Representantes republicanos han publicado una serie de propuestas de modificación de la forma en que el gobierno lleva a cabo la vigilancia nacional, lo que podría cambiar una herramienta que se ha utilizado para realizar registros de estadounidenses sin orden judicial.
El Grupo de Trabajo de la Mayoría sobre la FISA del Comité Permanente Selecto de Inteligencia de la Cámara de Representantes publicó el 16 de noviembre un informe de 73 páginas en el que propone 45 cambios para frenar el posible abuso de la ley por parte del FBI y otras agencias.
Gracias a la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés), las autoridades de Estados Unidos están autorizadas a llevar a cabo vigilancia sin orden judicial de personas extranjeras fuera del país.
La Sección 702 se añadió a la FISA en 2008 y se ha protegido con el argumento de que es un aspecto esencial de la defensa de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre.
Los representantes republicanos han expresado su desaprobación por las «violaciones generalizadas» de la ley por parte del FBI, incluida la vigilancia sin orden judicial de ciudadanos estadounidenses, y un grupo dirigido por el representante Mike Turner (R-Ohio) ha propuesto cambios significativos en la llamada autoridad de la Sección 702 de la FISA, que expirará a finales de este año.
«Nuestro informe esboza las reformas necesarias para la reautorización de la FISA. Estados Unidos corre actualmente el mayor riesgo de sufrir un atentado terrorista en casi una década. No podemos permitirnos que caduque esta herramienta fundamental para la seguridad nacional», declaró Turner, según el comunicado de prensa de la comisión sobre el informe.
«Espero trabajar con mis colegas en este tema crítico antes de fin de año».
Prevención de abusos
Entre los cambios propuestos hay 19 disposiciones para prevenir los abusos en las consultas del FBI, como restringir el número de personal que puede autorizar las consultas sobre ciudadanos estadounidenses, exigir una orden judicial para dichas consultas, crear responsabilidad penal para las filtraciones y ordenar auditorías independientes.
Catorce disposiciones pretenden evitar abusos similares al caso Carter Page, introduciendo sanciones penales reforzadas, permitiendo a la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera procesar por desacato, y prohibiendo el uso de la investigación de la oposición política para las órdenes FISA.
Siete disposiciones del informe están diseñadas para arreglar y abrir la Corte FISA, incluyendo permitir a los miembros del Congreso asistir a las audiencias del tribunal, transcribir y poner las audiencias a disposición del Congreso, y asignar un abogado designado por el tribunal para examinar las solicitudes de vigilancia de personas estadounidenses.
El informe también aborda preocupaciones más amplias, como la mejora de la capacidad de la Agencia de Seguridad Nacional para centrarse en las operaciones internacionales de tráfico de fentanilo, el seguimiento de los teléfonos desechables de los cárteles mexicanos de la droga, y permitir la investigación exhaustiva de todos los extranjeros que soliciten visados, inmigración o asilo utilizando las consultas de la Sección 702.
El Sr. Turner hace hincapié en la necesidad crítica de la reforma de la FISA dado el elevado nivel de amenaza actual, y expresa su determinación de colaborar con sus colegas en esta cuestión crucial de seguridad nacional.
El informe concluye con un llamamiento en favor de reformas integrales que garanticen la eficacia de la FISA para salvaguardar la vida y la libertad de los estadounidenses.
«Es difícil encontrar un adjetivo que describa adecuadamente una herramienta que ha hecho tanto por salvaguardar la vida y la libertad de los estadounidenses», dice el informe.
«Somos incapaces de calcular cuántas vidas ha salvado. Merece la pena señalar que no ha habido otro 11-S desde la creación de la Sección 702, a pesar de la persistente amenaza terrorista».
Bloqueo de las búsquedas
El 7 de noviembre se presentó un proyecto de ley que frenaría el poder de las agencias de inteligencia nacionales para realizar registros sin orden judicial a los estadounidenses.
La ley, denominada Ley de Reforma de la Vigilancia Gubernamental, prohibiría a las agencias buscar en bases de datos información sobre estadounidenses en la mayoría de los casos.
La base de datos en la que las agencias tienen prohibido buscar es donde se guarda la información recopilada en virtud de la Sección 702.
Esta legislación se presentó después de que se descubriera que los empleados del FBI incumplían repetidamente las directrices de uso de la base de datos y realizaban búsquedas inapropiadas sobre un senador estadounidense y los manifestantes del 6 de enero de 2021, según han constatado los tribunales y los organismos de control.
El proyecto de ley ilegalizaría la solicitud de información de la base de datos sobre ciudadanos o residentes estadounidenses, con algunas excepciones: cuando el sujeto tenga una orden penal, cuando las fuerzas policiales tengan una orden o autorización de emergencia para consultar sobre el sujeto; y cuando la persona que solicita la información crea razonablemente que «existe una emergencia que implica una amenaza inminente de muerte o daños corporales graves» y que la consulta es necesaria antes de que se pueda conceder la autorización.
«Nuestros padres fundadores dejaron claro que si las agencias gubernamentales quieren leer las comunicaciones privadas de un estadounidense, deben obtener una orden judicial», dijo a la prensa en una reunión informativa el senador demócrata Ron Wyden, copatrocinador del nuevo proyecto de ley.
«Pero hoy en día, las agencias de inteligencia estadounidenses acaparan grandes volúmenes de comunicaciones electrónicas y afirman que tienen derecho a registrar los mensajes de texto y los correos electrónicos de los estadounidenses sin obtener una orden judicial. No tienen ese derecho. Y ya es hora de que la ley lo refleje».
La prohibición se aplica al material que requeriría una orden de causa probable si las fuerzas policiales lo buscaran. La prohibición no incluye las solicitudes de información sobre metadatos de comunicaciones.
Los republicanos admitieron en su informe del 16 de noviembre sobre los cambios propuestos que «la Sección 702 de la FISA es una de las herramientas más eficaces utilizadas por la Comunidad de Inteligencia para proteger a nuestra nación» y que «si desaparece, también lo hará nuestra capacidad para identificar, prevenir y mitigar las amenazas a nuestra democracia».
«Nos quedaremos ‘ciegos ante muchos riesgos críticos para la seguridad nacional que amenazan a nuestra patria y a nuestros intereses militares en el extranjero».
Con información de Zachary Stieber.
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