Durante tres años de forma intermitente, Li Dianqi trabajó unas 17 horas al día confeccionando ropa barata—desde sostenes hasta pantalones—en una prisión china. Ella trabajaba sin ganar un sueldo y si no cumplía con las cuotas de producción, los guardias de la prisión la castigaban.
En una ocasión, un equipo de unas 60 trabajadoras que no pudieron alcanzar su cuota fueron obligadas a trabajar durante tres días seguidos, y no se les permitió comer ni ir al baño. Los guardias electrocutaban a las prisioneras con bastones eléctricos cada vez que se quedaban dormidas.
Li describió a la Prisión de Mujeres de Liaoning, ubicada en la ciudad de Shenyang, al noreste de China, provincia de Liaoning, como «un lugar no apto para humanos».
“Te arrestan y te obligan a trabajar. Comes comida que no es mejor a la de los cerdos, y trabajas como animal”, dijo Li.
Li, quien ahora tiene 69 años y vive en Nueva York, fue encarcelada en las instalaciones de 2007 a 2010 por negarse a renunciar a su creencia en la práctica espiritual Falun Dafa. El régimen chino ha mantenido una amplia campaña de persecución contra Falun Dafa desde 1999, luego de que la práctica aumentó en popularidad con aproximadamente 100 millones de practicantes, según estimaciones oficiales.
Además de ropa, la prisión fabricaba una variedad de productos destinados a la exportación, desde flores artificiales hasta cosméticos y juguetes de Halloween.
Li no era más que un pequeño engranaje en la enorme máquina de trabajo penitenciario de China, que escupía productos baratos para su distribución en la cadena de suministro global.
Las prácticas de trabajo forzado por parte del régimen chino han atraído un nuevo escrutinio, ya que en los últimos meses, los funcionarios de aduanas de EE. UU. tomaron medidas drásticas sobre las importaciones realizadas con trabajos en prisiones chinas. Desde septiembre de 2019, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) ha emitido cuatro órdenes de detención contra empresas chinas, prohibiendo que sus mercancías ingresen al país.
La incautación de la CBP de 13 toneladas de productos para el cabello humano provenientes de la región noroeste de Xinjiang en junio, puso en relieve la situación de los uigures y otras minorías musulmanas, quienes están sujetos a trabajos forzados como parte de la campaña de represión del régimen. También ha aumentado la presión sobre las marcas de ropa internacionales para desvincularse de las fábricas en Xinjiang, particularmente después de que los investigadores descubrieran en marzo que decenas de miles de uigures fueron transferidos para trabajar en fábricas chinas en condiciones que sugieren aplicar el trabajo forzado. Esas instalaciones fabricaban productos para 83 marcas mundiales.
La prisión y el trabajo forzado es «algo que ha infectado la cadena de suministro en China», dijo Fred Rocafort, un exdiplomático estadounidense que ahora trabaja para el bufete de abogados internacional Harris Bricken. Rocafort pasó más de una década trabajando como abogado comercial en China, donde realizó más de 100 auditorías en fábricas para inspeccionar si estaban protegiendo la propiedad intelectual de las marcas extranjeras que él representaba y, en algunos casos, para comprobar si estaban utilizando trabajo forzado.
“Este es un problema que ha existido por mucho más tiempo que la actual crisis de derechos humanos en Xinjiang”, dijo Rocafort.
El abogado dijo que las empresas extranjeras a menudo subcontratan su manufactura a proveedores en China, y luego ellos contratan a empresas que utilizan trabajo penitenciario, o contratan directamente a las prisiones.
“Si eres un director de una prisión en China, tienes acceso a mano de obra y es posible que puedas ofrecer precios muy competitivos a (…) el proveedor de China”, dijo Rocafort.
También dijo que históricamente las marcas extranjeras no se han dedicado mucho a analizar si sus cadenas de suministro chinas utilizan trabajo forzado, pero con el paso de los años, se han logrado algunos progresos por la creciente sensibilización. Aun así, las empresas internacionales enfrentan numerosos obstáculos para acceder a información precisa sobre las prácticas laborales de sus proveedores y los proveedores de sus proveedores. Una “falta de transparencia se extienda a través de la cadena de suministro”, dijo Rocafort.
Empresa criminal
Li dijo que la prisión de mujeres de Liaoning estaba dividida en muchas unidades de trabajo, cada una compuesta por cientos de reclusas. Li estaba en la unidad penitenciaria número 10, donde las reclusas eran obligados a confeccionar ropa todos los días de 7 am a 9 pm. Después de eso, cada prisionera tenía que fabricar entre 10 y 15 tallos de flores artificiales. Li normalmente no terminaba hasta pasada la medianoche. Las que eran más lentas, especialmente las ancianas, a veces se quedaban despiertas toda la noche para terminar el trabajo, dijo Li.
