El Partido Demócrata de Arizona presentó el jueves una demanda para impedir que el Senado del estado lleve a cabo una auditoría de los resultados de las elecciones de 2020 en el Condado de Maricopa.
La demanda (pdf), presentada en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, llega justo antes de que la auditoría comience el viernes. Como preparación, se entregaron 2.1 millones de boletas, así como equipos de votación que incluyen 385 tabuladores, en el Veterans Memorial Coliseum de Phoenix, el lugar donde está prevista la auditoría.
Está prevista una audiencia judicial de emergencia para el viernes a las 11 de la mañana.
El Partido Demócrata de Arizona y Steve Gallardo, el único demócrata en la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa, de cinco miembros, argumentan en la demanda que la auditoría planeada viola «varias disposiciones estatutarias y del Manual de Procedimientos Electorales». Alegan que la auditoría prevista carece de varias salvaguardias y que faltan requisitos para realizar una auditoría segura y fiable, por lo que la auditoría prevista «socava la integridad y la seguridad» de las elecciones estatales y de la información de los votantes.
Los demandantes solicitan una orden de restricción y un mandato judicial preliminar y permanente para detener la auditoría solicitada por los líderes del Senado, de mayoría republicana.
La demanda se interpuso después de que los republicanos presentaran un proyecto de ley a finales de enero para abordar las cuestiones legales expuestas en la demanda de los demócratas. El proyecto de ley se encuentra actualmente en la Cámara de Representantes y fue aprobado por el Senado estatal en febrero.
Los últimos preparativos para la auditoría se producen después de que la dirección del Senado emitiera citaciones a mediados de enero a la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa en busca de materiales para una auditoría completa de las elecciones generales de 2020. En respuesta, los funcionarios del condado pidieron a un tribunal que declarara que las citaciones eran ilegales e inaplicables. El juez del Tribunal Superior del Condado de Maricopa, Timothy Thomason, dictaminó en febrero que las citaciones son válidas y que el Senado tiene «amplios poderes constitucionales» de supervisión que le permiten llevar a cabo la revisión electoral que desee.
Lucha por la divulgación
En la última demanda, los demócratas argumentaron que los auditores privados y sus agentes «no están autorizados a revisar los registros confidenciales de los votantes» y «no están autorizados a obtener la posesión o el control de las boletas de voto anticipado», citando la ley estatal.
En particular, la demanda señala que «ciertas partes de los registros de inscripción de un votante, incluyendo la fecha de nacimiento, la firma y el país de nacimiento, no pueden ser vistas, accedidas, reproducidas o reveladas a un miembro del público que no sea un funcionario gubernamental autorizado». También señala que «solo los funcionarios electorales, los trabajadores de correos y ciertos familiares y otras personas autorizadas pueden ‘obtener la posesión o el control’ de las boletas de voto anticipado».
Los demócratas también alegan que los auditores privados «no han sido designados por escrito ni han prestado el juramento requerido por el [Manual de Procedimientos Electorales, Capítulo 10, Sección 1A (pdf)] y, por tanto, no están autorizados a tocar ninguna boleta, computadora o dispositivo de recuento». También alegan que los auditores privados «no están debidamente capacitados en la verificación de firmas».
En unas breves declaraciones, la presidenta del Senado de Arizona, la republicana Karen Fann, dijo que las boletas están protegidas por fuerzas de seguridad certificadas y con licencia las 24 horas del día, que se mantienen en jaulas cerradas con llave y que hay una transmisión pública en vivo las 24 horas del día, informó The Associated Press.
La demanda demócrata se produce al mismo tiempo que los republicanos intentan aprobar un proyecto de ley que abordaría cuestiones legales similares en torno a la confidencialidad y la divulgación para facilitar el proceso de auditoría de las elecciones.
El 18 de febrero, el Senado estatal aprobó un proyecto de ley que enmendaría una parte de la ley estatal de manera que el equipo, los sistemas y los registros electorales del condado, así como otra información que esté bajo el control del personal del condado, «no puede considerarse información privilegiada, información confidencial u otra información protegida contra la divulgación».
También somete dichos registros a una citación y estipula que «deben ser exhibidos», y que la autoridad de la legislatura para llevar a cabo sondeos relacionados «no puede ser infringida por ninguna otra ley».
El proyecto de ley se encuentra actualmente en la Cámara estatal.
