Los representantes James Comer (R-Ky.), Jim Jordan (R-Ohio) y Jason Smith (R-Mo.), que dirigen tres importantes grupos de la Cámara de Representantes, publicaron el 28 de junio una declaración conjunta en la que prometían una investigación completa de las acusaciones de un informante formuladas contra la investigación Hunter Biden del Departamento de Justicia.
Cada uno de los tres ha dirigido diferentes investigaciones sobre la familia y el gobierno del presidente Joe Biden a través de sus respectivos paneles.
Comer dirige el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, que ha estado investigando los negocios de la familia Biden y la presunta trama de tráfico de influencias en el extranjero.
Jordan, a través del Subcomité Selecto del Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre el Uso como Arma del Gobierno Federal, ha estado investigando las acusaciones de que Biden ha «usado como arma» la aplicación de la ley federal contra sus rivales políticos.
Smith, que preside el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, es el legislador que más recientemente ha entrado en el campo de la investigación, al revelar el 22 de junio asombrosas revelaciones del supervisor y agente especial del IRS Gary Shapley, que denunció que el IRS y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) habían dado a Hunter Biden un «trato preferente«, interfiriendo en la investigación para proteger al hijo del presidente de que se emitieran órdenes de registro o se presentaran cargos contra él.
El 28 de junio, los tres legisladores anunciaron en una declaración conjunta que «[proseguirían] una investigación exhaustiva de esta conducta indebida para ofrecer la transparencia y la rendición de cuentas que el pueblo estadounidense exige y merece».
«La politización y la mala conducta en el Departamento de Justicia y el IRS durante la investigación sobre Hunter Biden revelan un sistema de justicia de dos niveles y una aplicación desigual de la ley. Según el testimonio de un informante, el Departamento de Justicia se negó a seguir las pruebas que implicaban a Joe Biden, avisó a los abogados de Hunter Biden, permitió que se agotara el tiempo con respecto a ciertos cargos y puso al defraudador fiscal Hunter Biden en el camino hacia un acuerdo de culpabilidad ventajoso», escribieron los congresistas.
Shapley dijo a la Comisión de Medios y Arbitrios —la primera en escuchar su testimonio debido a una sección del Código del IRS que sólo permite a esa comisión escuchar y dar a conocer al pleno de la Cámara las denuncias de los denunciantes— que el DOJ «obstaculizó» la investigación sobre los Biden por motivos políticos.
«En cada etapa se tomaron decisiones que tuvieron el efecto de beneficiar al objeto de la investigación [Hunter Biden]», dijo Shapley. «Estas decisiones incluían ralentizar los pasos de la investigación, no permitir que se ejecutaran las acciones de aplicación, limitar la línea de interrogatorio de los testigos por parte de los investigadores, engañar a los investigadores sobre la autoridad de acusación, retrasar todas y cada una de las acciones meses antes de las elecciones».
En otra parte de su testimonio, Shapley dijo: «Después de que el ex vicepresidente Joe Biden se convirtiera en el presunto candidato demócrata a la presidencia a principios de abril de 2020, los funcionarios de carrera del DOJ dieron largas para que el IRS tomara estas medidas de investigación».
En uno de los casos, los investigadores del IRS habrían podido autentificar un mensaje de WhatsApp en el que Hunter Biden exigía aparentemente un pago a un socio chino. En el texto, Hunter Biden decía que su padre estaba en la habitación e invocaba el nombre de su padre para amenazar a la persona.
Shapley dijo también que la fiscal adjunta Lesley Wolf dijo a los investigadores del IRS que, dado que las pruebas necesarias para la investigación se encontrarían en una casa de invitados propiedad de Joe Biden, «no hay forma» de que se apruebe una orden de registro de pruebas.
Además, los abogados de Hunter Biden habrían recibido «información crucial» sobre la investigación, según Shapley.
En ese caso, los abogados fueron informados de que el IRS tenía conocimiento de los documentos almacenados en una unidad de almacenamiento del norte de Virginia, lo que les dio tiempo para retirar cualquier documento que pudiera utilizarse en el caso contra su cliente, dijo.
En última instancia, Hunter Biden obtuvo un acuerdo de culpabilidad que suscitó duras críticas de los republicanos, muchos de los cuales lo calificaron de «trato con favoritismo».
Según el denunciante, el IRS recomendó en última instancia tres cargos contra Hunter Biden en relación con los 2.2 millones de dólares de ingresos no declarados procedentes de fuentes extranjeras: un delito grave de intento de eludir los cargos fiscales, la realización de declaraciones fraudulentas o falsas y el incumplimiento intencionado de la obligación de presentar declaraciones, facilitar información o pagar impuestos, cargos graves que podrían llevar a un estadounidense, en caso de condena, a la cárcel durante años.
La semana pasada, el Departamento de Justicia anunció que Hunter Biden había aceptado declararse culpable de dos delitos fiscales menores y admitió poseer ilegalmente un arma de fuego a pesar de ser consumidor de drogas, una medida que probablemente le evitará ir a la cárcel.
Comer, Jordan y Smith afirmaron que estas acusaciones, junto con el acuerdo de declaración de culpabilidad, constituyen «una burla del valor fundamental estadounidense de la igualdad de justicia ante la ley».
«Este uso como arma del poder federal de aplicación de la ley en beneficio de los Biden se suma a la creciente desconfianza de los estadounidenses en nuestras instituciones», escribieron. «Si queremos seguir siendo un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, el Congreso tiene el deber de llevar a cabo una supervisión rigurosa de este abuso de poder y exigir responsabilidades a los malos actores».
Los altos funcionarios relacionados con las acusaciones las han negado.
El fiscal general Merrick Garland dijo que cualquier acusación de conducta indebida o extralimitación del DOJ en el caso de Biden era infundada.
Después de que la Casa Blanca declinara inicialmente hacer comentarios sobre las acusaciones, Biden reiteró el 28 de junio su afirmación, repetida desde hace tiempo, de que no tuvo ningún papel en los negocios de su hijo.
Es probable que Comer, Jordan y Smith se enfrenten a la presión de los demócratas del Congreso, que hasta ahora han evitado en gran medida comentar el asunto. Por otra parte, los demócratas han sugerido que las investigaciones dirigidas por los republicanos contra el presidente son políticas y pretenden dañar su imagen.
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