Tres familias de Texas han interpuesto una demanda para impedir que el Estado las investigue por maltrato infantil en relación con las «cirugías de reasignación de género» para niños transgénero.
En la demanda se nombra al gobernador Greg Abbott (R-Texas), al Departamento de Servicios Familiares y de Protección del Estado (DFPS) y a su comisionado Jaime Masters.
Las familias alegan que están proporcionando a sus hijos transgénero «atención sanitaria médicamente necesaria» y han solicitado una orden de restricción temporal y una orden judicial preliminar para detener las investigaciones.
En febrero, Abbott emitió una directiva que ordenaba al DFPS empezar a investigar a los padres de los niños que se someten a «procedimientos de cambio de sexo».
La decisión se basaba en un dictamen jurídico redactado por el fiscal general de Texas, Ken Paxton (pdf), que afirmaba que «los procedimientos o tratamientos no necesarios desde el punto de vista médico y basados en el sexo de un menor» podrían constituir un abuso infantil según la ley de Texas.
Estos procedimientos incluyen orquiectomías, histerectomías, vaginoplastias, faloplastias y mastectomías.
La última demanda se produce en el marco de una batalla legal que evoluciona después de que el Tribunal Supremo de Texas anulara en mayo la decisión de un juez de primera instancia de bloquear en Texas la realización de tales investigaciones.
En su directiva a Masters (pdf), Abbott dijo que ya va en contra de la ley del estado someter «a los niños de Texas a una amplia variedad de procedimientos electivos para la transición de género», citando la opinión legal de Paxton.
Esto incluye procedimientos que «pueden causar esterilización, mastectomías, extirpaciones de partes del cuerpo que de otro modo estarían sanas, y la administración de medicamentos que bloquean la pubertad o dosis suprafisiológicas de testosterona o estrógeno».
El gobernador señaló que los médicos, las enfermeras y los maestros que tienen contacto directo con niños que pueden ser objeto de esos «abusos» están obligados por ley a informar de ellos, o pueden enfrentarse a sanciones.
Las instalaciones con licencia en las que «pueden producirse tales procedimientos» también pueden ser investigadas por los organismos estatales pertinentes, añadió.
«No hay duda de que estos procedimientos son ‘abuso’ según la ley de Texas, y por lo tanto deben ser detenidos. [El DFPS] tiene la responsabilidad de actuar en consecuencia», dijo Abbott. «Haré todo lo posible para proteger contra los que se aprovechan y perjudican a los jóvenes texanos».
La última demanda fue presentada en nombre de las familias por la Unión Americana de Libertades Civiles, Lambda Legal, la ACLU de Texas y el bufete de abogados Baker Botts LLP.
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