La Cámara de Representantes acaba de aprobar la gigantesca Ley de Autorización de Gastos de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) de 858,000 millones de dólares, una ley anual de obligado cumplimiento que establece los niveles de gasto en defensa.
A continuación, vea lo que contiene y lo que quedó fuera.
Derogación del mandato de vacunación para los militares
En una importante victoria para los republicanos y los críticos de las políticas relacionadas con el COVID-19 del presidente Joe Biden, la iteración de este año de la NDAA incluirá la derogación de un mandato de vacunación para los miembros del servicio militar.
Biden anunció en agosto de 2021 que todos los empleados federales, incluidos los miembros del servicio militar, estarían obligados a aplicarse la vacuna contra el COVID-19 o perderían su trabajo, a pesar de la escasez de pruebas a largo plazo sobre la vacuna.
Los republicanos se opusieron al mandato desde el principio, calificándolo de violación de la libertad personal de los ciudadanos para tomar sus propias decisiones médicas.
En un principio, los militares que se negaran a recibir la vacuna podían enfrentarse a consecuencias que incluían un consejo de guerra y la baja deshonrosa. Una baja deshonrosa, aproximadamente el equivalente militar de una condena por delito grave, puede afectar gravemente la vida de un militar, ya que muchos empleadores ni siquiera se plantean contratar a alguien con una baja militar no honorable.
El año pasado, el Senado aprobó un borrador de la NDAA que prohibía al Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) dar una baja deshonrosa a miembros del servicio únicamente por negarse a recibir la vacuna.
Sin embargo, el mandato siguió en vigor. Incluso después de que Biden declarara audazmente que «la pandemia ha terminado», el Pentágono se negó a ceder en sus requisitos de vacunación.
Pero en las últimas semanas, los republicanos han intensificado sus esfuerzos para derogar el mandato de una vez por todas.
Después de que empezaran a circular rumores de que la NDAA anularía el mandato, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (R-Calif.) —el favorito en la carrera por la presidencia del 118º Congreso— prometió durante una aparición en el programa «Sunday Morning Futures» de Fox Business Network que su grupo no aprobaría el proyecto de ley a menos que pusiera fin al mandato de vacunación.
“Nosotros aseguraremos la suspensión de esas órdenes de vacunación sobre nuestros militares porque lo que estamos encontrando es que estas están echando a los hombres y mujeres que han estado en servicio”, dijo McCarthy. “Esa es la primera victoria que tiene que tener una mayoría republicana y nos gustaría tener más de esas victorias, por lo que deberíamos empezar a moverlas ahora”.
Los demócratas cedieron en este asunto, dando a los republicanos una importante victoria política.
La aprobación del proyecto de ley en la cámara baja se produjo pocos días después de que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, expresara su deseo de seguir imponiendo el mandato.
“Perdimos un millón de personas por este virus”, declaró Austin a la prensa, a pesar de que los estudios y los datos han demostrado que la gran mayoría de las personas que murieron a causa del COVID-19 eran ancianos o tenían el sistema inmunitario comprometido. “Un millón de personas murieron en Estados Unidos. Perdimos cientos en el Departamento de Defensa. Así que este mandato ha mantenido a la gente sana”.
Tras la incorporación de la enmienda que pone fin al mandato, el senador Rand Paul (R-Ky.), uno de los más críticos con el dictado de Biden, aplaudió el resultado.
«Este es un gran día para nuestros hombres y mujeres en el ejército», dijo Paul en un tuit. «Hemos ganado, y la NDAA será modificada para respetar la autonomía médica y la libertad religiosa».
«Estos jóvenes hombres y mujeres están dispuestos a poner sus vidas en juego, y ahora nos hemos presentado para decir que merecen ser tratados con respeto», dijo Paul en una rueda de prensa.
La senadora Marsha Blackburn (R-Tenn.), otra de las principales defensoras de la enmienda, también aplaudió el proyecto de ley como «una gran victoria para nuestros soldados».
No se reincorporará a los soldados
Aunque el proyecto de ley anulará el mandato de Biden, las esperanzas de que el proyecto reincorporara a quienes fueron expulsados del ejército por negarse a vacunarse no fructificaron.
