Una coalición de senadores del Partido Republicano pide al fiscal general Merrick Garland que vuelva al Comité Judicial del Senado para aclarar un memorándum del 4 de octubre que, según los senadores, trataba a los «padres en los consejos escolares como terroristas domésticos».
La carta del 29 de noviembre, dirigida a Garland, fue encabezada por el senador Ben Sasse (R-Neb.) y está firmada por los senadores Lindsey Graham (R-S.C.), Mike Lee (R-Utah), Ted Cruz (R-Texas), Tom Cotton (R-Ark.), Thom Tillis (R-N.C.), and Marsha Blackburn (R-Tenn.). En la carta, los senadores acusan a Garland de engañar al Comité Judicial del Senado durante una audiencia del 27 de octubre.
La carta de los senadores llega en un momento en el que los padres de todo el país asisten a las reuniones de los consejos escolares y se dirigen a los funcionarios de las escuelas para expresar sus quejas contra las escuelas por la enseñanza de la teoría crítica de la raza y otros temas cargados de contenido social a los niños.
Tras una tendencia de estos sucesos, la Asociación Nacional de Consejos Escolares (NSBA) envió una controvertida carta al presidente Joe Biden en la que le pedía que «hiciera frente al creciente número de amenazas de violencia y actos de intimidación que se producen en todo el país», incluso mediante el uso del Departamento de Defensa Nacional, el FBI, la Seguridad Nacional y otras agencias federales (pdf).
La carta fue recibida con un rechazo inmediato, lo que provocó que varias escuelas se retiraran de la NSBA; la propia organización se ha disculpado desde entonces por la carta.
Pero Garland, un candidato fallido a la Corte Suprema que fue presentado por el presidente Barack Obama como un moderado, se ha interesado especialmente en estos padres.
En un memorándum publicado por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Garland el 4 de octubre, éste explicaba cómo abordaría las «amenazas violentas contra funcionarios escolares». Las quejas expresadas por los padres, según el DOJ, representan «una tendencia preocupante» de «acoso, intimidación y amenazas de violencia contra los miembros del consejo escolar, los profesores y los trabajadores de las escuelas públicas de nuestra nación».
Sin embargo, el memorándum no daba ejemplos de esta presunta conducta.
«Las amenazas contra los funcionarios públicos no solo son ilegales, sino que van en contra de los valores fundamentales de nuestra nación», escribió el fiscal general Garland, que prometió utilizar recursos federales para luchar contra estos padres, implicando al gobierno federal en asuntos de ámbito mayoritariamente estatal.
«Quienes dedican su tiempo y energía a garantizar que nuestros hijos reciban una educación adecuada en un entorno seguro merecen poder hacer su trabajo sin temer por su seguridad», añadió Garland.
El memorándum suscitó inmediatamente las críticas de los republicanos, que han argumentado que el memorándum se dirige a los padres preocupados que practican sus derechos de la Primera Enmienda.
En una reunión del 21 de octubre del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Garland negó estas acusaciones.
«Quiero ser claro. El Departamento de Justicia apoya y defiende el derecho de la Primera Enmienda de los padres a quejarse tan ruidosamente como deseen sobre la educación de sus hijos, sobre el plan de estudios que se imparte en las escuelas. El memorándum no trata en absoluto de eso, ni utiliza las palabras ‘terrorismo doméstico’ o ‘Ley PATRIOTA'», dijo entonces Garland.
En una reunión del 27 de octubre ante el Comité Judicial del Senado, Garland expuso prácticamente el mismo argumento. «Mi memorándum no dice nada sobre terrorismo doméstico, no dice nada sobre que los padres cometan nada de eso», argumentó Garland cuando se le presionó sobre el presunto esfuerzo del DOJ por centrarse en los padres.
Sin embargo, el 20 de octubre, antes de cualquiera de las reuniones de los comités judiciales, el fiscal federal en funciones del distrito de Montana, Leif Johnson, envió una carta a las oficinas de los fiscales de los condados de todo el estado en la que ofrecía asesoramiento y ayuda federal a los fiscales que buscasen condenas contra los padres preocupados.
La carta sugería páginas de delitos federales que podrían utilizarse para acusar a estos padres, desde la conspiración hasta la violación de los derechos civiles.
Y la carta deja claro que el propio Garland era consciente del asunto.
«En respuesta a un aumento nacional de amenazas y actos de violencia contra nuestra comunidad educativa, el fiscal general Garland ha ordenado al FBI y a los fiscales de Estados Unidos que se asocien con los líderes federales, estatales, locales y tribales para abordar el problema», decía la carta.
Ahora, los republicanos del Comité Judicial del Senado exigen una explicación por las declaraciones «profundamente engañosas» de Garland ante el Senado el 27 de octubre. Esas declaraciones, escribió la coalición de senadores del GOP, «son inconsistentes con la carta que el fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Montana envió a los funcionarios locales para proporcionar una hoja de ruta para el enjuiciamiento y ofrecer la asistencia del FBI».
Para reforzar aún más su caso contra Garland, los senadores citaron un informe de un denunciante de la Oficina Federal de Investigación «de que los jefes de la División de Investigación Criminal y de la División de Contraterrorismo del FBI han dado instrucciones a sus agentes y analistas para que utilicen una etiqueta de amenaza designada cada vez que se encuentren con posibles amenazas, acoso e intimidación a funcionarios escolares».
Los senadores prosiguieron: «Esto sugiere que la Oficina está buscando oportunidades para llevar a cabo investigaciones, incluyendo el uso de las autoridades y herramientas de lucha contra el terrorismo, en virtud del memorándum».
«Estos hechos plantean preocupaciones sobre el testimonio que usted proporcionó el 27 de octubre y sobre los esfuerzos en curso del Departamento y del FBI en virtud de su memorándum», escribieron los senadores.
«Es fundamental que los miembros del Comité Judicial se dediquen a supervisar con firmeza las acciones del DOJ, especialmente cuando esas acciones afectan a los principios fundamentales de nuestra nación, incluyendo el federalismo y la protección de un debate sólido y abierto», concluye la carta. «Le pedimos respetuosamente que trabaje con el personal del Comité para programar otra audiencia lo antes posible».
Garland aún no ha comentado la carta ni la solicitud.
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