras que el gobierno —incluida la Policía del Capitolio de EE.UU.— escoge la información con la que desprestigiar a estos acusados en público y condenarlos en público, mientras retiene una medida igual de información exculpatoria».
En una presentación en el caso de Judicial Watch, Thomas DiBiase, consejero general de la Policía del Capitolio de EE. UU., dijo que la divulgación de las imágenes de video podría proporcionar valiosa información de seguridad a personas que podrían intentar atacar de nuevo el Capitolio.
El video también puede considerarse información de seguridad que es «sensible con respecto a la policía, la protección, la seguridad física, la inteligencia, las acciones antiterroristas o la preparación para emergencias». De las más de 14,000 horas de grabación, solo unas 17 horas hasta la fecha fueron designadas como «información de seguridad», dijo DiBiase.
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