Según datos del Departamento de Defensa, 3717 marines, 1816 soldados y 2064 marineros han sido dados de baja por negarse a vacunarse contra el COVID-19, aunque a una pequeña parte se le ha permitido permanecer en servicio debido a exenciones religiosas o médicas.
Hasta el 1 de diciembre, más de 11,500 miembros del Ejército, la Guardia Nacional del Ejército y la Reserva del Ejército se habían negado a vacunarse contra el COVID-19, reportó Axios, mientras que el 97 por ciento del personal activo del Ejército recibió la vacuna.
En una entrevista exclusiva con The Epoch Times, el teniente coronel de las Fuerzas Aéreas Adam Conrad, que pidió que se cambiara su nombre para protegerse de las represalias del Departamento de Defensa, dijo que «nunca había visto la moral tan baja» como después de la imposición del mandato.
Varios cuerpos militares han estado luchando por cumplir sus objetivos de reclutamiento en parte por el mandato de la vacuna, con el Ejército de EE. UU. alcanzando solo el 75 por ciento de su objetivo de reclutamiento de 60,000 para este año, según la secretaria del Ejército Christine Wormuth.
Sin embargo, la NDAA no reincorporará a los soldados que fueron retirados por oponerse a recibir la vacuna experimental.
En una declaración tras la aprobación del proyecto de ley, McCarthy aplaudió el fin del mandato y sugirió que los republicanos seguirán trabajando para reincorporar a los miembros del servicio dados de baja cuando tomen el control de la cámara baja en enero.
«El fin del mandato militar del presidente Biden sobre la vacuna COVID es una victoria para nuestros militares y para el sentido común», dijo McCarthy. «La semana pasada, le dije directamente al presidente: es hora de poner fin al mandato de la vacuna COVID y volver a contratar a nuestros miembros del servicio».
«Aunque aplaudo el fin de este oneroso mandato, la Administración Biden debe ir más allá. Desafortunadamente, el mandato ya ha tenido consecuencias negativas para nuestros militares», dijo McCarthy, citando las dificultades que los militares han enfrentado en el reclutamiento.
«Estos héroes merecen justicia ahora que el mandato ya no existe», continuó. «La Administración Biden debe corregir los registros de servicio y no obstaculizar el reenlistamiento de ningún miembro del servicio dado de baja simplemente por no aplicarse la vacuna COVID».
«No nos equivoquemos: es una victoria para nuestros militares. Pero en 28 días empieza el verdadero trabajo: la nueva mayoría republicana de la Cámara de Representantes trabajará para que la Administración Biden rinda cuentas por fin y ayude a los hombres y mujeres de uniforme que fueron injustamente atacados por esta Administración».
Sin embargo, puede que sea una promesa difícil de cumplir, ya que los demócratas conservan la cámara alta y tendrán una influencia sustancial sobre la mayoría republicana de la Cámara de Representantes.
Otro millón de dólares de Dole para Ucrania
El proyecto de ley también concederá otros 800 millones de dólares de los contribuyentes a la Iniciativa de Asistencia a la Seguridad de Ucrania como parte del esfuerzo de Estados Unidos para ayudar a Ucrania a defenderse de una invasión rusa en curso.
Estados Unidos ya ha enviado unos 68,000 millones de dólares en ayuda humanitaria y militar a Ucrania en tres grandes paquetes.
El primer paquete de ayuda, aprobado como parte de la ley general de gastos de 1.5 billones de dólares para el año fiscal (FY) 2022, envió a Ucrania 13,600 millones de dólares. En mayo, el Congreso aprobó otro proyecto de ley independiente que concedía a Ucrania 40,000 millones de dólares. De nuevo en septiembre, se enviaron a Ucrania otros 13,700 millones de dólares.
Aunque la asignación es menor que la de anteriores donaciones, los estadounidenses no saben exactamente cómo está utilizando Ucrania la ayuda.
De forma alarmante, los reportes indican que las armas adquiridas con fondos de los contribuyentes han acabado en lugares tan lejanos como Nigeria, en manos de grupos terroristas.
