Presidente del Senado de Arizona: Condado de Maricopa está siendo «tímido» en certificación de auditoría

Los funcionarios del mayor condado de Arizona calificaron en repetidas ocasiones a las empresas que realizaban una auditoría electoral forense allí como no certificadas, incluso promoviendo la idea de que carecían de la certificación de una agencia que no certifica a los auditores.

En respuesta a los equipos de auditoría que buscan más elementos en el Condado de Maricopa para completar la auditoría ordenada por el Senado estatal, el Presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa, Jack Sellers, calificó a los auditores de «no certificados». Él y otros funcionarios del condado han utilizado la palabra muchas veces antes, incluso en un anuncio de que habían votado para reemplazar el equipo de tabulación que los auditores han examinado.

La mayoría de las veces, el organismo que los funcionarios creen que podría certificar a los auditores permanece sin nombre. Pero en una demanda presentada el año pasado en la que se impugnaba la autoridad del Senado para ordenar la auditoría mediante citaciones, los abogados del condado advirtieron del peligro de que la auditoría fuera realizada por un técnico no certificado por la Comisión de Administración Electoral (EAC).

«Una auditoría forense llevada a cabo por un técnico que no esté certificado por la EAC podría anular la certificación y podría hacer que el secretario de estado descertificara el equipo, lo que significaría que no podría ser utilizado en Arizona», se afirma en la demanda. «Las citaciones contemplan una auditoría forense llevada a cabo por el Comité y sus ‘agentes’ (no identificados), pero no se indica que la auditoría sería realizada por un laboratorio de evaluación aprobado por la EAC».

Una portavoz de la EAC, sin embargo, dijo a The Epoch Times en un correo electrónico que, si bien la agencia certifica los sistemas de votación y acredita los laboratorios de pruebas de sistemas de votación, «no certifica o acredita a los auditores o sistemas de auditoría».

La presidenta del Senado de Arizona, Karen Fann, una republicana cuyo caucus ordenó la auditoría, cuestionó la redacción del condado sobre la cuestión de la certificación.

Fann dijo que se puso en contacto con la Comisión Federal de Elecciones para tratar de obtener una lista de auditores electorales certificados, pero se le dijo que no hay tales auditores certificados.

«Aquí es donde la Junta de Supervisores está siendo tímida con el público. Saben que no hay auditores certificados y también saben que las dos empresas que contrataron solo están autorizadas a certificar las máquinas. Así que, aunque digan que han realizado dos auditorías, eso es, por lo menos, una declaración errónea», escribió en un correo electrónico.

Después de declarar precisos los resultados de las elecciones y certificar los resultados el 20 de noviembre de 2020, y de demandar al Senado estatal para tratar de detener la auditoría, la junta del condado aprobó en enero una revisión de la tabulación de las boletas por parte de Pro V&V y SLI Compliance, dos laboratorios acreditados por la EAC. Las empresas comprobaron la configuración de los equipos y su puesta en marcha. Concluyeron que las máquinas utilizaban software certificado, no contenían hardware malicioso y no estaban conectadas a Internet.

Los auditores y los senadores de Arizona afirman que la auditoría ordenada por el Senado es mucho más amplia e implica la comprobación de más aspectos de las máquinas.

Un portavoz del condado dijo a The Epoch Times que el condado nunca afirmó que Pro V&V y SLI fueran auditores certificados, sino que dijo que, al estar acreditados, podían trabajar con las máquinas sin riesgo de descertificación.

«Los contratistas elegidos por el liderazgo del Senado no son ni auditores ni laboratorios de verificación de sistemas de votación y no habrían sido considerados para las auditorías realizadas por el Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa», dijo en un correo electrónico. Los auditores «no están cualificados ni formados para este tipo de trabajo», añadió.

Al preguntarle sobre el origen de esas acusaciones, el portavoz señaló el testimonio de los auditores durante la audiencia del jueves y en los documentos que presentaron al Senado cuando persiguieron el contrato.

«Sus cualificaciones declaradas son, en general, sobre ciberseguridad y forense digital, no sobre auditoría o elecciones», dijo.

Cyber Ninjas se describe a sí misma en uno de los documentos en cuestión como «una empresa de ciberseguridad centrada en la seguridad de las aplicaciones y el hacking ético». Dice que tiene «amplia experiencia» trabajando con Dominion Voting Systems, cuyas máquinas se utilizan para contar las boletas y realizar otras funciones relacionadas con las elecciones en Arizona. Y sus socios, añadió, tenían experiencia en la adquisición forense digital y en la aplicación de procedimientos de recuento manual de boletas.

