Análisis de noticias
Los críticos de la ley que da a TikTok un ultimátum de desinversión o abandono la llaman «prohibición». La propia TikTok argumenta que el gobierno de EE. UU. no ha aportado pruebas de que sea un riesgo para la seguridad nacional que justifique medidas tan severas. Los legisladores y la comunidad de inteligencia estadounidense, por su parte, sostienen que la aplicación supone una grave amenaza para la seguridad nacional si permanece en manos del régimen comunista chino.
El 24 de abril, el presidente Joe Biden promulgó la Ley para Proteger a los Estadounidenses de las Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros (PAFACA, por sus siglas en inglés), una ley que obliga a las apps controladas por adversarios extranjeros a cortar esa conexión para poder operar en Estados Unidos. Esto creó una cuenta atrás para que la empresa matriz ByteDance, con sede en China, vendiera TikTok antes del 19 de enero de 2025. ByteDance y TikTok demandaron, argumentando que la ley es inconstitucional en base a la Primera Enmienda.
El Congreso presentó ese proyecto de ley en marzo y lo aprobó con amplio apoyo bipartidista ese mismo mes. Aunque los observadores destacaron la rapidez con que el proyecto se convirtió en ley, Estados Unidos había negociado con TikTok durante años antes de que las cosas llegaran a este punto.
TikTok llega a Washington
TikTok entró en el mercado estadounidense y mundial en septiembre de 2017 y, dos meses después, ByteDance adquirió Musical.ly, con sus 200 millones de usuarios, y la integró en TikTok.
En 2019, el gobierno estadounidense se puso en contacto con ByteDance a través del Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés) y señaló preocupaciones de seguridad nacional.
El comité tiene una autoridad muy específica —revisar transacciones con inversión extranjera en función de la seguridad nacional— y se le cuestionó si tenía autoridad para revisar la compra de Musical.ly cuando esto había ocurrido dos años antes.
El 30 de julio de 2020, el CFIUS había completado una revisión formal y anunciado una investigación sobre la compra de Musical.ly por parte de ByteDance.
Dos semanas después, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que obligaba a ByteDance a desinvertir en sus apps estadounidenses, concretamente en TikTok. ByteDance demandó y el gobierno perdió por motivos de procedimiento. La corte cuestionó por qué era necesaria una orden ejecutiva cuando el CFIUS aún no había completado su investigación. La orden se suspendió y la demanda quedó paralizado.
A partir de noviembre de 2020, el poder ejecutivo mantuvo reuniones continuas con ByteDance y TikTok, revisando docenas de propuestas y manteniendo profundas discusiones técnicas para encontrar una solución que no fuera la desinversión.
David Newman, actualmente el segundo funcionario de mayor rango en la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), participó en estas conversaciones y declaró en una declaración jurada presentada ante la corte en julio de este año que las concesiones incrementales de ByteDance llevaron al gobierno a creer que podrían llegar a una solución.
Pero después de años de discusiones, ByteDance no estaba dispuesta a aceptar condiciones que mitigaran los riesgos planteados por el acceso del Partido Comunista Chino (PCCh) a los datos de los usuarios y su capacidad para influir en la aplicación, dijo.
El 23 de agosto de 2022, ByteDance presentó su propuesta final y ha pregonado públicamente los casi 2000 millones de dólares que invirtió en el «Proyecto Texas», destinado a albergar datos en suelo estadounidense. Sin embargo, una amplia revisión por parte del gobierno y de expertos concluyó que esta propuesta era «insuficiente» para abordar los principales problemas de seguridad nacional.
En última instancia, requeriría que el gobierno confiara en que Oracle estaba revisando las acciones de TikTok en un plazo de tiempo imposible y confiara en que TikTok remediaría voluntariamente cualquier irregularidad solo después de que el gobierno la identificara.
Choque de leyes de seguridad nacional
Como señaló el director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, en las comparecencias ante el Congreso, ByteDance es una empresa privada con sede en las Islas Caimán. Sin embargo, su sede está en China y las empresas no necesitan ser chinas para estar sujetas a las leyes chinas.
