Una coalición de policías y bomberos de Oregón demandó a la gobernadora Kate Brown por una orden de vacunación de COVID-19 para los empleados estatales.
Los demandantes —entre los que se encuentran la Orden Fraternal de la Policía de Oregón y la Asociación de Bomberos de Kingsley— argumentaron en una demanda presentada el viernes en un tribunal del condado de Jefferson (pdf) que la orden ejecutiva de Brown viola una serie de leyes y quieren que se bloquee.
«Los demandantes buscan una orden que declare que la OE nº 21-29 es inaplicable porque entra en conflicto con los estatutos de Oregón, daría lugar a un despido improcedente de los demandantes según el derecho común, entra en conflicto con la garantía de la Constitución de Oregón de la libertad de expresión, y entra en conflicto con la garantía de la Constitución de los Estados Unidos de la igualdad de protección, el libre ejercicio y el debido proceso», afirma la demanda.
Brown emitió una orden ejecutiva (pdf) el 13 de agosto que imponía la obligación de vacunarse a todos los empleados del poder ejecutivo. En la orden, Brown dijo que, hasta la fecha, alrededor del 70 por ciento de los empleados del poder ejecutivo del estado se habían vacunado voluntariamente, impulsados en parte por los esfuerzos del estado como la organización de clínicas de vacunación en el lugar y los incentivos financieros.
Citando el aumento de las infecciones por COVID-19 y señalando que tanto los empleadores privados como los públicos de todo Estados Unidos han impuesto órdenes, Brown dijo que era hora de tomar medidas más estrictas en Oregón.
«Con la variante Delta haciendo estragos en Oregón, con la capacidad del estado para volver completamente al trabajo en persona que sigue siendo obstaculizada por los riesgos de COVID-19, habiendo implementado una serie de incentivos destinados a lograr el cumplimiento voluntario, y con la aprobación completa de la FDA de la vacuna COVID-19 que se espera dentro de unas semanas, ha llegado el momento de que cualquier empleado estatal restante y aquellos que trabajan junto a ellos en el gobierno del estado se vacunen», escribió en la orden.
Diez días después de la orden de Brown, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dio la aprobación reglamentaria completa a la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech.
La orden da a los trabajadores del estado de Oregón hasta el 18 de octubre para que presenten pruebas de vacunación o se enfrenten a consecuencias que podrían incluir el despido.
Los demandantes argumentan en la demanda que la aplicación de la orden supondría un despido improcedente, y han pedido al tribunal que la declare ilegal y bloquee su aplicación.
«Los demandantes individuales son empleados del Poder Ejecutivo (…) que quieren ejercer el control sobre su propio tratamiento médico y se ven obligados a elegir entre sus privilegios y libertades como ciudadanos, por un lado, y su empleo, carrera y futuro financiero, por otro», afirma la demanda.
The Epoch Times se puso en contacto con la oficina de la gobernadora para que comentara la demanda.
La portavoz de Brown, Liz Merah, defendió la orden ejecutiva en una declaración a The Associated Press.
«Dada la gravedad de la situación, los requisitos de vacunación de los empleadores se han convertido en una herramienta importante, y el gobierno estatal desempeña un papel. Es fundamental proteger a los trabajadores, los lugares de trabajo y las instalaciones del estado, así como a los miembros del público que utilizan los servicios del estado», dijo al medio.
La demanda se produce en un momento en que Oregón se enfrenta a un fuerte aumento de las infecciones por COVID-19 en las últimas semanas, con una media de siete días de 2222 casos diarios al 2 de septiembre, en comparación con menos de 500 a mediados de julio, según las autoridades sanitarias estatales.
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