El expresidente Donald Trump volvió a criticar este jueves la investigación en curso de los registros que los agentes federales incautaron de su casa de Mar-a-Lago el mes pasado, calificando el allanamiento y la incautación como un “engaño”.
Esto se produjo después de que el mismo día el Departamento de Justicia (DOJ) dijera que apelará el fallo de la jueza de distrito, Aileen Cannon, designada por Trump, en el que autoriza a un mediador independiente para revisar los materiales clasificados, incluidos algunos marcados como ultrasecretos, recuperados de la antigua residencia del presidente en Florida.
“Así que ahora los reveladores de información del FBI y el Departamento de ‘Justicia’ de Biden van a gastar millones de dólares & grandes cantidades de tiempo y energía, para apelar la orden por el ‘documento falso de una redada a Mar-a-Lago’… en lugar de luchar contra la corrupción récord y el crimen que está ocurriendo ante sus propios ojos”, escribió Trump a través de la aplicación de redes sociales Truth Social el 8 de septiembre, elogiando a la jueza designada como “una jueza brillante y valiente”.
El expresidente se refirió además al Departamento de Justicia y a los exfuncionarios del FBI, incluido el exdirector James Comey y el exdirector adjunto Andrew McCabe.
“Ellos revelaron información, mintieron, plantaron pruebas falsas, permitieron el espionaje de mi campaña electoral, engañaron a la Corte FISA [Vigilancia de Inteligencia Extranjera], hicieron una redada e irrumpieron en mi casa, perdieron documentos, y luego ellos me piden a mí, como 45º presidente de Estados Unidos que confíe en ellos”, dijo Trump en la siguiente publicación.
Orden de Cannon sobre Mar-a-Lago
El FBI allanó la propiedad de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump el 8 de agosto y recuperó más de 11,000 documentos y fotografías del gobierno, con 103 documentos marcados como clasificados. Trump solicitó el 31 de agosto a una corte federal de Estados Unidos que impida que el FBI revise los materiales en espera del nombramiento de un perito especial.
Mediante una orden judicial de 24 páginas, Cannon concedió la moción de Trump el 5 de septiembre para que un perito especial determine qué materiales incautados están protegidos por el privilegio abogado-cliente y ejecutivo. También impidió que el gobierno revise más los registros incautados “con fines de investigación”.
La jueza está en medio de la elección de un mediador para evaluar los documentos incautados, mientras que el departamento de justicia y los abogados de Trump tienen hasta el viernes para presentar una lista de posibles candidatos.
Los abogados del Departamento de Justicia se habían opuesto a esa solicitud, argumentando que la orden era problemática porque la evaluación “no se puede separar fácilmente” de la iniciativa del DOJ y el FBI en relación con una investigación criminal en curso.
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