El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, declaró durante una cumbre de líderes africanos que «la guerra desenfrenada en Ucrania sirve como fuente principal de armas y combatientes que refuerzan las filas de los terroristas en la región del lago Chad».
Y añadió: «Una parte sustancial de las armas y municiones adquiridas para llevar a cabo la guerra en Libia sigue llegando a la región del lago Chad y a otras partes del Sahel. Las armas utilizadas para la guerra en Ucrania y Rusia también están empezando a filtrarse a la región».
Por todo ello, han aumentado las solicitudes entre los republicanos para que se audite el uso que hace Ucrania de los fondos de los contribuyentes.
Durante una audiencia celebrada el 9 de diciembre en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, una medida propuesta por la representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) para auditar la nación de Europa del Este fue rechazada por los demócratas.
«El pueblo estadounidense merece total transparencia y supervisión de dónde ha ido a parar el dinero de sus impuestos, que tanto les ha costado ganar, y por eso debemos auditar a Ucrania», dijo Greene en un posteo en Twitter tras la votación.
«Una auditoría no está a favor o en contra de Ucrania, simplemente es lo correcto».
La cifra de 800 millones de dólares está muy lejos de los 37,700 millones de dólares en ayuda adicional para Ucrania solicitados por la Casa Blanca a finales de noviembre.
Silencio sobre la política abortista del Pentágono
El proyecto de ley no aborda una política anunciada recientemente por el secretario de Defensa Austin, según la cual el dinero de los contribuyentes se utilizaría para financiar los gastos de viaje de las mujeres militares para someterse a abortos.
Esta política responde a la decisión de la Corte Supremo en el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, en el que el tribunal anuló el caso Roe contra Wade. Como resultado de esta decisión, el derecho a regular los abortos se ha devuelto a las legislaturas estatales por primera vez en casi 50 años.
Austin argumentó que, dado que los militares a menudo tienen que viajar por motivos de trabajo, no se les debe restringir la posibilidad de abortar si están estacionados en un estado con leyes más restrictivas sobre el aborto.
«Nuestros militares y sus familias a menudo tienen que viajar o desplazarse para cumplir con nuestros requisitos de personal, operativos y de formación. Estos traslados no deben limitar su acceso a la atención sanitaria reproductiva», escribió Austin en una nota de octubre.
Sostuvo que los «efectos prácticos de los cambios recientes» perjudicarían la preparación militar.
«A mi juicio, tales efectos se consideran circunstancias inusuales, extraordinarias, difíciles o de emergencia para los miembros del Servicio y sus dependientes, e interferirán con nuestra capacidad para reclutar, retener y mantener la preparación de una fuerza altamente cualificada», escribió.
Los republicanos se apresuraron a criticar la decisión.
El senador Roger Marshall (R-Kansas) la calificó de «indignante» y exigió que el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, permitiera la votación de una enmienda para prohibirla.
Aunque el texto del proyecto de ley no da luz verde activamente a esta política, tampoco contiene disposiciones que la prohíban.
El Pentágono dispone de un amplio margen de maniobra para utilizar los fondos que le concede cada año la NDAA. Aunque se asignan grandes cantidades para fines específicos, una gran proporción de estos fondos de los contribuyentes se deja a la discreción del Pentágono para que los gaste como quiera.
Esto significa que, si el proyecto de ley se aprueba sin ninguna prohibición de la política, los contribuyentes se encontrarán indirectamente pagando la factura de los abortos en contravención de una ley existente conocida como la enmienda Hyde, que restringe el uso de fondos federales para abortos.
Fracasa el proyecto de ley sobre medios de comunicación de Klobuchar
Se rechazó el intento de la senadora demócrata Amy Klobuchar de incluir en el paquete un polémico proyecto de ley.
La legislación, bautizada como Ley de Competencia y Protección del Periodismo (JCPA, por sus siglas en inglés), reemplazaría algunas leyes antimonopolio existentes y permitiría a las empresas de medios de comunicación unirse para negociar con las plataformas de las grandes empresas tecnológicas, como Facebook, Google y Twitter.