Alegaciones de ida y vuelta
El supervisor del Condado de Maricopa, Gallardo, escribió en Twitter a última hora del jueves: «La única razón de esta demanda y de las medidas cautelares es proteger la inviolabilidad de las boletas y, lo que es más importante, preservar la privacidad de los votantes de una auditoría falsa que ha sido corrompida por agitadores y teóricos de la conspiración».
«Este proceso corrupto no será transparente, los agentes con influencias y dinero oscuro han escogido a gente para observar y presenciar la ‘auditoría’ que será realizada por un grupo no certificado y no calificado», alegó Gallardo.
Los demócratas del Senado de Arizona emitieron un comunicado para apoyar la demanda. «Está claro que esta auditoría no es más que una rabieta de aquellos que todavía están molestos por haber perdido las elecciones y es profundamente perjudicial para la integridad de nuestras elecciones y nuestra democracia», dice en parte su declaración.
El presidente Joe Biden fue el primer candidato presidencial demócrata en décadas que ganó en el Condado de Maricopa, donde se encuentra Phoenix.
Kelli Ward, presidenta del Partido Republicano de Arizona, cuestionó la jugada de los demócratas en un comunicado el jueves. «Los demócratas siguen intentando detener la auditoría del Condado de Maricopa y desafiar la citación del Senado de Arizona. ¿Qué están ocultando? Mañana se celebra la audiencia sobre esta ridícula orden de restricción temporal», escribió en Twitter.
Epoch Times se ha puesto en contacto con la presidenta del Senado, Fann, para una solicitud de comentarios. El mes pasado, afirmó que la auditoría aseguraría a los votantes que los resultados de 2020 eran exactos.
¿Necesidad de una auditoría del Senado?
La Junta de Supervisores del Condado de Maricopa ha realizado dos auditorías forenses distintas de las elecciones generales de 2020. Pero el senador estatal de Arizona Warren Peterson, presidente republicano del Comité de Justicia, dijo a Fox 10 en enero que la auditoría del condado «no impedirá que el Senado haga su propia auditoría».
«Mi preocupación con la auditoría del condado es que el alcance de la misma es de una pulgada de profundidad. Dado el limitado alcance que han pedido que se audite, está garantizado que no encontrarán nada», dijo.
El Senado de Arizona ha contratado a cuatro empresas de fuera del estado para llevar a cabo la auditoría, que son Wake Technology Services, CyFIR, Digital Discovery y Cyber Ninjas. Cyber Ninjas, una empresa de ciberseguridad con sede en Florida, fue contratada para dirigir la auditoría.
El Senado de Arizona dijo que su «amplia y detallada» auditoría «validará cada área del proceso de votación» e incluye, entre otras cosas, el escaneo de todas las boletas, un recuento manual completo, la auditoría del registro de votantes y de los votos emitidos, el recuento de votos y el sistema de votación electrónica.
El Senado dijo que su dirección no participará directamente en el proceso de auditoría para mantener la integridad y la transparencia. Se espera un informe de todos los hallazgos después de unos 60 días.
La Junta de Supervisores del Condado de Maricopa se había resistido previamente a las citaciones del Senado y había mantenido en repetidas ocasiones que no había problemas con el desarrollo de las elecciones de 2020.
Las preocupaciones del Partido Republicano llegan después de la controversia de diciembre de 2020, cuando el expresidente del Comité de Justicia del Senado estatal, el republicano Eddie Farnsworth, emitió dos citaciones después de que el equipo del expresidente Donald Trump presentara acusaciones de fraude y otras irregularidades ante los miembros de la Legislatura de Arizona en una audiencia sobre la integridad de las elecciones el 30 de noviembre de 2020. Una de las principales acusaciones del día provino de la presidenta del Partido Republicano del Condado de Maricopa, Linda Brickman, quien alegó que observó personalmente cómo se contaban los votos a favor de Trump como votos a favor de Biden al introducirlos en las máquinas de votación.
Las citaciones de Farnworth pedían una auditoría de las boletas escaneadas y una auditoría forense completa del equipo y el software de votación utilizados en las elecciones generales de 2020. La Junta de Supervisores del Condado de Maricopa votó días más tarde para presentar una demanda sobre las citaciones.
Más tarde, el tribunal determinó que la disputa era irrelevante en vista de que las citaciones de 2020 ya no eran ejecutables. Pero las últimas iniciativas de auditoría se produjeron como resultado de nuevas citaciones emitidas a mediados de enero por Petersen y Fann.
Tom Ozimek contribuyó a la elaboración de este artículo.
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