El PCCh ha aprobado varias leyes que exigen que todas las personas y organizaciones que operan en China ayuden al autoritarismo digital del PCCh, alegando que la «soberanía digital» le da la autoridad para hacer cumplir estas leyes incluso en el extranjero, e incluso si entran en conflicto con leyes extranjeras.
La Ley de Seguridad Nacional de 2015 del PCCh define la seguridad como un estado en el que el país y los intereses del PCCh están «relativamente libres de peligros y amenazas internas y externas». Requiere que las personas y organizaciones en China informen de cualquier evidencia que pueda poner en peligro este estado y ayuden a las autoridades en los esfuerzos de seguridad nacional.
Una Ley Antiterrorista de 2015 define el terrorismo en sentido amplio como «proposiciones y acciones que… coaccionan a órganos estatales u organizaciones internacionales para lograr sus objetivos políticos, ideológicos o de otro tipo» y autoriza la vigilancia estatal al tiempo que exige a todas las personas y organizaciones de China que ayuden al PCCh en esta labor.
La Ley de Ciberseguridad de 2016 exige a las empresas que operan en China que almacenen datos en China y permitan el pleno acceso a dichos datos a las autoridades del PCCh, exigiendo a las redes que «acepten la supervisión del gobierno».
La Ley de Inteligencia Nacional de 2017 otorga al PCCh la autoridad para llevar a cabo labores de inteligencia a través de cualesquiera «métodos, medios y canales necesarios» y exige a todas las personas y organizaciones de China que cooperen con estas operaciones.
Estas leyes también contienen disposiciones que prohíben a estos individuos u organizaciones revelar si se les exigió cumplir con las operaciones del PCCh.
En conjunto, las leyes crean las condiciones para que ByteDance sea llamada a compartir en secreto con el PCCh datos extraídos de TikTok mientras lo niega públicamente, o incluso sin el conocimiento de TikTok.
TikTok no respondió a una pregunta de The Epoch Times.
«Debido a que las leyes chinas permiten a la República Popular China ejercer control sobre las filiales estadounidenses de empresas chinas, la República Popular China se ha beneficiado y puede beneficiarse de los éxitos comerciales de esas empresas, ya que el gobierno chino puede aprovechar su régimen jurídico y otras herramientas para cooptar a esas empresas en beneficio geopolítico», declaró el director adjunto de contrainteligencia del FBI, Kevin Vomdran, en una presentación judicial.
La ley que TikTok impugna ahora en la corte federal de apelaciones es una ley de seguridad nacional estadounidense.
En sus argumentos legales, TikTok dice que la ley viola la Primera Enmienda al bloquear la expresión de los 170 millones de usuarios mensuales en Estados Unidos. Ese argumento ha recibido un amplio apoyo de destacados defensores de la Primera Enmienda, incluida la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE) y otros que presentaron un escrito amicus.
Otros juristas sostienen que la cuestión no está relacionada en absoluto con la Primera Enmienda, ya que la ley se refiere a una conducta no expresiva (propiedad de un adversario extranjero) y no a la expresión (contenido de la aplicación). Un grupo de expertos jurídicos argumentó en un informe amicus que Estados Unidos lleva mucho tiempo utilizando la desinversión para abordar problemas de seguridad nacional.
Una corte federal ya ha confirmado la ley, PAFACA, que ahora está siendo apelada ante un panel de tres jueces de la corte de circuito.
TikTok sostiene que la ley prohíbe de hecho la aplicación en Estados Unidos, ya que la desinversión no es una opción porque el régimen chino no permitirá que ByteDance venda TikTok.
Los fiscales generales de 21 estados argumentaron en un informe amicus que esto equivale a admitir que TikTok se adherirá a la legislación china por encima de la estadounidense cuando ambas entren en conflicto.
¿Qué valor tiene TikTok para el PCCh?
