Steve Bannon se presentó el 1 de julio en una prisión federal en Connecticut para comenzar a cumplir una condena de cuatro meses por una condena por desacato al Congreso.
Bannon, de 70 años, fue sentenciado en 2022, pero su fecha de inicio se retrasó porque apeló la condena, argumentando que estaba siguiendo el consejo de un abogado cuando incumplió las citaciones de un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Sin embargo, un juez le ordenó recientemente presentarse en prisión el 1 de julio, y los intentos de revocar la orden fueron rechazados por una corte de apelaciones y la Corte Suprema de Estados Unidos.
«Estoy orgulloso de ir a prisión hoy», dijo Bannon a las afueras de la Institución Correccional Federal de Danbury. «Si esto es lo que se necesita para enfrentarse a la tiranía… estoy orgulloso de hacerlo».
«No se puede dirigir una empresa desde una prisión federal. No tengo intención de hacer nada en el ámbito empresarial. Pero tengo un derecho amparado por la Primera Enmienda a que se escuche mi voz», agregó. «Y mi voz se escuchará todos los días. Y lo que es más importante, sus voces se escucharán».
Bannon, exasesor del presidente Donald Trump, se negó a cooperar con un grupo de la Cámara de Representantes que investiga la irrupción en el Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021. La Cámara votó a favor de recomendar el procesamiento y el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por desacato. Los jurados condenaron a Bannon por dos cargos: uno por no testificar y otro por no proporcionar los documentos que la Cámara solicitaba.
El juez federal de distrito Carl Nichols dijo después de dictar la sentencia de cuatro meses que Bannon en su apelación estaba planteando cuestiones graves que podrían dar lugar a que se revocara la condena, y dijo que Bannon podría permanecer libre mientras las cortes consideraban la apelación.
Bannon y sus abogados dijeron que la cuestión clave se centraba en la palabra «deliberadamente» en la ley federal. La ley en cuestión prohíbe incumplir deliberadamente las citaciones del Congreso.
«El señor Bannon creía que sus acciones cumplían con la ley», dijeron sus abogados en una declaración ante la Corte Suprema, destacando cómo los representantes de Bannon le habían ordenado que no cumpliera con las citaciones hasta que se resolvieran los problemas relacionados con el privilegio ejecutivo, o privilegio ejercido por el presidente.
En mayo, un grupo de la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito del Distrito de Columbia rechazó la apelación, encontrando que «‘deliberadamente’ en la Sección 192 significa solamente que el acusado deliberada e intencionalmente se negó a cumplir con una citación del Congreso, y que esta defensa exacta de ‘consejo de abogado’ no es una defensa en absoluto».
El juez Nichols dijo que, debido al fallo, ya no quedaba ninguna cuestión sustancial pendiente y que el Sr. Bannon debía presentarse en prisión.
El caso sigue abierto y podría terminar con una sentencia favorable para el Sr. Bannon, una de las razones por las que sus abogados dijeron que los jueces debían intervenir.
«Si se le niega la libertad al señor Bannon, se verá obligado a cumplir su sentencia de prisión antes de que esta corte tenga la oportunidad de considerar una petición de orden de certiorari, dado el próximo receso de verano de la corte», dijeron los abogados a la corte.
Los funcionarios federales se opusieron a la iniciativa, diciendo que Bannon debería entregarse y comenzar a cumplir su sentencia a la luz del fallo de la corte de apelaciones.
El Grupo Asesor Jurídico Bipartidista de la Cámara de Representantes votó por 3 a 2 para presentar una demanda en el caso del Sr. Bannon, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), aunque la demanda no se presentará hasta que el Sr. Bannon solicite formalmente a la corte de apelaciones en pleno que considere su caso.
El escrito amicus «no apoyará a ninguna de las partes», dijo Johnson. Agregó que «retirará ciertos argumentos presentados por la Cámara anteriormente en el litigio sobre la organización del Comité Selecto para Investigar el Ataque del 6 de enero en el Capitolio de EE.UU. durante el Congreso anterior».
El representante Barry Loudermilk (R-Ga.), presidente del Subcomité de Supervisión del Comité de Administración de la Cámara de Representantes, dijo a la Corte Suprema en un informe que las citaciones estaban viciadas porque el comité no cumplía el reglamento de la Cámara al no tener un miembro de rango designado por la minoría republicana.
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Con información de Alicia Márquez.
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