Fann dijo a The Epoch Times que no puede recordar la primera vez que se habló de Cyber Ninjas, pero que la empresa fue recomendada cuando ella y otros senadores hicieron llamadas a personas de otros estados que hablaban de auditorías junto con otras investigaciones.

«Las empresas con las que hablamos nos confirmaron que no hacían auditorías completas, pero algunas tenían experiencia para hacer partes específicas de una auditoría. Por cada contacto que hice, les pregunté si podían recomendarme otras empresas o personas con experiencia en este campo. En este proceso surgió el nombre de Doug Logan junto con muchas otras referencias», dijo, y añadió que le dijeron que Logan, director general de Cyber Ninjas, estaba trabajando en asuntos relacionados con las elecciones en el condado de Antrim, en Michigan, y en el de Fulton, en Georgia.

«El Sr. Logan confirmó todo lo que habíamos oído de otras personas y dijo que estaría encantado de elaborar una propuesta de auditoría forense mediante la creación de un equipo de expertos y empresas con experiencia para realizar las distintas fases», dijo Fann.

Logan se enfrentó especialmente a las críticas de los opositores a la auditoría por compartir una publicación en Twitter en la que decía que hubo fraude en las elecciones y que los republicanos «creen con razón que les robaron los votos». En una publicación de su autoría, Logan utilizó los hashtags «stopthesteal» y «fightback» al afirmar que había paralelismos entre las elecciones supuestamente fraudulentas en Venezuela y las elecciones de 2020 en Estados Unidos.

En una conferencia de prensa en abril, justo antes de que comenzara la auditoría, Ken Bennett, exsecretario de Estado republicano de Arizona, dijo a los periodistas que «si nos preguntan sobre tuits de hace tres meses, o sus opiniones o lo que sea, probablemente intervenga y diga que hablaremos de los procedimientos y del recuento de las boletas».

«Como he dicho muchas veces a muchos de ustedes y a otros en la prensa, no estamos aquí para auditar las opiniones del señor Logan sobre cualquier cosa o las opiniones de cualquier otra persona, estamos aquí para auditar las boletas, los sobres, todo lo que estuvo involucrado en la elección de Maricopa en noviembre de 2020», agregó Bennett, encargado del enlace de la auditoría en el Senado de Arizona.

Logan dijo a los periodistas que la auditoría se centró en la transparencia y la rendición de cuentas, señalando cómo las cámaras estaban transmitiendo en vivo desde el coliseo los siete días de la semana, las 24 horas del día. John Brakey, un demócrata que dirige el grupo de transparencia electoral AUDIT USA, y que se desempeña como asistente de Bennett, calificó el proceso de auditoría como «impresionante».

Los críticos también señalaron que el costo total de la auditoría no es público, aunque eso podría cambiar después de que un juez rechazara esta semana los intentos del Senado de Arizona de mantener protegidos algunos documentos.

El condado se ha resistido repetidamente a cooperar con la auditoría, incluyendo su continua negativa a entregar los routers o las imágenes de los mismos. También se negó a permitir que los auditores utilizaran las instalaciones del condado para llevar a cabo la auditoría, una decisión tomada debido a las preocupaciones logísticas debido a las elecciones municipales que se celebran en marzo y mayo y las preocupaciones sobre las empresas que el Senado estatal eligió, dijo el portavoz del condado.

En su lugar, el condado envió sus 385 tabuladores, casi 2.1 millones de boletas y otros elementos al Veterans Memorial Coliseum para que los auditores pudieran examinarlos allí.

La secretaria de Estado de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, utilizó más tarde el hecho de que el equipo saliera de la posesión del condado como justificación para amenazar con descertificar las máquinas si el condado intentaba utilizarlas en futuras elecciones. Los funcionarios del condado estuvieron de acuerdo con sus preocupaciones y votaron esta semana para reemplazar las máquinas, que son alquiladas a Dominion.

Durante la audiencia de esta semana, Fann y los auditores cuestionaron por qué Hobbs creía que un examen forense realizado por un laboratorio acreditado «no puede garantizar la localización de todos los problemas potenciales» de la evaluación de los auditores.

«¿Cómo puede decir la secretaria de Estado que no puede certificar que las máquinas no fueron manipuladas cuando supuestamente tenemos gente que certifica, gente que viene a certificar que las máquinas no son manipuladas? No tiene sentido», dijo Fann.

«Ciertamente entiendo su confusión y la comparto con usted», respondió Ben Cotton, director general de CyFIR, un subcontratista que se encarga de la parte digital del examen forense.

«Esa posición de que deben reemplazar todo el equipo de votación está en desacuerdo con las declaraciones públicas que hicieron los funcionarios del condado de Maricopa tras las dos auditorías independientes que realizaron a principios de este año».

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