Algunos críticos de TikTok afirman que la aplicación tiene numerosos efectos negativos en los usuarios, especialmente en los jóvenes. Desconfían de la capacidad del PCCh de utilizar la aplicación para influir en el público estadounidense, señalando dos informes que concluyen que el algoritmo de la aplicación suprime el contenido crítico con el PCCh.
El abogado especializado en comunicaciones Joel Thayer declaró a The Epoch Times que la ley no se refiere a esto y que, de ser así, violaría la Primera Enmienda.
«Incluso después de desinvertir, si quieres ser el brazo de la campaña de relaciones públicas del PCCh, puedes hacerlo. Pero no puedes estar vinculado a una empresa que tiene tantos lazos con el PCCh», dijo. Thayer, presidente del Digital Progress Institute, representó a dos grupos que presentaron sendos amicus curiae argumentando la constitucionalidad de PAFACA.
El contenido favorable al PCCh probablemente no sea una de las principales preocupaciones en materia de seguridad nacional cuando se trata de TikTok, dijo Thayer.
«Lo que la ley de desinversión está diciendo aquí es que estamos realmente preocupados por las transmisiones de datos que se están produciendo debido a esta relación, y también por la capacidad de estas personas para establecer sus algoritmos en China para esencialmente no solo su punto de vista, sino también para llevar a cabo campañas de espionaje», dijo Thayer.
«Eso es una enorme preocupación para la seguridad nacional, y no tiene nada que ver con si el contenido es favorable o desfavorable para la población estadounidense, para el gobierno estadounidense».
Algunos críticos de la ley han argumentado que la mayoría de las plataformas de redes sociales recogen muchos de los mismos datos que recoge TikTok, y el proyecto de ley no lo remedia. De hecho, la PAFACA tampoco se centra en la recopilación de datos de TikTok, lo que requeriría una ley mucho más compleja.
Joseph Steinberg, experto en ciberseguridad, declaró a The Epoch Times que Facebook, por ejemplo, probablemente tiene más datos sobre los estadounidenses que TikTok, dado que existe desde hace más tiempo y se vincula con otras aplicaciones y cuentas para funcionar como clave de acceso. Incluso los datos biométricos que TikTok dice en su política de privacidad que puede recopilar no son totalmente únicos, ni son especialmente difíciles de obtener hoy en día.
«Si grabas un video de alta definición, puedo hacerte un análisis dinámico facial. Si tienes fotos de tus dedos en alta definición, puedo recoger tus huellas dactilares», explica Steinberg.
Steinberg afirma que no se puede descartar que los espías dentro de las empresas tecnológicas y de medios sociales estadounidenses puedan ayudar a los adversarios extranjeros a obtener los mismos datos, o peor aún, que existan vulnerabilidades de hardware en dispositivos populares como teléfonos o utilizados por empresas estadounidenses que puedan recopilar y hacer mucho más de lo que podría hacer un software. Añadió que los datos tienen valor para las empresas y los adversarios extranjeros, pero es imposible decir hasta qué punto podrían ser valiosos.
Considere todo lo que los adolescentes y preadolescentes de TikTok documentan a través de la aplicación, dijo Steinberg. Si un gobierno extranjero, décadas después, tuviera pruebas incriminatorias o exculpatorias de un individuo de alto perfil, ¿no lo pondría eso en situación de chantaje?
«El almacenamiento es barato. Almacenar todo sobre todo el mundo puede ser valioso para los adversarios», afirma Steinberg.
El experto en ciberseguridad Steve McKeon, CEO de Macguyver Tech, dijo a The Epoch Times que ha visto cómo TikTok enviaba datos a China. McKeon recuerda un trabajo en el que ayudó a una empresa a hacer frente a un ransomware y descubrió que el software malicioso enviaba a China datos recopilados por TikTok.
