Los senadores Marco Rubio (R-Fla.) and Kevin Cramer (R-N.D.) presentaron el martes un proyecto de ley que apunta a los regalos y donaciones a las universidades estadounidenses que provienen de adversarios extranjeros como China, en un intento de debilitar el impacto de las «operaciones de influencia extranjera».
El proyecto de ley, denominado Mayor conocimiento de las transacciones extranjeras (GIFT) en la Ley de educación superior (pdf), busca una mayor transparencia en los regalos y donaciones entregados a la educación superior, al mismo tiempo que hace que los colegios y universidades estadounidenses sean más responsables de informar sobre dichas transacciones.
«Los adversarios extranjeros hostiles, incluido el Partido Comunista Chino, buscan habitualmente infiltrarse en nuestras instituciones de educación superior para robar nuestra investigación y aprobecharse de nuestra propiedad intelectual», dijo Rubio en un comunicado.
El proyecto de ley de Rubio y Cramer amplía los requisitos de revelación de información sobre regalos y donaciones en virtud del artículo 117 de la Ley de educación superior (HEA, por sus siglas en inglés) para incluir al profesorado, a los empleados profesionales y a todos los empleados dedicados a la investigación y el desarrollo. Según el proyecto de ley, toda la financiación federal de las universidades dependería del cumplimiento de los requisitos de divulgación ampliados.
El Departamento de Educación publicó el año pasado los resultados de una investigación (pdf) sobre el cumplimiento institucional de las leyes de información. Se descubrió que muchas universidades y centros de enseñanza superior perseguían y aceptaban «agresiva» y «sistemáticamente» regalos extranjeros sin cumplir las leyes de información y transparencia.
Hace tiempo que las universidades están al tanto de que una cantidad sustancial de dinero extranjero proviene de fuentes hostiles a Estados Unidos que buscan «proyectar poder blando, robar investigaciones sensibles y patentadas, y difundir propaganda», afirmaba el informe.
El año pasado, el secretario de Estado Mike Pompeo advirtió que las universidades estadounidenses están «enganchandas al dinero del Partido Comunista Chino», mientras Beijing trabaja para apropiarse de la innovadora investigación de Estados Unidos para China.
“No podemos permitir que este régimen tiránico robe nuestras cosas para construir su poderío militar, lavar el cerebro a nuestra gente o comprar nuestras instituciones para ayudarles a encubrir estas actividades”, dijo Pompeo.
El proyecto de ley de Rubio y Cramer también codifica las «fuentes extranjeras adversarias designadas» y establece una lista de «gobiernos extranjeros adversarios designados», que incluye a China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Cuba, Siria y Venezuela.
«No hay ninguna razón para que los malos actores puedan llevar a cabo estas operaciones de influencia extranjera que buscan debilitar a Estados Unidos», dijo Rubio. «Tenemos que dar una mayor transparencia a las donaciones de enemigos extranjeros y hacer que nuestras instituciones y el Departamento de Educación sean más responsables de informar sobre estas transacciones de manera oportuna».
Rubio y Cramer dijeron en una hoja informativa (pdf) que acompaña la publicación del proyecto de ley que el Departamento de Educación trabajó para hacer cumplir la Sección 117 durante la Administración de Trump y pidió una acción más agresiva en esta área por parte de la Administración de Biden.
Su proyecto de ley requeriría que el Departamento de Educación publique la información dentro de los 30 días de los plazos de presentación, mientras que requiere que los regalos y contratos con valor de 50,000 dólares o más de las fuentes adversarias extranjeras designadas se divulguen dentro de los 30 días de las fechas de transacción.
«Si una universidad acepta dinero o regalos del extranjero, sus estudiantes, donantes y contribuyentes merecen saberlo», dijo Cramer en un comunicado. «Nuestro proyecto de ley mejoraría la supervisión de la financiación extranjera en la educación superior haciendo que las universidades puedan ser responsabilizadas para garantizar que sus informes sean completos, precisos y transparentes».
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