Cuatro senadores republicanos presentaron el martes un proyecto de ley que impediría al Departamento de Defensa dar de baja con deshonor a los miembros de las fuerzas armadas que hayan optado por no vacunarse contra la COVID-19.
El proyecto de ley del Senado, presentado por los senadores Roger Marshall (R-Kan.), James Lankford (R-Okla.), Tommy Tuberville (R-Ala.) y Ted Cruz (R-Texas), se llama Ley de Prevención de la Baja Deshonrosa por la Vacuna contra la COVID-19.
«Sin perjuicio de cualquier otra disposición de la ley, un miembro de las Fuerzas Armadas bajo la jurisdicción del secretario de un departamento militar sujeto a una baja por haber elegido no recibir la vacuna contra la COVID-19 solo podrá recibir una baja honorable», dice el texto del proyecto de ley (pdf).
Según el texto: «Las noticias sobre las acciones adversas que están siendo tomadas, o amenazadas, por la dirección militar a todos los niveles son antitéticos a nuestros valores estadounidenses fundamentales. Cualquier baja que no sea honorable denota un abandono del deber o un fracaso en el servicio a los Estados Unidos y a su pueblo».
La legislación propuesta llega después de que la Administración Biden anunciara la obligatoriedad de las vacunas en agosto y comenzara a obligar a todos los departamentos militares a aplicar como requisito la vacuna contra la COVID-19. Los miembros de las fuerzas armadas que han sobrevivido a una infección previa de COVID-19 no están automáticamente exentos de la obligación de ser vacunados en su totalidad.
El Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Infantería de Marina de EE. UU. han establecido plazos para la vacunación contra la COVID-19 para los miembros del cuerpo y de la reserva. Si no cumplen y no tienen una solicitud de exención pendiente, podrían ser castigados a través del «relevo de funciones o la baja».
Una baja deshonrosa significaría que el miembro de las fuerzas armadas tendría que renunciar a una serie de derechos y beneficios, incluyendo la propiedad de cualquier tipo de arma de fuego o munición, el acceso a la G.I. Bill, los préstamos para vivienda y los beneficios médicos del Departamento de Asuntos de Veteranos, los honores funerarios militares y el reenganche en otra rama militar.
Marshall, que lideró la presentación de la medida, dijo en una declaración: «Como médico y veterano que confía en que la vacuna ha salvado innumerables vidas, creo que vacunar a nuestros miembros de las fuerzas armadas contra la COVID-19 es una iniciativa importante; sin embargo, recibir o no la vacuna debe ser una elección personal entre un individuo y su médico».
«Los miembros de las fuerzas armadas que se niegan a vacunarse, y que posteriormente son separados del servicio, no deben recibir nada más que una baja honorable», dijo. «No hay duda de ello: los héroes estadounidenses no deben ser tratados como delincuentes por sus decisiones médicas personales».
Cruz se hizo eco de los sentimientos de Marshall, añadiendo en otra declaración: «Obligar a todos los miembros de las fuerzas armadas, incluidas las mujeres embarazadas y los que ya han tenido la COVID-19, a recibir la vacuna es solo un ejemplo más de que el presidente [Joe] Biden y su administración ponen la política por delante de la ciencia. Me enorgullece unirme al senador Marshall en este proyecto de ley crucial para garantizar que la cadena de mando militar tome las medidas adecuadas en respuesta a quienes buscan exenciones de esta vacuna».
La legislación propuesta llega después de que el representante Mark Green (R-Tenn.), médico y antiguo oficial del ejército, introdujera a principios de este mes un lenguaje similar en una enmienda a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2022.
Por otra parte, la Administración Biden ha estado imponiendo órdenes a otros grupos y hace unas semanas emitió órdenes que obligan a todos los trabajadores federales, a los contratistas del gobierno y a sus empleados a vacunarse contra el virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
Biden también trató de obligar a las empresas con más de 100 empleados a vacunarse o a someterse a pruebas semanales, lo que se espera que afecte a más de 80 millones de trabajadores del sector privado.
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