Hong Kong registró una nueva ola de casos de COVID-19 la semana pasada, interrumpiendo un período en el cual el total de la ciudad se había estancado en 1000 casos desde mediados de abril. En respuesta a la última oleada de nuevas infecciones en la ciudad gobernada por China, la prensa estatal china se apresuró a culpar de ello a los manifestantes locales, a los ciudadanos de los campamentos de la oposición y a los políticos que se oponen a que Beijing ejerza un control más estricto sobre la ciudad.
Hong Kong fue testigo de un número récord de casos de infección diaria el domingo, cuando los funcionarios de salud locales reportaron 108 nuevos casos.
Eso significa que en una semana, del 13 al 19 de julio, los nuevos casos sumaron un total de 416. En la semana que terminó el 12 de julio, hubo 201 nuevos casos confirmados. Del 29 de junio al 5 de julio, los funcionarios locales de salud reportaron 69 nuevos casos.
La COVID-19 es una enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino), comúnmente conocido como el nuevo coronavirus.
El lunes por la tarde, los funcionarios de salud de Hong Kong informaron que otros 73 pacientes habían dado positivo por COVID-19, lo que eleva el total de la ciudad a más de 1900 casos.
Los medios estatales chinos se apresuraron a culpar del aumento de casos al movimiento de protesta local, iniciado el año pasado por la injerencia de Beijing en los asuntos de la ciudad, y a los políticos que apoyan y defienden la causa.
El domingo por la noche, la agencia estatal china Xinhua publicó un artículo, afirmando que la opinión pública de Hong Kong condenó al grupo de oposición de la ciudad por haber causado el último brote. Otro medio estatal chino, People’s Net, publicó también el artículo de Xinhua.
El artículo de Xinhua afirmaba que las recientes primarias del grupo de la oposición y una reciente marcha eran los acontecimientos que desencadenaron el nuevo brote.
El 1º de julio, grandes multitudes tomaron las calles en Causeway Bay en protesta por la nueva ley de seguridad nacional de Beijing, que fue aprobada formalmente horas antes por la legislatura títere china, la Asamblea Popular Nacional (APN).
La policía detuvo a más de 350 manifestantes y acusó a al menos 10 personas de violar la ley de seguridad nacional, que penaliza a las personas por cualquier acto de subversión, secesión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras, con penas máximas de cadena perpetua.
Las elecciones primarias, organizadas por la asociación política local Poder para la Democracia, se celebraron durante dos días posteriores al 10 de julio, con el objetivo de seleccionar a los candidatos más prometedores que se presentarían a las elecciones legislativas. El grupo de la oposición espera ganar la mayoría (o más de 35 escaños) en la legislatura de la ciudad durante los comicios previstos para el 6 de septiembre.
El Consejo Legislativo de la ciudad no se basa totalmente en un sistema de representación proporcional; la mitad de los escaños son «circunscripciones funcionales», que representan a los sectores empresariales y son votados por las élites, que son mayoritariamente pro-Beijing. Esto ha garantizado históricamente que la legislatura siga siendo mayoritariamente favorable a Beijing.
Los organizadores de las primarias adoptaron medidas para impedir la difusión de la COVID-19, como la prohibición de que más de 50 personas se reunieran en los colegios electorales de todo Hong Kong, en cumplimiento de la normativa gubernamental. Además, se pidió a los votantes que llevaran mascarilla, y se les tomó la temperatura a la entrada del colegio electoral.
Más de 600,000 votantes emitieron sus votos durante las elecciones primarias, según los organizadores.
Xinhua publicó otro artículo en la madrugada del lunes con las mismas acusaciones. Acusó además al grupo de la oposición de «lograr sus objetivos políticos descuidando la seguridad de los ciudadanos locales y convirtiéndose en la mayor laguna en Hong Kong en [relación a] los recientes esfuerzos de prevención de la ciudad».
El segundo artículo de Xinhua fue publicado por el medio estatal chino Global Times.
Pero los expertos sostienen que es el gobierno local pro-Beijing el que ha fallado en promulgar medidas de prevención adecuadas. Dos destacados expertos médicos de Hong Kong —David Hui, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad China de Hong Kong, y Yuen Kwok-yung, microbiólogo de la Universidad de Hong Kong— dijeron a los medios locales que una política fronteriza del gobierno estaba creando lagunas en los esfuerzos de la ciudad por contener la propagación de la COVID-19.
La política exime de la cuarentena obligatoria a ciertos viajeros entrantes procedentes de China continental, Macao y Taiwán a su llegada a la ciudad. Entre estos viajeros se encuentran los conductores de vehículos de transporte de mercancías transfronterizos, los miembros de la tripulación de aviones y ciertos funcionarios, agentes y contratistas del gobierno.
Hui dijo que estas personas exentas eran la razón por la que los funcionarios de salud locales no podían rastrear la fuente de muchos nuevos casos de infección, según el medio local RTHK.
En conversación con el medio local i-Cable News, Yuen sospechó que el «paciente cero» del último brote podría ser un taxista que recogió a pasajeros infectados. El conductor se infectó y transmitió el virus a más personas en Hong Kong.
El último brote también ha puesto en duda si las elecciones para el Consejo Legislativo podrían celebrarse el 6 de septiembre.
La líder de Hong Kong, Carrie Lam, en una conferencia de prensa el domingo por la tarde, dijo que la fecha de las elecciones se mantiene sin cambios. Pero añadió que solo podía decirlo en este momento porque «nadie puede decirme cómo evolucionará la epidemia».
El lunes por la mañana, Tam Yiu-chung, el único representante de Hong Kong en el comité permanente de la APN, dijo a los medios locales que el gobierno de Hong Kong no debería descartar el aplazamiento de las elecciones de septiembre, ya que no podía garantizar que la epidemia estuviera bajo control en ese momento.
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