La Coordinación Nacional de Protección Civil explicó este jueves por qué tomó la decisión de finalizar la declaratoria de emergencia en Acapulco y Coyuca, tras los daños causados por el huracán Otis.
Esto luego de que horas antes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana diera por concluida la declaratoria de emergencia a causa del huracán categoría 5 que azotó en la costa de Guerrero, el pasado 24 de octubre. La declaratoria incluía a los dos municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez—aunque inicialmente contempló a 47 entidades guerrerenses.
Protección Civil argumentó que retiró la declaratoria de emergencia, sustentándose en el artículo 2, fracción XVIII de la Ley General de Protección Civil, que «define como emergencia a la situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador».
«Se aclara que, en Acapulco no se mantiene una situación que pudiera causar daño a la población o a sus bienes, ya que: No existe riesgo a la población por los efectos de viento o lluvia severa que pudiera causar inundaciones. No se registran áreas inundadas o susceptibles a sufrir daños desde el pasado 24 de octubre y hasta la fecha de la publicación de la conclusión de dicha situación», explica a través de un comunicado.
Asimismo, refirió que tras la conclusión del estado de emergencia se dio paso a la etapa de recuperación de las dos entidades a través del «Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el Huracán Otis», señalando como una «falsa premisa» la vinculación de una situación de emergencia a los procesos de recuperación y reconstrucción de las demarcaciones.
La coordinación agregó que la etapa de reconstrucción se llevará a cabo con la participación directa del gobierno federal a través de: la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); la Secretaría de Marina (SEMAR); la Guardia Nacional; la Secretaría de Bienestar; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; la Secretaría de Educación; la Secretaría de Salud; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Pemex; la Coordinación Nacional de Protección Civil; la CONAGUA y COFEPRIS.
Protección civil además reiteró lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando que «no existe límite de recursos», para continuar con el abastecimiento de comida, agua potable, enseres y apoyos económicos en las viviendas afectadas, que fueron censadas por el programa Bienestar en Acapulco y Coyuca.
El 2 de noviembre, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió la declaratoria de desastre natural para 47 municipios del estado Guerrero, incluidos Acapulco y Coyuca. Pero al día siguiente se corrigió la medida en el DOF, quedando solo estos dos últimos municipios con declaratoria de emergencia.
Este 9 de noviembre, siete días después de ser emitida la declaratoria de emergencia, el DOF publicó el aviso de finalización de la misma.
Luego de 17 días de que Otis tocara tierra convirtiéndose en menos de 12 horas en huracán categoría 5, el gobierno federal ha registrado hasta el momento 48 personas fallecidas y 31 personas desaparecidas. Además reportó el censo de 232,345 viviendas, pequeños y medianos comercios afectados.
El gobierno mexicano estimó la semana pasada en 61,313 millones de pesos (más de 3500 millones de dólares) el costo para las reparaciones y apoyos sociales en el sureño estado de Guerrero.
Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó este jueves en lo general y particular el presupuesto de egresos 2024 de más de 9 billones de pesos, algo que celebró López Obrador.
Aunque el presupuesto no contempla recursos inmediatos para atender los daños ocasionados por el huracán en Guerrero, a pesar de que los diputados aprobaron la propuesta de modificación del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (Morena), para destinar los recursos derivados de los fideicomisos provenientes del Poder Judicial para atender los daños causados por Otis. Pues estos están bloqueados, luego que una jueza federal otorgara este martes la más reciente suspensión provisional a la extinción de los fideicomisos del PJF.
AMLO instó a Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la entrega de los 15,000 millones de pesos del presupuesto de los fideicomisos del Poder Judicial para destinarlos a los afectados por Otis, diciendo «no veo claro». «Tenemos recursos, pero ayudaría», señaló.
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