El representante Andy Biggs (R-Ariz.) propuso dos proyectos de ley para desfinanciar la Fiscalía de Manhattan tras la imputación contra el presidente Donald Trump.
Trump fue imputado a principios de abril de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales. Pero los críticos han calificado el caso como «débil», apuntando a motivaciones políticas detrás de la medida.
En un comentario enviado por correo electrónico a The Epoch Times sobre los proyectos de ley, Biggs escribió:
“Como miembro de alto rango del Subcomité de Crimen y Vigilancia del Gobierno Federal del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, no permitiré que el fiscal de distrito Alvin Bragg haga un mal uso de los recursos federales enviados por el Congreso para financiar el enjuiciamiento instrumentalizado de un expresidente de EE.UU., mientras ignora descaradamente el aumento de la delincuencia en la ciudad de Nueva York».
“Bragg ha dejado en claro en repetidas ocasiones que su principal prioridad como fiscal de distrito es aprovechar el sistema legal para atacar a los conservadores”, dijo Biggs. “Yo usaré todas las herramientas que tengo para proteger a los conservadores y restaurar la imparcialidad en nuestras instituciones judiciales”.
Biggs presentó dos proyectos de ley el 13 de abril destinados a abordar estas preocupaciones.
El primer proyecto de ley, la Ley de Rendición de Cuentas por la Violencia sin Ley en Nuestros Vecindarios, o Ley ALVIN, prohibiría que se otorguen fondos federales a la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan y exige que la Oficina devuelva los fondos federales concedidos después del 1 de enero de 2022.
El segundo proyecto de ley, la Ley de No Fondos Federales para Procesamientos Políticos, prohibiría a las fuerzas del orden estatales o locales utilizar fondos o bienes incautados mediante confiscación de activos para investigar o procesar al presidente, al vicepresidente o a un candidato a la presidencia en un caso penal.
Biggs agregó que era preocupante ver cómo la fiscalía de Manhattan malgastaba recursos federales con fines políticos en lugar de ocuparse de delitos graves en la ciudad.
“[Con] una deuda nacional casi insuperable que supera los USD 31 billones, la nación simplemente no puede darse el lujo de apoyar la politización del sistema de justicia penal del Sr. Bragg”, dijo Biggs.
La ciudad de Nueva York, como la mayoría de las demás áreas metropolitanas de Estados Unidos, ha experimentado un importante repunte de los crímenes violentos en los dos últimos años.
Tras la muerte de George Floyd, posturas marginales como la desfinanciación de la policía y la reducción al mínimo de las penas por delitos violentos se han generalizado entre muchos fiscales y fiscales de distrito de izquierda.
Como fiscal, Bragg ha reducido a delitos menores más de la mitad de los delitos graves que han pasado por su oficina. Los republicanos dicen que este enfoque de la aplicación de la ley es en parte responsable del aumento masivo de los delitos violentos.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, manifestó su oposición a la persecución de Trump. Por tanto, el proyecto de ley podría someterse a votación en la cámara baja.
Las perspectivas para el proyecto de ley son menos optimistas en el Senado, donde los demócratas tienen la mayoría. Es probable que los demócratas se opongan a la legislación, ya que han acusado a los republicanos de intentar inmiscuirse en un asunto legal.
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