La orden de vacunación aplicada recientemente por la Administración Biden está costando puestos de trabajo y afectando a la economía estadounidense, dijo el representante Ralph Norman (R-S.C.) en una entrevista con NTD.
El 9 de septiembre, el presidente Joe Biden anunció una amplia orden de vacunación contra el COVID-19 para los trabajadores y contratistas federales, y fijó un plazo hasta el 8 de diciembre. Los trabajadores y contratistas federales a los que se aplica la orden no tendrán la opción de someterse a las pruebas semanales de COVID-19 y en su lugar tendrán que vacunarse o solicitar una exención religiosa o médica.
Norman dijo que la orden está creando un «gran problema» en Carolina del Sur, donde los trabajadores esenciales, como los ingenieros, han abandonado sus puestos de trabajo y las familias de los militares se han visto presionadas.
«Afecta su sustento, a la comida en la mesa, por no hablar de su jubilación», dijo Norman. «Es una crisis provocada por el hombre».
Norman también citó a los «millones» de inmigrantes ilegales que entran en Estados Unidos sin necesidad de demostrar que se han vacunado contra el COVID-19 o haber recibido un test negativo.
«Si es tan importante que los estadounidenses se vacunen y hacer que la gente vuelva a perder su trabajo, ¿cómo no va a ser importante para los millones que entran en este país?», dijo Norman.
El presidente Joe Biden ha presidido la que va camino de ser la peor crisis fronteriza de la historia de Estados Unidos en cuanto al número de inmigrantes ilegales con los que se han encontrado los agentes y funcionarios estadounidenses. La cifra superó los 200,000 en julio y agosto.
En septiembre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, defendió la decisión del gobierno de Biden de no exigir resultados negativos en la prueba por COVID-19 ni pruebas de vacunación a las personas que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.
Psaki, en respuesta a la pregunta de un periodista sobre si los agentes de la patrulla fronteriza piden una prueba de vacunación contra el COVID-19 o resultados negativos en las pruebas «si alguien entra en el país, justo al otro lado del río», dijo que la inmigración ilegal no es comparable a los extranjeros que llegan en avión a Estados Unidos.
En agosto, el 40% de los inmigrantes ilegales liberados en la ciudad de Texas habían dado positivo en la prueba por COVID-19.
En cuanto a la aplicación por parte de la Administración Biden de la orden de vacunación para los empleadores con 100 o más empleados, Norman dijo que las empresas privadas están «siendo rehenes» mientras que los sindicatos postales estaban exentos de la orden.
«Ha sido un elegir, ha sido un espectáculo de farsa que esta administración sigue haciendo», declaró Norman. «Dicen una cosa y hacen lo contrario».
Un portavoz del Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés) dijo a The Epoch Times en septiembre que el USPS es una de las agencias que no están obligadas a exigir la vacuna contra el COVID-19.
El USPS, con más de 630,000 empleados, es una agencia independiente del poder ejecutivo.
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