Sus socios de Quokka Cybersecurity descubrieron por separado que TikTok se dedica a lo que ellos llaman «colusión de aplicaciones», recopilando datos donde no debería y enviándolos a China, como dijeron a los miembros del Congreso el año pasado durante una sesión informativa sobre riesgos. La colusión de aplicaciones significa que TikTok obtiene datos recopilados por otras aplicaciones, lo que suele ser un sello distintivo del malware.
«Podemos ver a dónde van los datos», pero no para qué se utilizan, dijo McKeon.
Y saber cómo han estado actuando en el ciberespacio los actores respaldados por el PCCh… «Probablemente no sea bueno».
McKeon señaló los cargos federales contra los hackers del PCCh por robo de propiedad intelectual y dijo que con la cantidad de información que la persona promedio comparte en internet, es posible que un actor malicioso se haga pasar por personal clave para engañar tal vez a un empleado de una empresa objetivo para obtener información clave o acceso —una situación que ha encontrado más de una vez.
McKeon dijo que la aplicación TikTok funciona de forma muy inusual en comparación con las mejores prácticas del sector, pero no es necesariamente una actividad ilegal porque la tecnología se mueve a una velocidad mucho más rápida que la legislación. Además, las actualizaciones de software significan que una aplicación puede actuar maliciosamente durante un período de tiempo antes de actualizarse para eliminar las pruebas de ese comportamiento antes de que pueda demostrarse. Funcionarios de los servicios de inteligencia expresaron preocupaciones similares en los documentos presentados ante el tribunal en el juicio contra TikTok.
«Simplemente hay una nube alrededor de esta aplicación», dijo McKeon.
El comportamiento sospechoso incluye la forma en que TikTok contacta con las redes. Normalmente, cuando una aplicación se conecta a Internet, lo hace al servidor más cercano.
«TikTok no hace eso. TikTok va al otro lado del mundo, al primer objetivo en China», dijo, y no hay una razón particularmente buena para hacer eso. «No es ir a un par de servidores diferentes y, finalmente, llegar allí».
Añadió que albergar los datos en suelo estadounidense no significa mucho si el personal en China recibe los datos incluso antes de que se almacenen, lo que explicaría por qué la propuesta final de TikTok no convenció al gobierno.
Si el PCCh tiene fácil acceso a este vasto conjunto de datos, la vigilancia digital es posible. Dado que el PCCh hace cumplir las leyes extraterritorialmente, un TikTok atado al PCCh plantea el riesgo de permitir al régimen rastrear a disidentes chinos y activistas de derechos humanos que el régimen ha declarado vocalmente que deben ser extraditados a China para ser castigados por la fuerza si es necesario. El FBI y grupos internacionales de derechos humanos llaman a esto «represión transnacional».
«No es solo una cuestión de seguridad nacional, es una cuestión de derechos humanos», dijo Thayer. Uno de los grupos amicus que representó fue una coalición de varios grupos de derechos humanos que abogan por los uigures, los hongkoneses y los tibetanos, grupos profundamente familiarizados con la vigilancia digital y la persecución del PCCh.
Rushan Abbas es la fundadora y directora ejecutiva de la Campaña por los Uigures, una organización sin ánimo de lucro, y por ello el PCCh la ha tachado de «terrorista». El 5 de septiembre de 2018, Abbas habló sobre la persecución del régimen contra los uigures, incluidos 24 miembros de la familia desaparecida de su marido, en un evento de panel en Estados Unidos.
Cinco días después, la hermana de Abbas, Gulshan Abbas, desapareció. No fue hasta diciembre de 2020 cuando Abbas recibió la confirmación de que su hermana había sido secuestrada y detenida por el régimen chino, condenada a 20 años de prisión por cargos de terrorismo y alteración del orden social.
«Soy objeto del continuo acoso, amenazas, difamación y chantaje del PCCh, tanto en persona como en internet, con el objetivo de desacreditar mi activismo en favor del pueblo uigur que sufre genocidio», declaró Abbas a The Epoch Times.
La capacidad de TikTok para rastrear no solo a los usuarios, sino también a las personas de su red, crea verdaderos problemas de seguridad para los activistas de derechos humanos y sus familiares que puedan encontrarse en China, explicó Abbas.
