Un grupo de senadores republicanos insta a la administración Biden a revocar un acuerdo científico y tecnológico recién renovado con la China comunista, alegando su preocupación por el apoyo del régimen al desarrollo industrial dirigido por el Estado y a objetivos militares que perjudican los intereses estadounidenses.
El 13 de diciembre, Estados Unidos renovó el Acuerdo de Ciencia y Tecnología (STA) con China por otros cinco años.
El Departamento de Estado afirmó que se habían incluido salvaguardas en la renovación para proteger la propiedad intelectual y la investigación, y que se abordaba una crítica clave según la cual el STA estaba anticuado y era ineficaz a la hora de impedir el robo de propiedad intelectual estadounidense por parte del Estado chino.
Pero un grupo de legisladores republicanos, encabezados por el senador Jim Risch (R-Idaho), miembro de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, afirman que la renovación del STA fue un error.
Argumentan que la época en la que la cooperación científica y tecnológica entre Estados Unidos y China tenía sentido «hace tiempo que pasó».
«La RPC quiere dominar las tecnologías del futuro y utilizará cualquier medio legal o ilegal para conseguirlo», dice su carta del 19 de diciembre al Secretario de Estado Antony Blinken.
«Los riesgos son evidentes. Ya sabemos que la República Popular China ha aprovechado la cooperación en materia de investigación que permite el STA para apoyar el desarrollo industrial dirigido por el Estado y promover objetivos militares que perjudican los intereses de Estados Unidos».
El STA se firmó en 1979, pocas semanas después de que Estados Unidos estableciera relaciones diplomáticas con la República Popular China (RPC), gobernada por el Partido Comunista Chino (PCCh), para contrarrestar la influencia de la Unión Soviética.
En aquella época, China estaba muy por detrás de Estados Unidos y otros países occidentales en ciencia y tecnología. El STA pretendía ofrecer oportunidades de cooperación entre ambas partes en beneficio mutuo, permitiendo a los científicos estadounidenses acceder a grandes fondos de datos e investigación, mientras que China recibiría un impulso en sus sectores de ciencia y tecnología.
El acuerdo se prorrogó en 2018 y recibió prórrogas temporales el año pasado y este año.
Los senadores dicen en su carta que el control del PCCh de sus ecosistemas económicos y de investigación le permite aprovechar los lazos de ciencia y tecnología con Estados Unidos y otros países para adquirir tecnología, llenar vacíos de conocimiento y desarrollar talento crítico que avance en sus objetivos estratégicos y económicos.
«La renovación del STA proporciona la máxima cobertura a universidades, empresas y organismos profesionales para continuar la cooperación en investigación científica y tecnológica con la RPC. El gobierno estadounidense debería enviar la señal contraria», escribieron.
«La RPC también ha limitado el acceso a los datos de investigación financiados por Estados Unidos, en violación de acuerdos anteriores. También deberíamos tener en cuenta la seguridad de los investigadores estadounidenses, dado el historial de la RPC de utilizar a ciudadanos estadounidenses como piezaa de negociación para conseguir la liberación de ciudadanos de la RPC bajo custodia estadounidense».
La restricción rutinaria del intercambio de datos por parte de la RPC se puso de manifiesto durante la pandemia COVID-19, cuando cortó el acceso a los datos, incluida la investigación sobre el coronavirus financiada por Estados Unidos. También se han planteado inquietudes sobre conjuntos de datos fabricados o defectuosos compartidos por instituciones chinas, así como graves preocupaciones éticas sobre si los datos se recopilaron con el consentimiento de los sujetos y se utilizaron para reprimir a minorías perseguidas.
El Departamento de Estado ha ofrecido varias sesiones informativas sobre el STA a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y miembros del Congreso de ambas cámaras han presentado proyectos de ley para aumentar la supervisión del STA por parte del Congreso y exigir salvaguardias para la investigación de doble uso y la protección de los derechos humanos.
La carta, firmada también por los senadores John Barrasso (R-Wyo.), Pete Ricketts (R-Neb.), Todd Young (R-Ind.), y Bill Hagerty (R-Tenn.), termina con una petición de respuesta sobre «este asunto urgente».
«La renovación del STA durante los últimos días de esta administración niega a la administración entrante la oportunidad de opinar sobre este acuerdo tan controvertido. La Administración Biden debería dar marcha atrás», dice el texto.
El Departamento de Estado no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la carta.
Con información de Catherine Yang y The Associated Press
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