Sacerdote católico demanda al gobernador de California por restricciones por la pandemia

Lo último en una serie de demandas que desafían las limitaciones del gobierno a la religión

Por Matthew Vadum
12 de octubre de 2020 11:26 PM Actualizado: 12 de octubre de 2020 11:26 PM

Un sacerdote católico en California está demandando al gobernador Gavin Newsom por sus continuos cierres, presuntamente destinados a combatir el virus del PCCh que causa la enfermedad COVID-19.

La demanda se produce en medio de una oleada de litigios que desafían los poderes de emergencia por parte de los funcionarios gubernamentales durante la pandemia.

En California, el pastor de Silicon Valley, Mike McClure, está luchando contra más de USD 200,000 en multas por mantener su iglesia abierta al público, informó The Epoch Times. La Grace Community Church of the Valley del área de Los Ángeles y su pastor, John MacArthur, están impugnando los esfuerzos para cerrar esa iglesia, mientras que el gobierno local ha ordenado que la iglesia sea desalojada de su estacionamiento, la cual alquila al condado, un acto que la iglesia alega como represalia.

Católicos y judíos están demandando al gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, en juicios federales separados por sus restricciones a la asistencia a servicios religiosos que, según dicen, violan sus derechos constitucionales, informó The Epoch Times.

En la capital de la nación, un juez federal accedió a la solicitud de la Iglesia Bautista Capitol Hill de una orden judicial preliminar contra la alcaldesa demócrata del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, permitiendo a la congregación reanudar los servicios de adoración, según informó The Epoch Times. La orden judicial se produjo luego de que la administración Trump interviniera en nombre de la iglesia en la demanda por las restricciones relacionadas con la pandemia que limitan las reuniones de la iglesia, incluso al aire libre, a 100 personas.

El demandante en el nuevo juicio de California es el padre Trevor Burfitt, miembro de la fraternidad sacerdotal Sociedad de San Pío X, la cual supervisa las iglesias en los condados de Kern, San Bernardino, San Diego y Los Ángeles, cada uno de los cuales ha sido sometido a restricciones durante el cierre de siete meses del gobernador demócrata del estado de California.

Estas restricciones impuestas y aplicadas por Newsom y otros funcionarios nombrados en la demanda han obstruido los derechos de Burfitt y otros en todo California, contrariamente a la constitución estatal, dice la demanda.

Padre Trevor Burfitt. (Cortesía del Padre Burfitt)

La demanda, conocida como Burfitt v. Newsom, se presentó en el Tribunal Superior del Estado de California para el condado de Kern.

La demanda legal busca una medida cautelar y declaratoria por las violaciones constitucionales que alega han sido cometidas por Newsom y sus funcionarios, indicando que “originalmente se suponía que el cierre era solo una medida de emergencia temporal. Sin embargo, casi siete meses después, parece que, sin una intervención judicial, nunca habrá una ‘reapertura’ a la actividad normal anterior al COVID, a pesar de los hechos incontestables, incluidos los propios datos de California (…) que muestran que el cierre ya no está justificado y está causando mucho más daño que bien».

“En este punto de la pandemia, es muy difícil para el estado justificar sus restricciones constantes sobre las iglesias”, dijo Paul Jonna, asesor especial de la Sociedad Thomas More, a The Epoch Times en una entrevista. La Thomas More Society es una firma de abogados de interés público que se especializa en temas de libertad religiosa.

«Los cierres están haciendo más daño que bien».

«El consiguiente abuso de alcohol, la depresión y el suicidio» están pasando factura a los californianos, dijo Jonna.

«El estado no tiene derecho a decirle a la gente cómo practicar su fe, cómo adorar a Dios».

En la acción legal, el demandante le pide a la corte que declare que la Ley de Servicios de Emergencia a nivel estatal en la que el gobernador ha basado sus poderes extraordinarios es contraria a la constitución de California, dijo Jonna.

“Cada mes, el gobernador simplemente decide por todos que estamos en un estado de emergencia” y renueva su autoridad basada en emergencias para dictar la política estatal, dijo.

“La gente lo llama tiranía. En un sentido real, él está dirigiendo el estado, decidiendo qué negocios abren y cierran en un esquema que es muy problemático. Aunque tenemos tres poderes de gobierno en el estado, estamos gobernados exclusivamente por uno”.

Jonna dijo que es una señal esperanzadora de que la Corte Suprema del estado en Michigan recientemente anulara los poderes de emergencia del gobernador allí.

La demanda detalla cómo se ha visto afectado el ministerio de Burfitt.

La restricción de ocupación impuesta en los lugares de culto no se ha impuesto a las empresas que Newsom ha considerado «esenciales». Ahora existe una prohibición completa del culto en interiores, impuesta por segunda vez el 13 de julio, que según la demanda constituye discriminación contra las iglesias en 38 condados que representan el 86 por ciento de la población de California.

Se requiere una zona de burbuja de «distancia social» de seis pies alrededor de cada persona, lo cual, según la demanda, impide la conducción adecuada del culto católico.

La corte necesita actuar porque “sin intervención judicial, el gobernador Newsom tiene la intención de continuar indefinidamente una suspensión masiva e infundada de los derechos constitucionales del padre Burfitt y casi 40 millones de otros residentes del estado de California”, dijo Jonna.

“Él continúa imponiendo límites estrictos o prohibiciones absolutas a las actividades de culto públicas y privadas, que continúan siendo designadas como ‘no esenciales’, mientras que las licorerías, los dispensarios de marihuana y la industria cinematográfica de Hollywood pueden operar sin obstáculos. Aparentemente, se espera que los residentes de California vivan sus vidas detrás de improvisadas ‘cubiertas faciales’ mientras mantienen una distancia arbitraria de seis pies de todos los que encuentran fuera de sus hogares.

“Y para completar los despóticos mandatos de Newsom, cualquiera que se niegue a obedecer se enfrenta a sanciones penales y civiles. Esto es inconstitucional y una flagrante violación de los derechos garantizados por la constitución de California”.

Newsom no pudo ser contactado de inmediato por The Epoch Times para comentar sobre la demanda.


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