Ohio interpuso el lunes una demanda contra la Administración Biden, que recientemente permitió que el dinero de los contribuyentes fuera utilizado por las clínicas para apoyar los abortos.
A la demanda, encabezada por el fiscal general de Ohio, Dave Yost, se unen otros 11 estados. Los estados buscan restablecer una norma de la Administración Trump para que las clínicas médicas no puedan obtener fondos del Título X, un programa federal de subvenciones, para realizar o remitir abortos.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos del presidente Donald Trump emitió en 2019 una norma que «prohíbe el uso de fondos del Título X para realizar, promover, derivar o apoyar el aborto como método de planificación familiar». La norma también exige «una clara separación financiera y física entre las actividades del Título X y las que no lo son».
La Administración Biden revocó el 4 de octubre la norma de la era Trump, de modo que a partir del 8 de noviembre, las clínicas que reciban fondos federales podrán recomendar a las mujeres embarazadas que aborten.
Yost, un republicano, dijo que el litigio para restablecer la regla de la era Trump es para asegurar en última instancia que las clínicas financiadas por el gobierno federal solo puedan recibir fondos de los contribuyentes para servicios de planificación familiar que no sean el aborto.
«No se puede ‘seguir el dinero’ cuando todo el dinero se vierte en una olla y se mezcla», dijo Yost en una declaración. «La ley federal prohíbe la financiación del aborto por parte de los contribuyentes, y esa ley no significa nada si el dinero federal no se mantiene separado».
Los 11 estados que se unen a la demanda son Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Kansas, Kentucky, Misuri, Nebraska, Oklahoma, Carolina del Sur y Virginia Occidental.
La demanda sigue a una carta que Yost y otros 20 estados enviaron a Salud y Servicios Humanos en mayo, en la que advertían a la Administración Biden que no revirtiera la norma de la era Trump.
El programa de subvenciones para la planificación familiar fue establecido originalmente por el Congreso en la década de 1970 como Título X de la Ley de Servicios de Salud Pública. Su objetivo era proporcionar financiación para ciertos tipos de servicios de planificación familiar previos al embarazo para personas con bajos ingresos.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de 1988, bajo la presidencia de Ronald Reagan, puso en marcha una normativa que prohibía explícitamente a las clínicas que recibían fondos del Título X proporcionar servicios de asesoramiento o recomendaciones sobre el aborto como método de planificación familiar.
Dichas regulaciones fueron suspendidas varios años después durante la administración del presidente Bill Clinton en el año 2000. Los cambios bajo el mandato de Clinton hicieron que las clínicas que recibían fondos del Título X no solo pudieran, sino que estuvieran obligadas a remitir a las pacientes a proveedores de abortos.
Entre 2014 y 2019, el Título X ofreció más de 280 millones de dólares al año a las clínicas que atienden principalmente a personas de bajos ingresos, para proporcionar control de la natalidad y servicios básicos de atención médica.
La norma de la era Trump hizo que Planned Parenthood y varias otras entidades abandonaran el programa de subvenciones.
En ese momento, Planned Parenthood caracterizó la norma como un «ataque directo» a sus servicios de salud reproductiva, que incluyen el aborto. La organización realiza más de 330,000 abortos al año.
Con información de Petr Svab, Janita Kan, Zachary Stieber y The Associated Press.
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