«TikTok, bajo el control del PCCh, está legalmente obligada a compartir los datos de los usuarios con el gobierno chino. Esto crea un grave riesgo para nuestra privacidad, exponiendo información sensible al tiempo que facilita la represión transnacional del PCCh».
Según investigadores de la Universidad de Rutgers, TikTok también tiene un historial de represión de contenidos sobre los abusos del PCCh contra los derechos humanos. En un incidente viral, la usuaria de redes sociales Feroza Aziz publicó un tutorial para rizar las pestañas en el que hablaba de cómo el PCCh persigue a los uigures musulmanes. El video acumuló pronto 1.6 millones de visitas antes de que TikTok lo borrara en menos de una hora y Aziz perdiera el acceso a su cuenta. TikTok se disculpó más tarde, alegando que se trataba de un error.
ByteDance, empresa matriz de TikTok, también tiene antecedentes de perseguir a disidentes.
El año pasado, el exejecutivo de ByteDance Yintao «Roger» Yu demandó a su exempleador por daños y perjuicios después de haber sido supuestamente despedido por expresar su preocupación por el robo de propiedad intelectual por parte de la empresa. En los documentos presentados ante el tribunal, Yu también alegó que personal de China tenía acceso directo a datos estadounidenses y amplios poderes administrativos para influir en las aplicaciones.
Poco después de que Yu hiciera públicas estas acusaciones, él y su abogado experimentaron indicios de vigilancia digital, según alegaron en los documentos judiciales. Por ejemplo, un usuario no invitado interceptó una llamada privada de Zoom del abogado de Yu. En otro incidente, un conocido de la universidad de Yu, que no había tenido contacto con Yu durante algunos años, declaró que recibió la visita de un investigador privado que le dijo que ByteDance quería ponerse en contacto con Yu.
Otro exempleado de ByteDance declaró en una declaración jurada que, tras decir públicamente que ByteDance colabora con el PCCh para censurar contenidos, su padre fue detenido por la policía del Ministerio de Seguridad Pública del PCCh en unas instalaciones remotas y secretas, y le dijeron que era porque su hijo había concedido una entrevista sobre ByteDance y el régimen.
«Bajo un miedo extremo, mi madre lloraba y me informó de que mi padre había sido detenido», dice la declaración, que se presentó para apoyar el argumento de Yu de que ciertos testigos deberían tener sus identidades protegidas de ByteDance. «Basándome en mi experiencia personal, creo que ByteDance considera a los empleados que hablan en contra de las prácticas de la empresa como ‘traidores’ que necesitan ser destruidos a cualquier precio».
TikTok y sus partidarios argumentan que el gobierno estadounidense no ha aportado ninguna prueba de que sea un mal actor que justifique una ley de desinversión, pero los legisladores sostienen que esto malinterpreta el papel de la formulación de políticas.
«Una pistola humeante significa que ya se ha disparado», dijo el representante John Moolenaar (R-Mich.), presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el PCCh, en un panel celebrado el 25 de septiembre. «Exigir ver una prueba irrefutable antes de tomar medidas coloca a los responsables políticos en una postura reactiva».
Deberíamos, en cambio, buscar «armas cargadas», como las empresas sometidas a las leyes de seguridad nacional del PCCh, afirmó.
Meses después de la promulgación de la PAFACA, el Congreso retomó su sesión de otoño con una serie de proyectos de ley destinados a contrarrestar las amenazas del PCCh. Varias de ellas fueron aprobadas por la vía rápida con un amplio apoyo, en gran medida dirigidas a comportamientos futuros, como la inversión del PCCh en instituciones estadounidenses.
La Administración Biden también ha propuesto una serie de normas destinadas a proteger las cadenas de suministro estadounidenses de la dependencia del PCCh, como nuevos y mayores aranceles o una propuesta de prohibición del software y firmware chinos en los automóviles estadounidenses.
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