Un grupo de senadores republicanos presentó el jueves una nueva legislación que obligaría a las universidades estadounidenses a revelar sus vínculos financieros con el régimen chino, y a contrarrestar la influencia económica del Partido Comunista Chino (PCCh) en la educación superior.
La Ley de Responsabilidad de la Financiación Extranjera (pdf) fue presentada por los senadores Tom Cotton (R-Ark.), Bill Hagerty (R-Tenn.), Marsha Blackburn (R-Tenn.) y Tim Scott (R-S.C.), para combatir la influencia extranjera maligna en los colegios y universidades estadounidenses, modificando los requisitos de divulgación de los regalos y contratos extranjeros en virtud de la Ley de Educación Superior de 1965.
«El Partido Comunista Chino ha hecho constantes intentos de infiltrarse en los centros de educación superior y en las universidades estadounidenses», dijo Cotton en un comunicado al presentar la medida. «Nuestro proyecto de ley cerrará las lagunas de las donaciones, impidiendo que el PCCh y otros agentes extranjeros donen millones, o incluso miles de millones, para ejercer influencia y robar la propiedad intelectual estadounidense».
A partir de 2019, el Departamento de Educación, bajo la dirección de la entonces secretaria Betsy DeVos, intensificó el escrutinio sobre el cumplimiento de la Sección 117 de la Ley de Educación Superior, que exige a las universidades que informen de todos los regalos y contratos que impliquen fuentes extranjeras por valor de 250,000 dólares o más. Tales medidas condujeron a que en octubre de 2020 se informara de aproximadamente 6500 millones de dólares en dinero extranjero no revelado anteriormente, incluido el procedente de China y Rusia, así como a investigaciones de cumplimiento en 19 de las principales universidades del país.
En concreto, la legislación exigiría a las universidades y colegios estadounidenses que revelen los nombres completos de las entidades donantes extranjeras y que indiquen el motivo por el que se realizaron las transacciones de donaciones extranjeras.
También cerraría las lagunas que permiten las donaciones de agentes extranjeros registrados y eximiría a los regalos en especie del cómputo del mínimo de divulgación. Si se convierte en ley, el umbral mínimo de declaración en términos se reduciría de 250,000 dólares a 25,000 dólares.
A las instituciones que violen los requisitos del proyecto de ley se les impondría una escala de sanciones civiles gradual. Una primera infracción podría hacer que la institución pagara hasta 250,000 dólares, y si comete una segunda infracción, podría imponerse una sanción civil de 750,000 dólares. Tres o más infracciones podrían dar lugar a que el infractor recibiera una multa de hasta 1,000,000 de dólares, señala la legislación.
«Como adversario estratégico que busca superar a Estados Unidos, el Partido Comunista Chino está haciendo lo imposible para ejercer una influencia maligna sobre la sociedad libre y abierta de Estados Unidos, incluyendo nuestro sistema de educación superior», dijo Hagerty sobre el proyecto de ley.
Hagerty dijo que al aumentar la transparencia, cerrar las lagunas jurídicas e imponer nuevas sanciones civiles en la legislación estadounidense, el proyecto de ley impediría que el PCCh y sus intermediarios «se escondan en las sombras para comprar el control y la influencia dentro de nuestra educación superior, para manipular lo que se enseña a los estudiantes estadounidenses sobre China y para robar la propiedad intelectual de los investigadores de nuestra nación».
«Los intentos del Partido Comunista Chino y otros malos actores de infiltrarse en el sistema educativo estadounidense son un ejemplo flagrante de los competidores extranjeros que intentan mantener y ampliar su poder global en nuestro detrimento», añadió Scott. «Al responsabilizar a las instituciones de educación superior de las donaciones extranjeras, estamos dando los pasos necesarios para promover la transparencia, proteger nuestra propiedad intelectual y garantizar que los futuros líderes de nuestro país reciban una educación de calidad».
Esto se produce mientras el Congreso estudia la Ley CONFUCIUS, que pretende reducir la influencia que Beijing podría tener en los campus universitarios estadounidenses que acogen Institutos Confucio (IC) patrocinados por el PCCh. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado a principios de este mes por unanimidad.
Anunciados como centros de lengua y cultura, los IC financiados por Beijing han suscitado un intenso escrutinio por su papel en la difusión de la propaganda china y la represión de la expresión académica en los campus universitarios de todo el mundo. Están financiados y dotados de personal en gran medida por Hanban, una organización sin ánimo de lucro que dice ser no gubernamental pero que está directamente controlada por el PCCh, según un informe del subcomité de investigaciones del Comité de Seguridad Nacional del Senado (pdf).
El número de IC en Estados Unidos, que llegó a superar el centenar en su momento álgido, se ha reducido a apenas unos 50 en mayo de 2021, en gran parte debido a la presión ejercida por la Administración Trump en los últimos dos años.
«La China comunista se ha infiltrado en los colegios y universidades estadounidenses», dijo Blackburn en un comunicado. Es imperativo que cortemos el acceso de Beijing para canalizar dinero a cambio de influencia en la educación superior. La educación de nuestros hijos no debe estar disponible para ser comprada por el PCCh».
GQ Pan contribuyó a la elaboración de este artículo.
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