Los críticos han advertido de que el proyecto de ley permitiría a las grandes empresas tecnológicas y a los medios de comunicación tradicionales coludirse en detrimento de las publicaciones más pequeñas e independientes.
El proyecto de ley fue aprobado por la Comisión Judicial del Senado el 22 de septiembre, pero apenas ha avanzado desde entonces.
El esfuerzo de Klobuchar por incluir el proyecto de ley de no defensa en el paquete de defensa fue probablemente un último esfuerzo para aprobar la legislación antes de la expiración del 117º Congreso.
El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, favorito en la carrera por la presidencia —un cargo con amplia autoridad unilateral sobre lo que se somete a votación y lo que no— ha expresado su oposición al proyecto de ley, calificándolo de «antítesis del conservadurismo».
En un tuit del 6 de diciembre, el senador Mike Lee (R-Utah) también expresó su oposición al proyecto de ley.
«La JCPA no tiene nada que ver con la seguridad nacional», escribió Lee. «Su inclusión en la NDAA es un último esfuerzo para silenciar las voces conservadoras y el periodismo independiente».
Calificó el esfuerzo de Klobuchar por incluirla en el proyecto de ley como «un intento desesperado de los demócratas por aprobar la legislación durante la última sesión del Congreso».
«No tiene nada que ver con la seguridad nacional y todo que ver con silenciar las voces conservadoras y el periodismo independiente», añadió Lee.
«No dejen que los demócratas desesperados cuelen la JCPA en la NDAA».
A menos que Klobuchar pueda conseguir que el proyecto de ley se adjunte al proyecto de ley general de gastos pendiente para el año fiscal 2023, que debe aprobarse antes del 16 de diciembre para evitar un cierre del gobierno, es poco probable que el proyecto de ley avance durante el próximo Congreso.
Ausencia de la reforma de permisos propuesta por Manchin
También está ausente de la NDAA una propuesta del senador Joe Manchin (D-W.Va.) que modificaría la normativa sobre permisos para combustibles fósiles.
La propuesta de Manchin facilitaría que las nuevas empresas de combustibles fósiles recibieran luz verde federal. En la actualidad, estos proyectos pueden tardar años en ponerse en marcha debido a la burocracia federal y a las estrictas normas medioambientales.
Manchin lleva tiempo impulsando cambios para agilizar este proceso, una presión que ha intensificado a medida que los precios de la energía han seguido disparándose en los últimos dos años.
Pero ha recibido un inesperado rechazo no solo del ala izquierda de su propio partido, sino también de los republicanos.
En un tuit del 6 de diciembre, Manchin criticó a los miembros de ambos partidos por jugar a la «política tribal tóxica» con la reforma de los permisos mientras los estadounidenses se preparan para unos costes energéticos mucho más altos en pleno invierno.
«Nuestra infraestructura energética está siendo atacada y la seguridad energética de Estados Unidos nunca ha estado tan amenazada», dijo Manchin. «No aprobar la reforma bipartidista de los permisos energéticos que tanto republicanos como demócratas han pedido tendrá consecuencias a largo plazo para nuestra independencia energética».
«El pueblo estadounidense pagará el precio más alto porque Washington, una vez más, no pone la política de sentido común por delante de la política tribal tóxica», añadió Manchin. «Esta es la razón por la que el pueblo estadounidense odia la política en Washington».
En otra declaración al día siguiente, Manchin repitió esta exigencia.
«No aprobar la reforma bipartidista e integral de los permisos energéticos que nuestro país necesita desesperadamente no es una opción aceptable. A medida que nuestra seguridad energética se ve más amenazada cada día, los estadounidenses exigen que el Congreso deje de lado la política y actúe con soluciones de sentido común para resolver los problemas a los que nos enfrentamos».
«El Senado debe votar para enmendar la NDAA para garantizar que se incluya la reforma de permisos integral y bipartidista que nuestro país necesita desesperadamente», escribió Manchin en el tuit.
Pero a pesar del consenso bipartidista sobre la necesidad de una reforma de los permisos, Manchin ha luchado por sacar adelante la medida.
