El exilio uigur en Estambul, formado por unas 50,000 personas, ha aumentado en las últimas semanas sus protestas contra la represión china en su Xinjiang natal, en medio del temor de que el tradicional apoyo recibido de las autoridades turcas se pueda estar desvaneciendo.
«No hay aquí ningún uigur que no tenga a un familiar en los campos de concentración del Gobierno chino», cuenta a Efe Habibullah, dueño de una tienda que vende productos procedentes de Turkestán oriental, como los uigures llaman a su tierra.
Los uigures, una minoría de habla turca y predominantemente musulmana, viven en Xinjiang, al oeste de China, donde suman unos 12 millones, pero decenas de miles se han exiliado en los últimos diez años ante lo que consideran una persecución de su cultura y religión.
El régimen chino, por su parte, asegura que sólo lucha contra el extremismo islámico radical entre los uigures.
Desde una oleada de atentados yihadistas en Xinjiang entre 2011 y 2016 y la aparición de proclamas independentistas, varias organizaciones internacionales han denunciado el internamiento de hasta más de un millón de uigures en campos de «reeducación» chinos.
China afirma que esas cifras son «exageradas» y que esos campos sólo ofrecen «oportunidades» de formación laboral a sectores desfavorecidos en Xinjiang para alejarlos de la influencia islamista.
Manifestaciones semanales
Desde diciembre pasado, activistas uigures se congregan una vez por semana ante el consulado chino de Estambul con pancartas y lemas como «China, libera a mi familia», para exigir a Beijing aclarar dónde están sus parientes, supuestamente internados en «campos de reeducación».
Los uigures de Turquía han recopilado unos 5000 casos de desapariciones que creen haber constatado e intentan entregar los documentos a la legación, pero el personal consular no los acepta.
El Gobierno islamista turco se presentó hasta hace poco como enérgico defensor de los «hermanos uigures», pero ahora parece mantener una postura más pasiva y silente.
La oposición turca relaciona esta actitud con los intentos del presidente, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan, de congraciarse con Beijing, tras escalar las tensiones con Estados Unidos y la Unión Europea.
Posibles extradiciones
Un tratado de extradición entre China y Turquía, firmado años atrás, fue ratificado en diciembre pasado por Beijing, lo que preocupa ahora a los uigures en Estambul.
Si el Parlamento turco también lo rubrica, Ankara podría extraditar o repatriar a activistas uigures reclamados por China.
Uno de los que expresan ese temor es Abdullah Rasul, un uigur de 36 años residente en Estambul desde 2015, y con numerosos familiares recluidos en lo que llama «campos de concentración».
«Hasta ahora no ha ocurrido, pero podría pasar. O quizás China podría sobornar a funcionarios intermedios y llevarse a algunas personas de forma ilegal», advierte en declaraciones a Efe.
Sin embargo -asegura el activista- las críticas públicas de varios partidos políticos turcos le hacen albergar esperanzas de que el polémico tratado entre Beijing y Ankara siga en el cajón.
Algunos retrasos en la entrega de la vacuna china Sinovac, con la que Turquía intenta frenar la pandemia del covid-19, han dado lugar a especulaciones respecto a una especie de «pacto de silencio por vacunas», una teoría aireada por el opositor partido socialdemócrata CHP.
«Al negarse a respaldar una carta firmada por 39 países y al rechazar en el Parlamento (en julio pasado) una proposición de apoyo a los uigures, el partido gubernamental AKP y su socio, el MHP, demuestran incoherencia», explica a Efe el diputado Özgür Karabat, del CHP.
El parlamentario opositor hacía referencia a un texto difundido durante la última Asamblea General de la ONU y que fue respaldado por un grupo de 39 países, principalmente potencias occidentales y sus aliados, en el que se denunciaba la vulneración de los derechos humanos en la región china de Xinjiang.
El grupo -en el que figuran entre otros Estados Unidos, Alemania, Japón, España o el Reino Unido- se mostró «gravemente preocupado» por las informaciones «creíbles» que indican que «más de un millón de personas han sido detenidas arbitrariamente».
Según la ONG Human Rights Watch, los derechos humanos en China viven su «su periodo más oscuro» desde la represión del movimiento democrático de Tiananmen en 1989, y cita, además del caso de los uigures, el ataque a las libertades en Hong Kong.
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