El veredicto en el juicio por fraude civil del expresidente Donald Trump en Manhattan, que podría prohibirle de por vida hacer negocios en Nueva York, se retrasó hasta mediados de febrero, según un portavoz del tribunal.
Durante los alegatos finales del juicio, el 11 de enero, el juez Arthur Engoron dijo que esperaba tomar su decisión final el 31 de enero en un veredicto muy esperado que podría, además de golpear al expresidente con prohibirle de por vida de hacer negocios, aplicarle una multa de 370 millones de dólares.
Una vez transcurrido el plazo previsto del 31 de enero, al no conocerse el veredicto, un portavoz de la Oficina de Administración Judicial del Estado de Nueva York, Alfred Baker, dijo que ahora se espera que el juez dicte sentencia entre principios y mediados de febrero.
«Ese es el plan de trabajo ahora», dijo el Sr. Baker el 1 de febrero, según CNBC.
Un correo electrónico enviado a la oficina de Baker solicitando confirmación del nuevo cronograma y más detalles no fue respondido de inmediato.
Informe de la supervisora
Si bien no está claro por qué el juez Engoron se está tomando más tiempo para emitir el veredicto, los informes sugieren que podría tener algo que ver con una carta de 12 páginas emitida por una supervisora designada por la corte, que afirma que partes de la declaración financiera del presidente Trump parecían incompletas o inconsistentes.
Los abogados del presidente Trump, quien mantiene su inocencia y ha calificado el caso como una caza de brujas política, cuestionaron la definición que hace la supervisora de las divulgaciones financieras.
La carta de la supervisora, la exjueza Barbara Jones, señala errores en siete formularios de divulgación, tres inconsistencias y cinco errores administrativos.
Los abogados del presidente Trump dijeron que los problemas señalados por la Sra. Jones son irrelevantes en medio de miles de páginas de datos financieros que ella ha recibido, que incluyen divulgaciones financieras de la Organización Trump a terceros, documentos relacionados con transacciones, extractos bancarios y todo tipo de documentos relacionados a los impuestos.
El abogado de Trump, Clifford Robert, alegó en una carta al juez Engoron que el informe de la Sra. Jones, que se publicó pocos días antes del esperado 31 de enero, tenía dos objetivos básicos: uno, garantizar que la supervisora siguiera recibiendo honorarios “exorbitantes” (más de 2,6 millones de dólares, hasta el momento), y el otro, justificar la supervisión continua del imperio empresarial del presidente Trump.
El Sr. Robert también cuestionó la competencia de la supervisora, alegando «numerosas inexactitudes fácticas» en su informe, que calificó de «engañoso y falso».
Él argumentó que los errores citados por la supervisora habían sido exagerados y que todos los elementos que ella identificó se habían resuelto por completo.
“La supervisora ahora tergiversa elementos contables inmateriales en una narrativa que favorece la continuación de su nombramiento y, por lo tanto, el continuo recibo de millones de dólares en honorarios excesivos”, argumentó el Sr. Robert.
La Sra. Jones no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las afirmaciones del abogado de Trump.
El juicio
El juicio se centra en acusaciones de que el expresidente y su empresa, The Trump Organization, defraudaron a bancos, aseguradoras y otros al supuestamente sobrevaluar sus activos y exagerar su patrimonio neto en documentos utilizados en acuerdos y para garantizar préstamos.
El caso fue presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien inicialmente quería multar al expresidente con 250 millones de dólares, pero luego aumentó la multa a 370 millones de dólares.
El juez Engoron ya emitió una sentencia sumaria, declarando al presidente Trump y su empresa responsable de fraude. El juicio debía decidir las acusaciones restantes de conspiración, fraude de seguros y falsificación de registros comerciales.
La Sra. James, una demócrata, ha solicitado una amplia gama de sanciones contra el presidente Trump, incluida una devolución de 370 millones de dólares y una prohibición permanente de hacer negocios en el estado de Nueva York y con cualquier institución financiera con sede en Nueva York.
Recientemente, la oficina de la Sra. James proporcionó al juez Engoron un “aviso de autoridad suplementaria”, básicamente un precedente legal recién descubierto, para reforzar su llamado a prohibir las empresas por parte de Trump.
Colleen Faherty, asistente de la Sra. James, entregó al juez Engoron el aviso para llamar su atención sobre un veredicto en un caso no relacionado que prohibía al acusado participar en la industria farmacéutica de por vida. Este es el mismo tipo de prohibición que la Sra. James le pide al juez Engoron que le imponga al presidente Trump.
Si bien no está claro cómo el juez sopesará la notificación, incluso antes del inicio del juicio él ordenó la cancelación inmediata de los certificados comerciales del presidente Trump y la disolución de sus LLC.
Sin embargo, esa orden fue suspendida por una corte de apelaciones durante al menos la duración del juicio, después de que la defensa argumentó que arruinaría los medios de vida de cientos de empleados de la Organización Trump.
El expresidente negó haber actuado mal y afirmó que el caso es un complot con motivaciones políticas para socavar su candidatura a la Casa Blanca en 2024. Es, con diferencia, el favorito para la nominación presidencial republicana.
El Sr. Trump también dijo que si pierde el caso, tendrá un efecto profundamente paralizador en las empresas de la ciudad de Nueva York e incluso podría incitar a otros a hacer las maletas y marcharse.
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