Como parte de un acuerdo privado para conseguir el apoyo de Manchin a la Ley de Reducción de la Inflación de 740,000 millones de dólares, Schumer prometió a Manchin que la reforma de los permisos se abordaría antes de finales de año.
En septiembre, Manchin intentó, sin éxito, incluir la reforma de los permisos en la resolución de continuidad a corto plazo que mantuvo el gobierno en funcionamiento.
Tras el fracaso de este intento, centró su atención en la NDAA como posible vehículo para la legislación.
Pero Manchin ha recibido críticas al respecto, no solo de miembros progresistas de su propio partido como el senador Bernie Sanders (I-Vt.), sino también de los republicanos, que han dicho que no ayudarán al «plan de venganza política» de los demócratas, en palabras del senador Lindsey Graham (R-S.C.).
«Ni siquiera hemos hablado de ello porque no es una opción», declaró a la prensa el senador Mike Rogers (R-Ala.), uno de los principales negociadores de la NDAA.
El senador saliente Jim Inhofe (R-Okla.) tuvo la misma actitud, expresando su oposición a incluir una cláusula de este tipo en el proyecto de ley.
Como en el caso de la propuesta de Klobuchar, esto significa probablemente que la última oportunidad de Manchin para aprobar su reforma de los permisos será el proyecto de ley de gastos que aún se está negociando a nivel bicameral.
Oposición
El proyecto se ha enfrentado a la oposición de miembros de ambos partidos.
Entre los 80 legisladores que expresaron su oposición al proyecto había 35 republicanos y 45 demócratas.
En un video posteado en su cuenta de Twitter, el representante Andy Biggs (R-Calif.) explicó por qué se encontraba entre los 80 miembros que votaron en contra del paquete.
«La NDAA de 2023 es desmesurada y contiene elementos que no mejoran la preparación militar», dijo Biggs en un pie de foto adjunto al video.
En parte, vinculó su oposición a la prisa con la que el proyecto de ley fue llevado al pleno y luego acelerado a través de la cámara baja.
«La ley, de más de 4000 páginas, se hizo pública horas antes de su votación», dijo Biggs. «Voté en contra de esta monstruosidad».
Otros vincularon su oposición a la inclusión de financiación adicional para Ucrania.
«Nuestro país tiene una deuda de más de 31 billones de dólares», dijo la representante Marjorie Taylor Greene en un posteo de Twitter. «La NDAA requiere que el secretario del Tesoro busque proporcionar apoyo económico y alivio de la deuda de Ucrania».
«Esto ni siquiera se puede inventar», añadió.
Muchos de los demócratas que se opusieron a la medida eran progresistas de izquierdas, que a menudo han arremetido contra los casi 1 billón de dólares anuales dedicados al gasto en defensa.
«Piensen en el progreso que podríamos lograr si invirtiéramos 847,000 millones de dólares en las personas y no en el Pentágono», escribió la representante demócrata por California Barbara Lee en un tuit para explicar su voto negativo.
Dijo que el proyecto de ley «[continuaba un] legado de gasto militar despilfarrador».
Lee también expresó su decepción por la exclusión de un proyecto de ley propuesto por ella que rescindiría la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar de 2002, que permitió al presidente George W. Bush organizar una invasión de Irak sobre la base de una afirmación, desde entonces desmentida, de que Saddam Hussein albergaba armas de destrucción masiva en el país.
La lista completa del voto de cada miembro puede consultarse aquí, en el sitio web de la Secretaría de la Cámara de Representantes.
El futuro de la ley
Tras su aprobación por la Cámara de Representantes, el proyecto de ley se dirigirá ahora al Senado, donde es probable que se apruebe de manera mayoritariamente bipartidista, a pesar de la oposición de muchos miembros a algunos de sus componentes.
Queda la duda de si el presidente Biden firmará la ley, ya que anularía su mandato de vacunación de agosto de 2021.
Sin embargo, el proyecto de ley es una pieza de legislación de aprobación obligatoria para este Congreso, y la Casa Blanca ha dejado abierta la posibilidad de que Biden lo firme a pesar de las disposiciones del mandato de vacunación.
Con información de Zachary Stieber, Katabella Roberts y Jack Phillips.
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