Un ciudadano chino periodista que relató escenas desesperadas de la ciudad de Wuhan, afectada por el virus, ha sido detenido por la policía, según sus amigos.
Fang Bin, residente en Wuhan, ha sido blanco de las autoridades locales desde que empezó a compartir grabaciones de vídeo en las redes sociales chinas, tomadas en los hospitales de la ciudad que está bloqueada desde principios de enero. Un video que tomó, mostrando ocho cadáveres dentro de una camioneta funeraria que estaba estacionada cerca de un hospital, se volvió viral recientemente.
⚠️WARNING: Graphic content#Wuhan Insider Secretly Records Inside #WuhanHospital, Finds Dead Bodies#CoronavirusOutbreak: After counting the body bags and then entering the hospital, he comes back out to find more dead bodies. pic.twitter.com/tsPNU9b3BR
— The Epoch Times – China Insider (@EpochTimesChina) February 3, 2020
Fue sacado de su casa por la policía local aproximadamente a las 3 p.m. hora local el 10 de febrero, según sus amigos, después de que el personal del departamento de bomberos local abriera la puerta. La policía también se llevó varias cajas de su casa.
El artista local Hua Yong también confirmó la detención de Fang el 10 de febrero. Mientras hablaba en su canal de YouTube, Hua dijo que la orden de arrestar a Fang vino del Buró de Seguridad Pública.
The Epoch Times trató de llamar a Fang varias veces, pero nadie respondió su teléfono.
Cuando este medio contactó a varias comisarías locales en Wuhan, respondieron que no tenían conocimiento de Fang o de su situación.
Uno de sus amigos le dijo a The Epoch Times que sospechaba que la conexión de internet a la casa y al celular de Fang fue cortada antes de su detención, porque Fang no subió un video nuevo en la mañana del 10 de febrero. Fang normalmente sube un vídeo cada mañana, diciendo que está sano y salvo.
Esta no es la primera vez que fue detenido.
El 1 de febrero, alrededor de las 7 p.m. hora local, media docena de hombres enmascarados, que decían ser oficiales médicos de guardia, entraron en la casa de Fang para «tomarle la temperatura». Se llevaron dos computadoras y su celular. Fang terminó en una comisaría local.
Finalmente fue liberado el 2 de febrero y le devolvieron su celular.
Fang dijo en un video posterior que la policía lo acusó de tomar dinero de «fuerzas extranjeras» y lo amenazó con ponerlo en cuarentena por «crear miedo» con sus videos.
Cree que el brote en Wuhan es, al menos en parte, un «desastre provocado por el hombre».
Los medios de comunicación estatales chinos han advertido a la gente que no «difunda información falsa» sobre el coronavirus, ya que podrían estar violando el artículo 291 del Código Penal de China.
Según el sitio web oficial del gobierno chino, una sección del Artículo 291 establece que cualquier persona que sea encontrada fabricando y difundiendo información falsa sobre una epidemia, desastre o actividad policial, puede ser sentenciada de tres a siete años de prisión.
Sin embargo, las autoridades chinas han utilizado la ley para silenciar a las personas que publican información valiosa sobre el virus, en particular el reciente caso del doctor Li Wenliang.
Li, médico oftalmólogo, fue uno de los ocho denunciantes que publicaron por primera vez información sobre un brote de «neumonía desconocida» en las redes sociales chinas el 30 de diciembre del año pasado. Un día después, la Comisión de Salud de Wuhan confirmó el brote.
El 3 de enero, Li fue convocado a una comisaría local, donde fue reprendido por «chismorrear». También se vio obligado a firmar una declaración diciendo que no cometería más «actos ilegales».
Li murió de coronavirus en Wuhan en la mañana del 7 de febrero, después de ser diagnosticado con el virus cinco días antes. Contrajo el virus después de tratar a una persona infectada sin saberlo.
También el 7 de febrero, el director regional de Amnistía Internacional, Nicholas Bequelin, dijo que la muerte de Li pone en evidencia «las fallas de los derechos humanos» en China.
«El caso de Li Wenliang es un trágico recordatorio de cómo la preocupación de las autoridades chinas por mantener la ‘estabilidad’ los impulsa a suprimir información vital sobre asuntos de interés público”.
«China debe aprender la lección del caso de Li y adoptar un enfoque que respete los derechos para combatir la epidemia. Nadie debería enfrentarse a hostigamiento o sanciones por hablar de peligros públicos, sólo porque pueda causar vergüenza al gobierno», dijo Bequelin en un comunicado.
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