La viuda del destacado disidente cubano, Oswaldo Payá, fallecido en un misterioso accidente automovilístico, presentó una demanda de muerte por negligencia contra un exembajador estadounidense sospechoso de trabajar para Cuba. Responsabiliza al exdiplomático de compartir información de inteligencia que incitó a los líderes comunistas de Cuba a asesinar a un principal oponente.
El Sr. Payá murió en 2012 cuando su automóvil chocó contra un árbol en el este de Cuba en lo que el régimen consideró un accidente causado por un error del conductor. Sin embargo, un sobreviviente dijo que el vehículo había sido embestido por detrás por un Lada rojo con placas del gobierno, una afirmación que coincide con las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año pasado, de que agentes de seguridad del Estado habrían participado en la muerte del activista.
En la demanda estatal presentada el jueves en Miami, Ofelia Payá acusó a Manuel Rocha, exembajador de Estados Unidos en Bolivia, de ser «cómplice» del «asesinato» de su marido. Rocha fue arrestado en diciembre acusado de trabajar como agente secreto de Cuba desde la década de 1970.
Rocha «ayudó directamente a funcionarios cubanos proporcionándoles información esencial que obtuvo a través de su acceso de seguridad ultrasecreta y sus roles influyentes», especifica la demanda. «Cuba no habría podido ejecutar al Sr. Payá con impunidad sin que el demandado conspirara con la dictadura cubana y le proporcionara inteligencia y ayuda».
La demanda, presentada el día del cumpleaños número 72 de Payá, subraya la profunda ira y el sentimiento de traición que siente la poderosa comunidad cubana de exiliados en Miami, que veía a Rocha como un abanderado conservador y uno de los suyos. Payá está siendo representada pro bono por el abogado Carlos Trujillo, hijo de inmigrantes cubanos que se desempeñó como embajador ante la Organización del Estado Americano (OEA) durante la administración Trump.
Aunque la demanda no cita ninguna prueba que vincule a Rocha con la muerte, afirma que Rocha, como diplomático y empresario tras retirarse del Servicio Exterior de Estados Unidos en 2002, buscó formas de fortalecer secretamente la revolución de Castro.
Esos empeños habrían incluido la obtención de un puesto entre 2006 y 2012 como asesor especial del jefe del Comando Sur de Estados Unidos en Miami, que tiene responsabilidad sobre Cuba.
«Bajo esta apariencia de lealtad y servicio a Estados Unidos, el demandado mantenía una lealtad clandestina al régimen cubano», detalla la demanda.
Una revisión realizada por The Associated Press de los cables diplomáticos secretos publicados por Wikileaks descubrió que durante 20 meses entre 2006 y 2008, diplomáticos de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana enviaron al comandante del Comando Sur 22 informes sobre las actividades de Payá, su financiación por parte del gobierno de Estados Unidos y sus interacciones con funcionarios estadounidenses.
En un cable de febrero de 2008, el entonces jefe de misión Michael Parmly resumió para el almirante de la Marina, James Stavridis, entonces comandante del Comando Sur, una reunión con Payá en la que instó al activista a aprovechar una próxima visita del Vaticano para intensificar la presión sobre el régimen con el fin de que liberara a más presos políticos.
«Payá sigue convencido de que [el gobierno] está sintiendo una intensa presión dentro de Cuba por parte de la población para lograr un cambio profundo», según el cable.
La abogada de Rocha, Jacqueline Arango, y el Comando Sur no respondieron de inmediato a los correos electrónicos solicitando comentarios.
Al momento de su muerte, a la edad de 60 años, Payá se había ganado la reputación de ser el opositor más tenaz del régimen cubano, habiendo creado una red de base de cristianos con ideas afines, llamada Proyecto Varela, para promover la libertad de reunión y los derechos humanos en la isla, fuertemente controlada.
En 2002, la Unión Europea otorgó a Payá su máximo premio de derechos humanos, que lleva el nombre del disidente soviético Andrei Sakharov. Dedicó el premio a sus compatriotas cubanos. «Ustedes también tienen derechos», dijo en su discurso de aceptación.
Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El año pasado un grupo de senadores de EE. UU. consideró que el informe de la Comisión otorgaba un «veredicto claro» sobre la implicación del régimen cubano por muerte de Payá y su colega, el activista Harold Cepero.
Payá fue un importante líder de la oposición cubana y destacada figura de derechos humanos, quien atrajo la atención de la comunidad internacional al iniciar un referéndum para otorgar a los cubanos una nueva Constitución, amnistía para los presos políticos y elección de Asamblea Constituyente.
Según un informe del régimen cubano, el político español Ángel Carromero, quien manejaba el vehículo donde viajaban Payá y su compañero Cepero en una carretera cerca de Bayamo, en Granma, perdió el control y se estrelló contra un árbol. Las autoridades del régimen arrestaron a Carromero y lo sentenciaron a cuatro años de prisión por homicidio imprudente vehicular.
Sin embargo, la investigación del organismo, la cual se tardó diez años en completarse, contradijo los hallazgos de la dictadura cubana. El informe tomó en cuenta el testimonio de Carromero, quien declaró que el automóvil en el que viajaban fue impactado por un auto oficial, lo cual fue corroborado por un testigo ocular.
La comisión también dijo que observó varias irregularidades, entre ellas que los familiares de Payá nunca tuvieron acceso a los informes de autopsia, ni al contenido de diligencias realizadas.
La CIDH también concluyó que la dictadura cubana vulneró los derechos de Carromero y debería hacer efectiva una compensación.
Con información de Alicia Márquez.
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