«Las prisiones chinas son como el infierno», dijo. «No hay ni un poco de libertad personal».
Li todavía recuerda el olor a acre generado por otra unidad carcelaria que fabricaba cosméticos para enviar a Corea del Sur. El olor a quemado y el polvo que impregnaban el piso de producción hacían que las trabajadoras no pudieran respirar y se quejaban constantemente, aunque no podían dejar que los guardias las escucharan, de lo contrario las golpearían, dijo Li.
Una vez, ella escuchó una conversación entre los guardias de la prisión, en donde se enteró de que la prisión estaba “alquilando” a cada presa de la oficina de justicia provincial a un precio de aproximadamente 10,000 yuanes (USD 1445) por persona por año.
En cierto momento durante una reunión con toda la prisión, la superintendente instó a todas a «trabajar duro» porque «la prisión iba a crecer y a expandirse», dijo Li.
La prisión también hacía decoraciones de fantasmas para Halloween por montones para exportar. Li tenía que sujetar un paño negro alrededor de los fantasmas con un alambre de hierro. Más tarde vio el mismo tipo de decoración adornando la puerta de un apartamento mientras caminaba por un vecindario de Nueva York en la época de Halloween.
A lo largo de los años, los clientes occidentales han descubierto notas ocultas en productos presuntamente escritos por trabajadores penitenciarios chinos, lo cual atrajo la atención del público sobre los abusos laborales en China. En 2019, el gigante británico de supermercados Tesco terminó sus relaciones con un proveedor chino de tarjetas de Navidad luego de que un cliente encontrara un mensaje escrito dentro de una tarjeta que decía que fue empaquetada por prisioneros que fueron víctimas de trabajo forzado.
En 2012, una mujer de Oregon descubrió una carta escrita a mano dentro de un kit de decoración de Halloween que compró en Kmart. La carta era de un hombre detenido en el notorio campo de trabajo forzado Masanjia en la ciudad de Shenyang, al norte de China, quien relató sobre la tortura y persecución en las instalaciones. El hombre, Sun Yi , un practicante de Falun Dafa, había sido sentenciado a dos años y medio de trabajo forzado en el campo en 2008, y había escondido muchas cartas en las decoraciones de Halloween que se vio obligado a producir y empaquetar.
En 2000, Li, quien es originaria de Shenyang, fue detenida en el campo de trabajo de Masanjia, donde trabajó desde la mañana hasta la noche haciendo flores de plástico.
Si bien las flores terminaron luciendo «muy hermosas», hacerlas fue una tortura, dijo Li. Los reclusos no recibían guantes ni mascarillas para protegerse contra la niebla tóxica formada por las partículas de plástico que llenaban el aire. Todos los guardias llevaban mascarillas.
A los trabajadores no se les permitía tomar ningún descanso excepto para ir al baño, lo cual requería una firma del guardia. Los estándares de higiene eran inexistentes.
“Lavarse las manos no es común. Trabajar más es lo único que importa”, dijo Li.
Yu Ming, un practicante de Falun Dafa que ahora vive en los Estados Unidos y que fue detenido en Masanjia varias veces, publicó el año pasado videos encubiertos que sacó de contrabando del campo, que mostraba a los prisioneros en 2008 fabricando diodos, unos pequeños componentes electrónicos, para la venta en mercados internacionales.
Amplia red
Wang Zhiyuan, director de la Organización Mundial para Investigar la Persecución a Falun Dafa (WOIPFG), una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, dijo que la industria del trabajo penitenciario chino es una máquina económica en expansión que recae en la supervisión del sistema judicial del régimen.
Wang describió la capacidad del régimen para aprovechar esta fuente de trabajo no denunciada como una «poderosa arma estratégica» para promover las ambiciones económicas globales de Beijing.
“Independientemente de cuántos aranceles imponga Estados Unidos a China, la industria del trabajo esclavo del Partido Comunista Chino no se verá afectada de manera significativa”, dijo Wang.
En 2019, la organización publicó un informe que reveló a 681 empresas que utilizan mano de obra de prisioneros en 30 provincias y regiones, las cuales fabrican una variedad de productos, desde muñecas hasta suéteres, para la venta en el extranjero. Muchas de las empresas eran de propiedad estatal, mientras que algunas estaban controladas por el ejército chino, según el informe. El documento también descubrió que los representantes legales de 432 empresas penitenciarias, o alrededor de dos tercios del total, también son los jefes de la administración penitenciaria provincial local.
Aunque el régimen abolió formalmente su sistema de campos de trabajo en 2013, los hallazgos del informe sugieren que la industria del trabajo forzado está viva y coleando.
Los campos de trabajo simplemente cambiaron sus nombres y se fusionaron con el sistema penitenciario, dijo Wang, que es como «ofrecer la misma medicina con un caldo diferente».
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